Cancún(Sipse, Novedades de QRoo).
Embargaron 67 condominios ilegalmente
Ex funcionarios laborales y la titular de una notaría pública causaron pérdidas millonarias a varias empresas con juicios amañados.
Teresa Pérez/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Resultado del “infierno” que significó el paso de los ahora ex funcionarios públicos que dirigían la Junta de Conciliación y Arbitraje Número Dos de Cancún, Alexis Zavala Ávila en su calidad de presidente, y Patricio de la Peña, ex secretario del Trabajo, con la “fe pública” de la titular de la Notaría 22, Yolanda Solís Olveres, fueron embargados con base en triquiñuelas y falsedades 67 condominios de lujo para un daño patrimonial a inversionistas nacionales y extranjeros superior a los 500 millones de pesos.
La maquinación de juicios laborales, hechos a modo, que derivaron en el despojo de esos inmuebles fue denunciada a Novedades Quintana Roo por apoderados legales como Francisco Simá, del desarrollo Lagoon Lofts y José Ismael Bautista Pérez, representante de los propietarios de los condominios de lujo llamados Torres Maiori, en lo que representó tan solo la mínima expresión de una corrupción basada en la impunidad que ejercieron estos funcionarios desde la esfera de lo público.
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En el primero de estos casos, tras dos años de largo juicio para recuperar medio centenar de condominios de lujo del desarrollo Lagoon Lofts, arrebatados por la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 2 de Cancún con el número de expediente 1049/2012, a cuenta de indemnización por 48 millones 72 mil pesos en salarios de 21 “supuestos” trabajadores, este verano la empresa inversionista por fin recuperó todo el complejo residencial, al desistirse de los cargos los presuntos “agraviados”.
Sin embargo, el recuento de los daños por estos despojos para el inversionista ha sido también de un saldo millonario, ya que enfrenta ahora la incertidumbre de que otro juicio laboral, nuevamente construido en el aire con acusadores “fantasma”, quite el sueño a cualquiera de apostar nuevamente sus capitales en el corazón de Cancún.
Por esta incertidumbre jurídica, se estima que tan sólo por contratos de arrendamiento Lagoon Lofts (durante el tiempo en litigio) perdió más de 30 millones de pesos de ingresos, y de haberse vendido todo el complejo, como en los hechos no ocurrió, la cifra aumenta a un perjuicio financiero de más de 300 millones de pesos.
Cada departamento tiene un valor comercial de ente 80 mil y 300 mil dólares, y el apoderado legal, Francisco Simá, informó que actualmente los condominios de lujo de este complejo en Pok Ta Pok ya están nuevamente en venta.
El caso de Torres Maiori
Los falsos litigios laborales orquestados por los ahora ex funcionarios públicos no se detuvieron ahí: a siete kilómetros de distancia hacia el centro de Cancún hubo otro juicio laboral, éste último confeccionado también a “modo” en contra de los citados propietarios de los condominios de lujo llamados Torres Maiori.
Como resultado, otros cinco “supuestos” trabajadores recibieron cuatro condominios de lujo valuados entre siete y 10 millones de pesos cada uno. La Junta de Conciliación utilizó el mismo “modus operandi”, hecho público por Novedades Quintana Roo desde el 2015, dónde los demandantes reclamaron salarios caídos, tras el juicio reclamatorio número 392/2010 inscrito en diciembre de 2015 ante el Registro Público de la Propiedad (RPP), ellos referían que habían sido despedidos injustificadamente en mayo de 2010.
Los empresarios no se explican por qué José Ismael Bautista Pérez, abogado de los agraviados, quien falleciera en 2013, seguía vigente desde su tumba en el juicio que dio orden de ejecución a finales de 2015; el apoderado legal refiere que tienen pruebas de que las firmas del finado fueron falsificadas, por ello solicitaron la revisión de nueva cuenta a las rúbricas.
Condominios de lujo, rematados
Estos cuatro condominios de lujo tienen un valor comercial de 28 millones de pesos; sin embargo, entre 15 y 30 días después de embargados y haberlos entregado a los trabajadores los vendieron en precios 80% menores a su valor real, es decir cuatro departamentos “malbaratados” al precio de sólo uno, con un costo entre un millón 400 y un millón 800 mil pesos, en un traspaso de propiedad inmobiliaria que mediante estos despojos por la vía laboral se realizaron libres de polvo y paja porque, simplemente, evadieron al fisco.
En la lista de los compradores destaca Lenny Beatriz Manzanilla Hernández, quien es hermana de uno de los trabajadores beneficiados por el despojo; Edgar Sadot Rodríguez Esparza; Eladio Cruz López; Dominga González Martínez y Hugo Alfredo Galleti Cipadero.
El pasado 17 de marzo, la empresa Maiori Tower ante el Juzgado de Distrito inició la demanda de amparo y protección de la justicia federal contra los actos que reclamó la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Quintana Roo, presidente y actuarios de su adscripción, especialmente contra todo lo actuado en el juicio laboral de origen, es decir, emplazamiento, laudo y ejecución del embargo dentro de la esfera estatal.
Fue hasta el pasado 29 de julio que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo resolvió a favor de Maiori Tower por ser insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral de origen, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamado del expediente 392/2010. Ninguno de los exfuncionarios mencionados ha sido llamado a cuentas por estos hechos.
