Por: SIPSE/ José Ramirez
La iniciativa para adicionar al Código Penal el capítulo “Delitos contra la Prestación del Servicio de Transporte Público”, es una respuesta a las acciones agresivas que han hecho en contra de los diputados que han pretendido y pretenden regular ese esquema, es decir, es una propuesta populista excesiva y carente de todo sentido.
Los diputados van a ser atacados al modificar y adecuar la nueva ley de transporte e incluir la modalidad de plataforma digital, criminalizar sería el hecho de que utilices un taxi “pirata” pudiera ser una agravante del delito, pero no el delito en sí mismo.
La reforma legislativa pretendida no aplicaría para Uber pues dicho sistema no presta un servicio de transporte público, sin embargo, ese concepto determinado por la ley daría la base para poder considerar el ilícito.
Si esto, es decir, la falta de concesión lo consideras que puede ser sancionado, le vas a dar una pena de 3 a 5 años.
La pena debe ser proporcional al delito y bien jurídico.
¿Cuál es el bien jurídico? Que estás prestando un servicio público que no tienes derecho a prestar. ¿Será tan grave el delito como para ponerle un mínimo de tres años de cárcel?
El Gobierno del Estado actúa bien al no considerar correcto que se criminalice a quienes quieran ser socios de la aplicación pues su búsqueda de una fuente legal de ingresos es legítima.
La entrada de Uber sí puede tratarse de una práctica deshonesta si quienes brindan el servicio, que aseguran es privado, no cumplen con los requisitos ni pagan los impuestos que se exigen a los taxis.
Lo ideal es que prevalezca la legalidad para no obstaculizar la creación de empleos a nivel estatal.
Es inaceptable que en un país que está arriba en el ranking de desempleo a nivel nacional, se actué de forma populista y quizá hasta de forma desestabilizadora para el nuevo gobierno.
Explicó que lo que ellos ofrecen es la renta de un automóvil es algo muy distinto al transporte público, porque es un servicio de transporte particular que brinda una persona registrada en Hacienda, que emite facturas y paga impuestos, por lo tanto no deben aplicar las reglas del transporte público.
Por qué no criminalizar la venta indiscriminada de concesiones
Se debe estar a favor de las regulaciones que hablen específicamente de este modelo de transporte y eso se ha hecho en la Ciudad de México, en el Estado de México, Puebla y Tijuana, ya que a nivel mundial hay más de cien regulaciones al respecto, todos pueden acompañar a las autoridades para sacar esta nueva ley de transporte para considerar e incluir este modelo de transporte completamente diferente del transporte público.
La pregunta para los que hicieron esta iniciativa es ¿por qué no criminalizar la no rendición de cuentas de sus agremiados?
¿O criminalizar la venta indiscriminada de concesiones de transporte saturando las rutas? O ¿criminalizar la venta de placas para campañas políticas?
