El diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis “Chanito” Toledo, declaró que si los ex gobernadores de Quintana Roo, Félix González Canto y Roberto Borge, son culpables de los actos que se les atribuyen en detrimento de la entidad, “no deben quedar impunes”, y aclaró que más allá de “cariños personales no será cómplice de nadie.
“Las cosas no pueden quedar impunes ya; el gobierno no es para hacer negocios, no es para hacerse rico, no es para lacerar al pueblo”, declaró Toledo Medina, quien funge como secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados.
“Si ellos son responsables no deben de quedar impunes. Eso no está a discusión. Aquí no hay vuelta pa’trás. El que esté fuera de la ley tiene que tener responsabilidades”, añadió.
Aunque no admitió haber sido el aspirante favorito entre los “seis caballos de unidad”, como el entonces gobernador Roberto Borge denominó el año pasado al grupo de sus posibles sucesores, reconoció que era una de las “cartas fuertes” y que había un afecto personal entre él y Borge.
“Creo que el PRI tuvo varias cartas; yo era una de ellas y creo que todas estábamos fuertes; ciertamente en la opinión pública se habla de ‘cariños personales’ y ciertamente los hay en política, pero eso no te hace ajeno a otras cosas”, manifestó.
A pregunta expresa sobre si había o no un afecto personal con el ex mandatario, asintió. “Sí, claro, por supuesto que sí”. Sobre si hay distanciamiento ahora, respondió: “No… sólo hay que cumplir con nuestra responsabilidad y no podemos ser cómplices de nadie. Esto es así. Yo a él y como a muchos priistas les tengo un enorme afecto, un enorme respeto, pero primero está mi responsabilidad como quintanarroense y servidor público y, por supuesto, en ningún caso seré cómplice de actos de corrupción o temas que estén fuera de la ley”, subrayó.
Al respecto, se le cuestionó cómo la Comisión en la Cámara Baja a la que pertenece procederá sobre las acusaciones que enfrenta la dupla González CantoBorge, quienes se desempeñaron como gobernadores del estado y hoy enfrentan serias acusaciones que han derivado en solicitudes de juicio político, auditorías y revisiones sobre sus actos de autoridad en los últimos 12 años.
Ambos son señalados por la presunta contratación de deuda pública, violentando la ley y por el propio endeudamiento del estado, que pasó de casi dos mil millones de pesos a 22 mil en ambos sexenios, sin que se refleje en obra pública; por el remate de más de nueve mil hectáreas de terrenos propiedad del estado; y por el dispendio en viajes, so pretexto de promover los destinos del Caribe Mexicano en Europa y Asia.
A los dos ex mandatarios se les acusa como probables responsables de los despojos de tierras en la zona norte del estado, a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje; por la probable alteración de movimientos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; por la renta y gasto millonario de aviones particulares para viajar; por el presunto desvío de millonarios recursos destinados a la promoción, con fines personales o electorales.
También por el probable enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita, el uso de prestanombres y demás actos constitutivos de delito, son algunas acusaciones que enfrenta el par de ex mandatarios y que Luces del Siglo ha documentado desde años atrás.
“Desde la Cámara de Diputados me he puesto de acuerdo con quien preside la Comisión, para que sirva para darle la cara a los ciudadanos, porque no todos en la política somos bandidos y no todos en la política entramos al Gobierno a querer hacer negocios”, dijo, al subrayar que el tema no es de Transparencia sino de Impunidad, consecuencia de un acto de corrupción.
Fuente: (Luces Del Siglo)