Ciudad de México, 15 de diciembre.- Organizaciones no gubernamentales en su informe sobre detenciones arbitrarias e ilegales, denunciaron en Oaxaca que la criminalización de la protesta social es una política de Estado que busca inhibir la defensa de derechos humanos.
Entre los casos mencionados en donde el gobierno mexicanos ha criminalizado la protesta se señalan el de Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña, detenidos arbitrariamente hace mil 307 días; Librado Baños Rodríguez, capturado arbitrariamente desde hace mil 208 días; Pedro Canché Herrera, aprehendido arbitrariamente durante 638 días antes de ser liberado el 29 de mayo de 2015; y Nestora Salgado, detenida arbitrariamente 941 días antes de ser liberada el 18 de marzo pasado. 
Las cinco personas defensoras han sido reconocidas por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, como víctimas de captura arbitraria; opiniones que fueron emitidas en un espacio de poco más de un año: entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, la primera vez que el grupo de la ONU emite tal número de opiniones sobre un mismo país en un periodo de tiempo tan reducido. 
Las 11 ong precisaron que en el caso de Pedro Canché y Nestora Salgado están aún a la espera de recibir la debida reparación integral por los daños sufridos; además, indicaron que en el caso de la ex comandante de los autodefensas en Olinalá, la víctima aún sigue siendo perseguida y criminalizada.
Asimismo, indicaron que a dos años y cinco meses de la emisión de la primera opinión, los activistas Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños permanecen arbitrariamente detenidos y enfrentan constantes y reiteradas violaciones a sus derechos.
El patrón de detenciones arbitrarias de activistas parece responder a una voluntad de inhibir su trabajo en defensa de los derechos humanos, resalta el informe, ya que precisaron que las aprehensiones suelen estar vinculada a sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos.
Cabe señalar que los activistas mexicanos mencionados fueron arrestados de forma ilegal, sin orden de aprehensión, encarcelados por delitos que no cometieron y sujetos a un mismo patrón, que incluye diferentes formas de tortura y malos tratos en el momento de la detención y en las instalaciones penitenciarias, como incomunicación, desaparición forzada antes de su presentación, amenazas, confinamiento, campañas de difamación y violaciones al debido proceso.
Los tres activistas que permanecen en situación de detención arbitraria: Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños, son originarios y realizaban su labor de defensa de derechos humanos en el estado de Oaxaca.
Las organizaciones también explicaron que este informe forma parte de una campaña nacional e internacional conjunta que ya ha llevado a los participantes a desarrollar reuniones con instituciones internacionales, como la Unión Europea y sus Estados miembros en Bruselas; las Naciones Unidas y las autoridades suizas en Ginebra, así como autoridades nacionales e internacionales en la Ciudad de México.
En la presentación del reporte en Oaxaca se recordó que la sociedad civil ha documentado 77 casos de personas presas por motivos políticos en esta entidad. De la misma manera, exigieron la inmediata liberación de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños, así como el cese de la criminalización y reparación integral a los cinco activistas por las numerosas violaciones a los derechos humanos a las que han sido sometidos.
(Con información de Emeequis y Apro)
