El secretario de gobierno, Francisco López Mena acompañó al Secretario de la Función Pública del Estado, Rafael del Pozo Delgar para informar sobre los avances que se lleva en la auditoría realizada a las dependencias del gobierno de Roberto Borge Angulo, a quien señaló de ser el responsable directo “del desorden administrativo en el estado”.
En rueda de prensa, el Secretario de la Función Pública explicó que hasta el momento las denuncias presentadas ante la Fiscalía son las de las dependencias de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y su extitular Juan Pablo Guillermo Molina; la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) y su extitular Fernando Escamilla Carrillo; contra quien o quienes resulten responsable en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y su extitular Mauricio Rodríguez Marrufo, por último contra los presuntos malos manejos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) y su extitular Gustavo Guerrero Ortiz.
Detalló que en el caso de Seduvi se cotizaron predios por debajo de la ley, donde la responsabilidad recae en sus últimos dos titulares.
En Sintra se contrató irregularmente renta de maquinaria; puso de ejemplo de que hay casos donde solo existe un contrato, una factura y un cheque, pero sin evidencia de dónde se utilizó, para qué se utilizó y en qué se utilizó. Abundó que en dos periodos el presunto desvío arroja una cantidad de 700 millones de pesos; pero los casos en sus conjuntos en varios periodos dan cantidades hasta de más de mil 500 millones de pesos, que carecen de documentación probatoria.
Por el momento se continúa con las diligencias de las denuncias presentadas la semana pasada, las que se llevan a cabo en el vecino estado y en los municipios, lógicamente los detalles son reservados para no entorpecer la investigación.
Otro de los ejemplos abordados en la rueda de prensa llevada a cabo en Chetumal es el de Capa, donde se recibió la contraprestación de Aguakan por mil 50 millones de pesos, por haberle otorgado la conexión del servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de Solidaridad, de donde días después se realizó la transferencia de 506 millones de pesos a Sefiplan, cuando ese dinero se debió haber usado para infraestructura en Capa.
Por lo que corresponde a la Seduvi, las operaciones que se llevaron a cabo en los dos periodos con el mismo número de titulares es que están vinculadas, porque hay casos que condonaron el costo del bien propiedad del estado hasta el 75 por ciento del valor real.
“Siete denuncias ante la fiscalía del estado y las investigaciones avanzan de acuerdo a la integración tanto de la administración anterior como los particulares. Las denuncias están relacionadas contra personas físicas y morales, detrás de ellas hay personas físicas, la presunción de empresas que no existen”.
Reveló que no ha sido citado al exgobernador Roberto Borge Angulo, que fue llamado en una ocasión para una comprobación administrativa. Sin embargo la primera fecha para presentar alguna denuncia en su contra concluye el 22 de diciembre (60 días de acuerdo a la ley), pero la información preliminar que se tiene apunta a que será llamado, aunque todavía viene el cierre de la auditoría de entrega recepción. (De la Redacción / Quintana Roo Hoy)
