Adriana Varillas
La deuda de Quintana Roo, por habitante, es la más alta de México. La entidad, gobernada por Roberto Borge Angulo, adeuda 22 mil millones 442.5 pesos, de acuerdo con la información que se conoce a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), lo que implica que cada quintanarroense debe 14 mil 946.10 pesos.
La deuda en 2010 ascendía a 10 mil 037.2 millones de pesos, con el saliente gobernador, Félix González Canto. En un año, que transcurrió para que su sucesor, Roberto Borge, rindiera protesta, el monto subió a 13 mil 025.7 millones de pesos. Hoy alcanza los 22 mil 442.5 millones de pesos.
La población actual del estado asciende a 1 millón 591 mil 768 habitantes, promedio, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Esto significa que cada quintanarroense debe prácticamente 15 mil pesos y coloca a Quintana Roo como el estado con mayor deuda per cápita en México.
Supera a entidades como la Ciudad de México, con casi nueve millones de habitantes y una deuda de 71 mil millones de pesos; a Nuevo León, con adeudos por 63 mil 832 millones de pesos y cinco millones de 120 habitantes; o a Veracruz, con 8 millones 112 mil personas y una deuda de casi 45 mil 800 millones de pesos.
La deuda estatal –conocida- corresponde sólo a la garantizada por las participaciones federales y es la que el gobierno de Quintana Roo reporta a la Secretaría de Hacienda federal.
Abarca los empréstitos solicitados por el estado –que suman 19 mil 148.3 millones de pesos- además de la deuda de los organismos estatales y aquella contraída por municipios, en donde el estado funge como aval, lo que da un total de 22 mil millones 442.5 pesos.
Quintana Roo, el “junior Tributario”
Para garantizar el pago de la deuda –cuya tasa de interés es la más alta de México con 7.3 por ciento- están comprometidas las participaciones federales que recibe la entidad, en un 280 por ciento.
Ya desde 2012, Marco Antonio Fernández, del Centro de Análisis “México Evalúa”, se refirió a Quintana Roo como uno de los “Juniors Tributarios”, es decir, como a una de las las entidades que viven de “las participaciones de papi gobierno”.
Actualmente no existe información para conocer a cuánto asciende el servicio de la deuda, pero el 23 de julio de 2014, el secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo, hablaba de mil 700 millones de pesos al año.
Al 31 de marzo de 2014, la deuda directa de largo plazo de Quintana Roo, ascendía a 15 mil 898.7 millones de pesos y la deuda de corto plazo a 648 millones de pesos, por lo que se presume que el servicio de deuda actual podría ser mayor a los mil 700 millones de pesos.
La deuda oculta
La deuda por 22 mil millones de pesos –que es la conocida- no incluye la correspondiente a proveedores, por lo que se presume que en realidad la deuda total podría rebasar los 25 mil millones de pesos, confirma en entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado independiente, Jorge Aguilar Osorio.
Se desconoce también si se ha contratado deuda sin que pase por el Congreso del estado, lo cual es factible gracias a una excepción incorporada a la Ley de Deuda de Quintana Roo, fruto de la reforma promovida por el entonces gobernador, Félix González Canto y publicada el 16 de noviembre del 2010, cuando Borge Angulo era ya gobernador electo.
Entre esos cambios se incorporó al concepto de “inversión pública productiva”, el refinanciamiento y reestructura de la deuda, así como la atención de situaciones de emergencia como los desastres naturales o contingencias de salud, para poder contratar deuda.
El artículo sexto de dicha Ley establece a partir de entonces que “no requieren autorización de la Legislatura las obligaciones directas, cuyo plazo de vencimiento no rebase los 180 días naturales, que se contraigan para solventar necesidades urgentes. Estas operaciones estarán sujetas a los requisitos de información y registro a que se refiere la ley”.
El destino del dinero, fruto de los empréstitos, ha sido la “inversión pública productiva”; en casi todos los casos, para reestructurar la propia deuda.
“El problema es que nos encontramos en la opacidad total. No hay información clara, ni completa; y la que hay no está actualizada. Un ejemplo: No sabemos cuál es la deuda con proveedores. No sabemos el servicio de la deuda. No sabemos en qué se gasta, además de pagar la propia deuda.
“Tampoco sabemos si hay deuda que no haya pasado por el Congreso, porque la ley contempla una excepción que permite contraer deuda sin informar a la Legislatura. A nosotros sólo nos dan datos escuetos, sin desglosar la información”, reprochó Aguilar Osorio.
El legislador subraya que el dinero destinado para pagar los intereses de la deuda y los empréstitos en sí, podrían estarse canalizando para obra pública, pavimentación, alumbrado, escuelas, hospitales, centros de salud e infraestructura de drenaje.
Una de las obras más necesarias y que mayor retraso presentó, fue el nuevo Hospital General, próximo a inaugurarse. El moderno nosocomio ampliará las capacidades del actual, que está notablemente rebasado. Su construcción se ha llevado años, sin que aún pueda comenzar a brindar servicio.
Calificaciones crediticias bajas, ubican estabilidad y riesgo
Una de las vías para conocer la situación financiera del estado son los reportes de calificadoras especializadas, hasta que dejan de brindar sus servicios al estado, por decisión propia o por solicitud del gobierno.
Moody’s anunció el 02 de agosto de 2013 que retiraba las calificaciones del estado “debido a que considera que tiene información insuficiente para continuar monitoreando efectivamente la calidad crediticia de la entidad. La agencia calificadora no ha recibido información detallada y oportuna para monitorear el fondeo disponible de Quintana Roo para cumplir con sus obligaciones de deuda de corto plazo”.
Fitch Raitings dejó de dar seguimiento a las calificaciones del estado, a solicitud de éste, el 19 de junio del 2015. Tres meses antes, había declarado la caída de la calificación crediticia de la entidad, aunque con perspectiva “estable”. La agencia advirtió: “podría bajar de nuevo por un gasto desordenado motivado por el proceso electoral” de ese año y “el uso recurrente de créditos de corto plazo”.
Los datos más recientes, al 15 de julio pasado, son de Standard & Poor’s, que asignó la calificación de “riesgo crediticio de largo plazo en escala nacional” al estado, con perspectiva “estable”.
Pronosticó que el “alto nivel de deuda” se mantendrá en torno a 90 por ciento de sus ingresos operativos durante los dos siguientes años y resaltó que la deuda estimada a “ingresos discrecionales” de Quintana Roo, en 2015, con un 190 por ciento, es “la segunda más alta después de Coahuila, con 208 por ciento”.
Incluso advierte que a partir del 2016 la entidad “no podrá pedir créditos hasta que su deuda de largo plazo se reduzca al equivalente a 100 por ciento de sus ingresos discrecionales”.
Sin deuda de corto plazo
Una consulta al portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado (Sefiplan), permite corroborar que la información que aporta sobre la deuda pública, está desactualizada.
El dato más reciente es al 31 de marzo del 2015 e indica que el monto adeudado es de 19 mil millones 621 mil 371 pesos, que es el que fue notificado a Standard & Poor’s para que la calificadora realizara su análisis.
De acuerdo con el informe de la Auditoria Superior de Quintana Roo, disponible en su página electrónica, al 31 de mayo del 2015 las instituciones bancarias con las que se tenían contratados los empréstitos, eran Banorte, Banobras, HSBC, Multiva, Interacciones y Bansi.
Se indica además que el gobierno estatal figura como aval de dos préstamos solicitados en 2010 y 2011 por los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) y Othón P. Blanco (Chetumal), respectivamente, por 227.045 millones de pesos y 130 millones de pesos.
La Auditoria menciona que, conforme a lo informado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), al 31 de mayo de ese año, “no se tienen créditos por contratos de cadenas productivas, líneas de factoraje o de arrendamiento financiero”.
Establece además que “no existe deuda a corto plazo” y el importe total de la deuda a largo plazo, muestra un saldo de 19 mil 593 millones, 448.8 pesos, hasta esa fecha.
En contraste, Standard & Poor’s menciona en el reporte de julio del año pasado, que sí existe una deuda con proveedores; que bajó de tres mil 609 millones de pesos, en 2013, a dos mil 286 millones en 2014 y que si la entidad mejora su liquidez y “controla de forma efectiva la deuda con proveedores”, podrían elevarle al estado, la calificación crediticia para 2017.
