Por: Adrián Barreto/SIPSE
A Barcos Caribe no le alcanzó el permiso que en la pasada administración le otorgó el Cabildo de Solidaridad para instalar una caseta de venta, y al no contar con los permisos estatal ni federal el juez le negó un amparo contra la clausura que le puso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hace unos días por el impacto ambiental.
A través de un comunicado emitido ayer, la Profepa indicó que “el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo negó el amparo promovido por la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A. de C.V., respecto a la Clausura Total Temporal a un módulo para venta de boletos e información turística”.
Según la dependencia, la licencia de funcionamiento, que se vence el 31 de diciembre de este año, que el gobierno de Mauricio Góngora le otorgó, no le valió a la empresa para quitar la clausura por lo que sigue con los sellos colocados el 9 de noviembre pasado.
Inicialmente la Profepa impuso la clausura porque el establecimiento no cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y ahora el Juzgado dijo que tampoco tienen “permiso estatal vigente”, según el boletín de la dependencia.
El punto de venta se ubica en la Avenida 1 Sur, esquina calle 1 Sur Bis, Colonia Centro, y se construyó luego de que el Cabildo en 2014 le dio el permiso en una sesión de Cabildo que no fue pública.
Según la Profepa, el módulo tiene una superficie de 27 metros cuadrados con estructura de aluminio, piso de concreto, paredes recubiertas de acrílico, de una altura aproximada de 2.5 metros, techos de plafón con lona de vinil, y al interior un mostrador cubierto de granito color verde oscuro con una altura de 1.5 m, despegado del suelo.
