El Presidente Enrique Peña Nieto lo presumió como parte de la “nueva generación de priistas”. Muchos medios locales y nacionales tardaron años en publicar una sola nota sobre los muertos, el endeudamiento o el asesinato de periodistas. Sus dos congresos locales, de mayoría del PRI, lo apapacharon y le aprobaron todo, incluso una deuda histórica. Y ahora, vienen descubriendo, ese individuo ante el cual cerraron los ojos es un “monstruo”. Pero era un político reprobable desde antes, alertaron periodistas, grupos civiles, familias, víctimas.
Como los ex mandatarios priístas César Duarte Jáquez, de Chihuahua, o Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa deja el Gobierno del estado con una de las cinco mayores deudas públicas de los últimos 20 años.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que Duarte de Ochoa fue incluso quien más se endeudó en 2012, año en el Enrique Peña Nieto ganó la Presidencia de la República, ya que el veracruzano obtuvo préstamos por 12 mil millones de pesos adicionales. El resultado: 40 mil millones de deuda pública en 2013, casi el doble de lo que había recibido en 2010.
Pero, además de aumentar la deuda, Duarte de Ochoa fue reportado en marzo de este año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el mandatario local con la mayor cantidad de recursos federales recibidos y no explicados: 35 mil millones 421 mil 700 pesos entre 2011 y 2014, el mayor monto con ejercicio desconocido de las 32 entidades de la República.
Cuatro mil 770 millones de pesos de estos recursos, agrega el reporte de la ASF, están además relacionados con “denuncias penales”; cantidad que no sólo es la mayor demandada de los 32 estados sino también casi la mitad de todos los recursos auditados y probablemente vinculados con ilícitos.
En este contexto, el anterior Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que presidía Manlio Fabio Beltrones Rivera, buscó removerlo desde entonces de su cargo de Gobernador; fue una decisión que se tomó antes de la elección del pasado 5 de junio y que pretendía enviar un mensaje “anticorrupción” previendo un castigo en las urnas.
Una visita de Duarte de Ochoa a Los Pinos en abril pasado, sin embargo, habría detenido el movimiento y, de acuerdo con la ex nacional dirigencia priísta, propició la posterior derrota del PRI ante el panista Miguel Ángel Yunes Linares.
El alegato de Duarte entonces ante el Gobierno federal, de acuerdo con la misma versión consultada, fue que “no olvidaran que el destino [de los recursos] había sido para la campaña” de Peña Nieto.
Pasada la elección del 5 de junio pasado, el mandatario electo Yunes Linares arreció la presión en contra de Javier Duarte y difundió información vinculándolo con diversos hechos de probable enriquecimiento ilícito, como la propiedad de una mansión valuada en 2.5 millones de dólares y ubicada en Texas.
En respuesta, Duarte de Ochoa vino a la Ciudad de México y, ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), acusó a Yunes Linares de poseer más de 26 inmuebles y de ser tan criminal como el presunto narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Me queda todavía un cuarto de tiempo de lo que le va a quedar al próximo Gobernador”, advirtió entonces Duarte ante los medios que lo rodearon a su salida de la SEIDO.
«Mi relación ahorita con el PRI es muy buena. Soy militante de ese instituto político; respeto lo comentado y soy el principal interesado, efectivamente, en que se investigue cualquier acto de corrupción, que se llegue a sus últimas consecuencias, incluyéndome, y como lo dije anteriormente, como no debo nada, no temo nada”, agregó.
