Un total de siete funcionarios que laboraron en la administración de Roberto Borge Angulo en Quinta Roo fueron demandados por manejo indebido y el desvío de dos mil 388 millones de pesos. El pasado viernes, el Partido Revolucionario Institucional acordó suspender al ex Gobernador sus derechos como militante de esa fuerza política, una decisión que supone el paso previo a la expulsión.
El Gobierno de Quintana Roo presentó siete denuncias penales por desvíos de recursos en contra de ex colaboradores del ex Gobernador Roberto Borge Angulo, informó el Secretario de Gobierno, Francisco López Mena.
En total, estas denuncias son por 2 mil 388 millones de pesos contra titulares de diversas áreas, como el ex secretario de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo, Fernando Escamilla Carrillo; Javier Federico Meza; Andrés Zarur; Eliezer Villanueva, de la Secretaría de Finanzas; Paulina García Chang, ex secretaria de Desarrollo Urbano; además de Mauricio Rodríguez Marrufo y Juan Pablo Guillermo.
Las denuncias fueron presentadas por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, desvío de recursos y usurpación de funciones.
La administración estatal estimó que 14 denuncias adicionales podrían presentarse en las próximas semanas.
Por la mañana en entrevista con Carlos Loret de Mola, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, adelantó que interpondría 7 denuncias por distintas causas, que se suman a las presentadas por la venta de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial.
Se trata, explicó el propio Gobernador en entrevista, de denunciar por renta de maquinaria, en 2013, por centra de 430 millones de pesos; además de otra por el mismo concepto, por un monto de 348 millones de pesos, toda vez que se trata de transacciones confusas, para las que no existe documentación ni evidencia de los servicios presentados.
Además de una denuncia por desempeño irregular de la función pública y abuso, por casi 41 millones de pesos, otra por usurpación de funciones, por 8.5 millones de pesos, contra funcionarios que se desempeñaron como tales aun cuando ya habían renunciado a sus cargos; habrá otras por desvío de recursos, porque el titular del agua potable desvío 507 millones de pesos a otra dependencia en un año, y al año siguiente el desvío fue de 1,055 millones de pesos, para estas transferencias.
Carlos Joaquín González dijo que llegarán al exG Roberto Borge, “si las investigaciones así lo concluyen”.
Destacó que su gobierno lleva un plan de austeridad, “hemos trabajado fuerte en la reestructura financiera, se veía de manera complicada evitar el desequilibrio, y hemos logrado salir con todos los compromisos del gobierno, aun cuando el inicio se veía complicado”.
Al ser cuestionado sobre la fiesta quee Secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo, Juan Melquíades Vergara Fernández, realizó con motivo de su cumpleaños número 50 y donde hubo relojes Rolex y Cartier de regalo y un día gratis en un campo de golf, el mandatario estatal dijo que se está investigando para transparentar si fue con sus propios recursos.
El pasado viernes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acordó suspender al ex Gobernador de Quintana Roo Roberto Borge (2011-2016) sus derechos como militante de esa fuerza política, una decisión que supone el paso previo a la expulsión.
El partido afirmó a través de su cuenta de Twitter que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria aprobó suspender los derechos partidarios del ex mandatario en una de las sesiones ordinarias de trabajo del organismo.
Borge está denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva estatal a sus familiares y colaboradores.
La denuncia federal fue presentada contra el ex Gobernador, familiares y ex colaboradores, así como contra la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal, Claudia Romanillos.
Roberto Borge fue sucedido en septiembre pasado en el Gobierno de Quintana Roo por Carlos Joaquín González, a quien apoyaba una coalición formada por el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El caso de Borge se suma al del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte (PRI), hoy prófugo de la justicia, y el ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés (PAN), preso en una cárcel de la Ciudad de México, acusados ambos de actos de corrupción. (Sin Embargo)
Tres días después de que el PRI anunció la suspensión de derechos partidistas al exgobernador Roberto Borge, el Gobierno estatal anunció siete nuevas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra exfuncionarios de tres secretarías y una paraestatal de la anterior administración que incluyen presuntos desvíos por casi dos mil 400 millones de pesos.
En conferencia de prensa en Chetumal, los secretarios de Gobierno, Francisco López Mena, y de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, informaron que las principales acusaciones son por renta de maquinaria por 700 millones de pesos y mil 500 millones del pago de la contraprestación del sistema de agua potable y alcantarillado de Playa del Carmen.
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López Mena precisó:
“Deseamos confirmarles que como producto de las auditorías efectuadas a la anterior administración, este gobierno ha presentado formalmente ya nuevas denuncias por diversos delitos cometidos en cuatro dependencias y entidades, delitos tales como peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, así como usurpación de funciones públicas, todos ellos por un monto total de dos mil 388 millones 296 mil 558 pesos y 99 centavos”.
El exdiputado federal por el PAN, acusó la corrupción en la administración de Roberto Borge “no solo de manera generalizada, sino de también organizada”.
Pero además señaló que estos desvíos fueron empleados, entre otros destinos y usos, por un grupo para “perpetuarse en el poder”.
En tanto Rafael del Pozo, indicó que las denuncias son contra funcionarios de la anterior administración de las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan), de Infraestructura y Transportes (Sintra) y Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), así como de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
Por cierto, el titular de la Seduvi, Mauricio Rodríguez, es actualmente titular de la Secretaria del Ayuntamiento de Benito Juarez (Cancún), dominado por el PVEM.
En Sintra, precisó el panista, se ha confirmado la renta de maquinaria de 700 millones de pesos, pero no hay evidencia de las empresas ni de las obras.
Además advirtió que habría irregularidades por un monto similar, para sumar mil 519 millones de pesos en renta de maquinaria a empresas fantasmas para obras que no se realizaron.
Por otra parte, señaló que en CAPA en primer lugar se halló un presunto desvío de mil 55 millones de pesos de la contraprestación única que cubrió la empresa Aguakán a la paraestatal por la concesión del sistema de Playa del Carmen.
Pero, además apuntó que se detectó otro presunto desvío de 506 millones de pesos de un crédito bancario obtenido por CAPA, que es un organismo descentralizado para obras de infraestructura, pero que en su totalidad fue transferido a Sefiplan y se usó para gasto corriente.
También señaló que otra de las denuncias es por para la venta irregular de patrimonio por parte de Seduvi, aunque no precisó los montos.
Además de las denuncias, apuntó que el gobierno “va dar la lucha para recuperar el patrimonio que le fue sustraído de manera ilegal”.
Sin precisar sus nombres, indicó que los presuntos responsables de estas denuncias son los anteriores titulares de Sefiplan, Juan Pablo Guillermo Molina, actual diputado federal suplente; de Sintra, Fernando Escamilla Carrillo, de CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz y de Seduvi, así como otros servidores públicos de menor rango”.
Pero, acotó:
“Desde luego que tiene mucha responsabilidad Roberto Borge. Es el gran responsable del desorden administrativo y cómo deplorablemente mermaron el patrimonio de Quintana Roo. Desde luego tiene un gran responsable y se llama Roberto Borge Angulo”. (Proceso)
