Con una serie de cambios de último minuto, el Senado de la República avaló, en comisiones, el dictamen que reforma la Ley General de Víctimas, el cual busca eliminar las trabas jurídicas que impiden el acceso al Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral.
El documento aprobado establece que, por única ocasión, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas será designado por el Presidente de la República para un periodo de tres años.
En adelante, la designación del Comisionado Ejecutivo se realizará a partir de una terna que presentará el Presidente de la República a la Cámara Alta, la cual deberá estar conformada por personas con al menos siete años de experiencia en atención a víctimas.
Al discutir el dictamen, el senador por el PRD, Armando Ríos Piter, cuestionó la participación del Ejecutivo Federal en el nombramiento del Comisionado Ejecutivo, cuando la exigencia era que no hubiera incidencia del gobierno.
No obstante, la también senadora perredista, Angélica de la Peña Gómez, aseguró que se están atendiendo las demandas de la sociedad civil, además de que está garantizada la independencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Por su parte, la senadora panista, Marcela Torres Peimbert, confió en que los cambios a la ley permitirán que las víctimas accedan al fondo para la reparación del daño y se evite su revictimización por la burocracia que existe.
Cabe señalar que las reformas contemplan a las víctimas de desplazamiento interno, quienes tendrán acceso a las medidas de asistencia, a partir de un enfoque diferencial y especializado, dada la complejidad de los derechos que se ven afectados a consecuencia de este fenómeno.
