Por: Sin Embargo
El nombre de Roberto Borge Angulo, ex Gobernador priista de Quintana Roo, en la lista de los “acusados” por actos de corrupción pesa y se coloca como uno de los casos más graves, afirman funcionarios de la nueva administración en la entidad, activistas y empresarios, consultados por SinEmbargo. El ex mandatario debe ser llamado a cuentas lo más pronto posible, pues hay pruebas contundentes en el tema de la enajenación irregular de terrenos en zonas turísticas, mientras se acumulan otras a través de las auditorías que se realizan en este momento.
Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– El Gobierno de Quintana Roo realiza auditorías a todas las dependencias estatales que entregó la administración de Roberto Borge Angulo, para presentar de ser necesario, nuevas denuncias penales en contra del ex mandatario y sus colaboradores.
Sin embargo, afirmaron activistas, diputados y empresarios, el Gobierno de Carlos Joaquín González no tendrá problemas en encontrar las pruebas de que todas las dependencias fueron saqueadas y que hubo despojos, cobro por derecho de piso, mordidas, entre otras formas de corrupción.
Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de Gestión Pública de Quintana Roo, afirmó en entrevista con SinEmbargo que la administración actual no hará pactos ni negociaciones “bajo la mesa” y que se denunciarán los hallazgos que surjan después de finalizar las auditorías.
“Desde que se inició el proceso de entrega-recepción nos hemos abocado a la revisión de los anexos que van con las actas de cada una de las dependencias y entidades de cada una de las áreas del estado, y que como parte del proceso se han ido detectando algunas inconsistencias sobre la información que contienen las actas y los anexos”, explicó Del Pozo Dergal.
Uno de los primeros hallazgos son las irregularidades detectadas en el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE) en donde se detectó la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva de la entidad por debajo de su precio real y a personas cercanas a él.
En todos los casos los avalúos carecen de rigor técnico y no se siguió el procedimiento legal. De las 9 mil 500 hectáreas, en 850 se “identificaron vínculos importante entre el ex Gobernador y familiares, trabajadores de la familia y algunas personas con vínculos con servidores públicos”, afirmó.
El funcionario dijo que se solicitó a la PGR que se analice y revise la situación patrimonial de los compradores, así como el origen del dinero con el que realizaron las transacciones.
Además la PGR, agregó, ya trabaja en conocer los avalúos reales de los terrenos enajenados durante la administración de Borge.
Para Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la PGR tiene elementos suficientes para liberar al menos una orden de presentación en contra de Roberto Borge.
“Hay suficientes elementos para tener a Borge en la cárcel. Varias áreas de la administración se convertían en entidades asaltadas. Ya se dio la primera denuncia, pero vendrán muchas más y debe ser detenido a la brevedad. Ahorita la PGR y la Fiscalía podrían librar una orden de presentación, pero dudo mucho que lo vayan hacer”, dijo el legislador Ramos Hernández.
El Diputado perredista afirmó que Roberto Borge dejó a Quintana Roo en una “situación muy comprometida”, pues encabezó a una “banda de mafiosos” que se dedicaron a saquear al estado.
“Borge era como un pirata que en cada dependencia veía a un corsario para asaltar; saqueó todas las secretarías y entidades que pudo. Su destino será finalmente la cárcel, de él y varios de sus colaboradores”, dijo.
BORGE DEBE IR A LA CÁRCEL, EXIGEN
Borge vendió 9,500 hectáreas de la reserva de QRoo; el gobierno estatal lo denuncia en la PGR
Hernán Cordero Galindo, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Cancún y representante en Quintana Roo de la organización civil Ángel Ciudadano, exigió cárcel para Borge Angulo y sus cómplices.
“Él tiene un récord histórico en corrupción, obstaculización, despojo, falta de Estado de Derecho, de certeza jurídica, abuso de poder, inseguridad, violencia contra las mujeres, censura a medios, abuso de autoridad. La deuda yo creo que llega a los 30 mil millones, contando todos los distintos tipos de crédito: deuda a proveedores, bancos, de los créditos a corto plazo”, consideró Cordero Galindo.
Cordero Galindo agregó que la administración de Borge se caracterizó por el despilfarro, los aviadores en dos terceras partes de las dependencias, dádivas, pagos de choferes y personal de limpieza para personas que ni siquiera estaban en la administración pública.
El empresario constructor afirmó que la mayor parte de los diputados locales solaparon a Borge Angulo. Eran delincuentes que vivían de “extorsionar, corromper, cobrar multas y mordidas”.
“Nunca habíamos tenido tanta obstaculización para poder construir. El daño que se causó por la deuda es uno, pero el de los despojos y extorsiones, el daño al sector producto es mucho mayor y es muy difícil medirlo, porque son miles de empresas frenadas por la corrupción”, detalló.
Hernán Cordero exigió cárcel para los diputados que votaron a favor de la protección del ex Gobernador, además de investigar cuánto dinero recibieron por ese voto.
Araceli Domínguez, activista y miembro de la organización “Salvemos al Manglar Tajamar”, aseguró que en la pasada administración hubo despojos de tierras a través de “tranzas” y juicios que nunca eran del conocimiento de los afectados, hasta que llegaban con una orden de desalojo.
“El modus operandi era que alguien metía una demanda contra el propietario por cualquier razón, incluso por despojo; el propietario nunca se enteraba y, cuando terminaba el juicio llegaba la policía a desalojar con la orden de un juez. Eso ocurrió con varios predios de la Riviera Maya. Borge hizo cosas terribles. La universidad era su caja chica, hizo un auditorio que inauguró con la fachada y que no se puede utilizar, no terminó el Hospital General”, dijo Domínguez.
La activista exigió que Roberto Borge sea perseguido por la justicia mexicana y que además, regrese “todo lo que se robaron”.
