La magnitud, frecuencia y ritmo del crecimiento del sobrepeso y obesidad en México sobrepasa a las políticas del Gobierno federal articuladas en la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, coincidieron especialistas en salud pública. La medida fue implementada el 31 de octubre de 2013, justamente hace tres años, tiempo en que han administrado dos titulares en la Secretaría de Salud: Mercedes Juan López [del 1 de diciembre de 2012 al 8 de febrero de 2016] y José Narro Robles [del 8 de febrero de 2016 a la fecha].
“El objetivo de la Estrategia es desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, utilizando intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales”, justificó el propio Gobierno federal al presentarla.
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, siete de cada 10 adultos tienen exceso de peso y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) coloca a México en el segundo lugar en prevalencia de obesidad a nivel mundial.
Sin embargo, la Alianza por la Salud Alimentaria destacó que la Estrategia –que busca frenar el ritmo de crecimiento de la obesidad– al no ser una Ley “es débil” en el hecho de que no hay una manera de hacerla cumplir legalmente o asegurar que el Gobierno lleve a cabo sus compromisos.
En su análisis sobre la Estrategia –realizado por Alejandro Calvillo (Poder del Consumidor), Fiorella Espinosa (nutrióloga) y Marisa Macari (política alimentaria)–, la Alianza identificó dos problemas fundamentales:
–Las regulaciones que han sido implementadas no cumplen con los compromisos expuestos en el documento de la Estrategia. Además, no están basadas en evidencia científica libre de conflicto de interés (incluyen a empresas de alimentos) ni en las mejores prácticas internacionales establecidas, por ejemplo, el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, y la Organización Panamericana de la Salud.
“Hay un gran riesgo si el sector privado que se dedica a producir y comercializar productos altamente procesados está a cargo de desarrollar e informar al público sobre hábitos saludables. La estrategia debe reconocer las implicaciones de una alianza entre el gobierno –que debe de tener la salud pública y los intereses del público como prioridad– y el sector privado –que tiene los intereses de sus inversionistas y sus ganancias como prioridad–”, advirtió el documento.
–Varias medidas que son reconocidas como fundamentales para combatir la obesidad y la diabetes se quedaron fuera de la Estrategia, principalmente medidas regulatorias en el sector agrícola para mejorar el acceso a alimentos saludables y frescos cultivados en el campo, y políticas para apoyar a la lactancia materna.
Asimismo, las regulaciones desarrolladas por la Estrategia toman una perspectiva basada en riesgos. Tratan de evitar pérdidas comerciales y equilibrar los beneficios para la salud que ofrecen las políticas, con los costos económicos para las empresas.
La investigadora en salud pública, Fátima Massa, añadió en entrevista que hay una falta de transparencia respecto a lo recaudado por el impuesto a productos con alto contenido calórico y el destino de los recursos para programas de salud.
“Parte de lo que se recauda del impuesto a productos calóricos se debe regresar a las políticas públicas, lo manda la Ley de Ingresos. Se necesita saber a qué programas se están yendo esos recursos. Como investigadora me encantaría ver un reporte de Hacienda y de la Secretaría de Salud donde expongan cuánto se recaudó del IEPS y cuánto se fue a cuáles programas. Ser específicos en los resultados. Hoy es una adivinanza. Si se hace una solicitud de transparencia se contesta con otros datos. Esa falta es muy grave, sobre todo en un entorno donde se está constantemente recortando el presupuesto a la salud”, cuestionó la también economista y maestra en Administración Pública.
