Ciudad de México, 30 de diciembre.- El embarazo en adolescentes mexicanas, particularmente entre aquellas que tienen entre 10 y 14 años, se ha convertido en un fenómeno creciente que compromete su integridad social, educativa, económica y de salud.
Por ello, el gobierno mexicano elaboró la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes, una de cuyas líneas estratégicas es erradicar los embarazos en las niñas y adolescentes de ese grupo de edad, que en conjunto suman 5.5 millones de personas.
Por ello, hoy se instaló el subgrupo de trabajo integrado por diversas dependencias, organizaciones y secretarías, como la de Salud, de Educación Pública, así como en el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A. C.
Las cifras han alertado al gobierno. “La Secretaría de Salud registró en 2015 el nacimiento de 11 mil niñas y niños, cuyas madres tenían entre 10 y 14 años de edad, muchas de ellas víctimas de abuso sexual”, informó la Secretaría de Gobernación en un comunicado destinado a dar a conocer la integración de dicho grupo de trabajo.
Esa tendencia se ha fortalecido en los últimos años y en 2014 al menos 77 de cada mil adolescentes mexicanas se embarazaron. Esta cifra es más alta que la que se registró dos años antes, cuando 70.9 de cada mil adolescentes lo hicieron. De hecho, también es superior a la tasa de 1997 (74.3 embarazos por cada mil).
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “la proporción de nacimientos en madres menores de 20 años había venido disminuyendo en el país, hasta llegar a un mínimo de 16.3 por ciento en 1997. Sin embargo, desde entonces, nuevamente empezó a incrementarse hasta llegar a 19.4 por ciento en 2012”.
En 2013, “467 mil mujeres menores de 20 años tuvieron un bebé; esto es, casi uno de cada cinco nacimientos. Y más preocupante aún es que esta cifra incluye cerca de 11 mil niñas de 10 a 14 años de edad, que se convirtieron en madres tan sólo en ese año”, destacó el presidente Enrique Peña Nieto hace varios meses al referirse al tema. “Literalmente son niñas criando niños, cuando deberían o podrían estar mejor estudiando, divirtiéndose y disfrutando su infancia”.
El embarazo en adolescentes se ha convertido, así, en un problema poblacional que amplía las brechas sociales y de género. Se trata de un tema de proyecto de vida, de educación, de salud, pero sobre todo de respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, a su libertad y a su desarrollo como personas.
Además, datos del Inegi revelan que las y los adolescentes que se convierten en madres y padres, viven 36 por ciento más condiciones de hacinamiento, siete por ciento más insuficiencia alimentaria y 22 por ciento menos acceso a servicios básicos en los hogares, tanto para ellos como para sus hijos, “lo cual fomenta la transmisión intergeneracional de la pobreza y las desigualdades”, agrega el comunicado.
Por esta razón, la erradicación del embarazo en menores de 15 años es uno de los principales desafíos, “pues confronta a una cultura social basada en roles de género hacia las niñas y adolescentes mujeres, que las coloca en desventaja para el ejercicio de sus derechos respecto al resto de la población”.
Entre las medidas que la Estrategia Nacional para atender este fenómeno social destacan las siguientes:
• Crear un entorno que favorezca decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo.
• Incrementar la demanda, la oferta y la calidad de la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes.
• Asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (dispositivo intrauterino e implantes), para garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad;
• Garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados.
