Pedro Joaquín Coldwell, el secretario de Energía en el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, han acaparado la venta de gasolinas y diésel en la isla de Cozumel desde 1994 y junto con sus hijos y una hermana cuentan con un grupo de gasolineras en la Riviera Maya, dos de las cuales recientemente fueron clausuradas por vender litros incompletos y alterar las bombas.
En Cozumel –una isla del caribe mexicano- hay sólo cinco expendios de gasolina y diésel para abastecer a 35 mil motocicletas y 20 mil autos, camiones y camionetas. En cuatro de ellas el nombre del actual Secretario de Energía aparece como uno de los accionistas.
Joaquín Coldwell junto con sus hijos Nassim y Óscar son los dueños de las gasolineras Caleta, San Miguel, Servicio Cozumel y Servicios Juárez. Pero su negocio más importante ha sido la Planta de Combustible Cozumel, SA de CV, una terminal de Pemex con capacidad de almacenar 750 mil litros de gasolina magna, 300 mil de Premium, 300 mil de diésel y 500 mil de hidrocarburos para embarcaciones, según consta en el registro público de la propiedad de Quintana Roo.
Planta de Combustible Cozumel, SA de CV, terminal de Pemex que administra Coldwell
Esa terminal ha surtido a todas las gasolineras de la isla, pero además abastece a las embarcaciones comerciales y turísticas con diésel marino. El negocio es redituable. Cozumel, junto con Ensenada –Baja California- y Mahahual –otra playa de la Riviera Maya- han sido los puntos que reciben mayor número de cruceros en todo el país; alrededor de 529 al año, con una afluencia de 4 millones personas de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo.
Por ejemplo, en el 2015, el entonces alcalde de Cozumel Fredy Marrufo presumió que ese año fue redondo en materia de turismo, como nunca antes, no sólo por el número de cruceros, sino también por los visitantes generados en el marco de convenciones y actividades deportivas como el Mundial de Clavados de Altura así como el Mundial de Natación en Aguas Abiertas.
Manipulan bombas
Ahí, en esa isla, una gasolinera propiedad del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, fue castigada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) de surtir litros incompletos en todas sus bombas expendedoras.
En una revisión realizada el 15 de abril de 2016, la PROFECO descubrió manipulación en todas las bombas de la gasolinera denominada Combustibles Caleta SA de CV, de la que el funcionario federal es accionista junto con sus hijos.
En esa estación de servicio, ubicada en la zona hotelera de Cozumel, Quintana Roo, fueron inmovilizadas con sellos de clausura las 16 bombas expendedoras de gasolina, según los reportes oficiales consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
No hay manera de saber desde cuándo se vendían litros de gasolina o diésel incompletos. Lo que sí está confirmado, por medio de registros públicos, fue que la franquicia de Coldwell y sus hijos fue sorprendida en esa práctica ilegal cinco meses antes de que la secretaría de Hacienda propusiera al Congreso de la Unión adelantar al 1 de enero de 2017 la liberalización de los precios de las gasolinas, en vez de 2018 como estaba previsto.
Pedro Joaquín Coldwell es la cabeza del sector energético en México. Como secretario de Energía en el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha tenido acceso a información privilegiada del negocio de los hidrocarburos.
Otra gasolinera, denominada Combustibles y Servicios Quintana Roo SA de CV, propiedad de una hermana del Secretario de Energía, también fue sorprendida vendiendo litros incompletos, en dos revisiones que hizo la PROFECO en mayo de 2015 y marzo de 2016.
En este segundo expendio, ubicado en la carretera Cancún-Playa del Carmen –en la Riviera Maya- la PROFECO inmovilizó seis bombas expendedoras. A diferencia de la primera en Cozumel, el secretario de Energía no es accionista.
En entrevista con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Pedro Joaquín Coldwell aseguró que no tiene injerencia en la administración de las cuatro gasolineras y una planta de distribución de combustibles en las que es socio en Cozumel, por lo que dijo desconocer las irregularidades detectadas por la PROFECO en una de las estaciones.
Negó haber intervenido para que la Comisión Reguladora de Energía agilizara la renovación de permisos a sus gasolineras, y por cualquier duda que pudiera surgir sobre su participación en el negocio de los hidrocarburos, anticipó que iniciará un procedimiento para transferir todas sus acciones a un fideicomiso.
La tarde del lunes 9 dijo en entrevista telefónica que no tenía información sobre la sanción de PROFECO. Horas después, informó que de acuerdo con sus abogados la multa fue indebida porque la autoridad les pedía contar con un aparato en las bombas que sólo correspondía a los modelos posteriores al año 2011. Según él, la sanción está en proceso de revisión.
El titular de la PROFECO, Ernesto Nemer, reconoció que la sanción fue impugnada por la familia Coldwell.
Reabren, aunque ameritaría cárcel
La Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de combustibles, establece sanciones de entre 2 y 15 días de clausura así como multas de 50 mil a 460 mil pesos –entre 2 mil y 21 mil dólares según el tipo de cambio actual- por cada bomba detectada con anomalías.
Para la PROFECO una vez cubierta la sanción, la gasolinera puede reabrir. No hay revisiones posteriores dados los antecedentes. Esto fue lo que ocurrió con los dos establecimientos de los hermanos Joaquín Coldwell. Actualmente, despachan con normalidad. En Cozumel, la isla acaparada por el secretario de Energía, hay alrededor de 86 mil 45 habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
No obstante, el marco legal de la PROFECO no es el único que ha regulado estas actividades. El 12 enero del 2016, se lanzó una nueva ley federal de delitos cometidos con hidrocarburos, en cual se endurecieron los castigos a quienes vendan litros incompletos. En su artículo 16 se incluyó un castigo de 3 a 6 años de cárcel y multa de 3 mil a 6 mil días de salario mínimo (de 240 mil a 480 mil pesos), a quienes suministren gasolinas o diésel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5% a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición.
Además, el artículo 17 de la citada Ley Federal establece una pena de 10 a 18 años de prisión así como multa de 10 mil a 18 mil días de salario mínimo (800 mil a un millón 440 mil pesos) “a quien altere los sistemas de medición (de hidrocarburos) en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, con conocimiento que producirá un daño o afectación a la normal operación de los mismos”.
En el caso de la gasolinera de Pedro Joaquín Coldwell, la PROFECO determinó que las 16 bombas fueron alteradas electrónicamente.
“La bomba ha sido manipulada y cuenta con componentes ajenos a los aprobados”, estableció la PROFECO como causal de la clausura.
“El sistema de despacho de combustible o dispensario, no debe contar con elementos o dispositivos ajenos a los aprobados, respetándose el diseño original del fabricante que haya sido sometido a valoración y dictamen en un laboratorio autorizado (CENAM) y aprobado por la autoridad correspondiente”, añadió el reporte.
La multa que debió cubrir Pedro Joaquín Coldwell fue de entre 50 mil y 460 mil pesos por cada bomba, es decir, de 800 mil hasta 7 millones de pesos por las 16 bombas inmovilizadas ( unos 325 mil dólares).
En su reporte de anomalías, la PROFECO no precisó el monto que pagó la gasolinera del funcionario federal cuyo sueldo libre de impuestos es de 141 mil pesos. Si por ejemplo él usara sólo sus ingresos en el Gobierno para pagar la multa, le hubiera representado cuando menos 5.6 veces su salario mensual y casi 50 veces más en el tope máximo.
Combustibles Caleta SA de CV –el nombre de la gasolinera sancionada- fue creada el 19 de noviembre de 2001, con un capital de 100 mil pesos, de los cuales el 20% correspondían a Pedro Joaquín Coldwell, el 40% a sus dos hijos y el resto a su papá y a un sobrino.
Gasolinera Caleta, establecimiento sancionado, propiedad de Joaquín Coldweel y familia
En diciembre de 2004 incrementó su capital fijo a 3 millones de pesos, y dos años después se aumentó a 9 millones.
En agosto del año pasado, los socios aprobaron eliminar la figura de administrador general de la empresa, por un consejo que preside Nassim Joaquín Delbouis, hijo del Secretario de Energía.
La gasolinera, ubicada en el kilómetro 4.2 de la Costera Sur de Cozumel, tiene actualmente funcionando sólo 12 de sus 16 mangueras, por falta de personal.
Las irregularidades de esta franquicia fueron castigadas por la PROFECO en abril del año 2016, es decir, cuatro meses después de que se pusieran en vigor las sanciones más duras, ya previstas en la nueva ley federal de delitos cometidos con hidrocarburos. No obstante, no hay información pública disponible sobre por qué no se le aplicó al actual secretario de Energía.
Monopolio en Cozumel
En Cozumel hay cinco expendios de combustible, para abastecer a 35 mil motocicletas y 20 mil autos, camiones y camionetas.
El Secretario de Energía acapara la distribución de combustible en la isla, pues junto con sus hijos Nassim y Óscar es dueño de las gasolineras Caleta, San Miguel, Servicio Cozumel y Servicios Juárez.
Gasolinera Servicio Juárez, también propiedad del Secretario de Energía
Además, en consultas realizadas en el Registro Público del Comercio de Quintana Roo se constató que Pedro Joaquín Coldwell es dueño de la empresa Planta de Combustible Cozumel, SA de CV, una terminal de hidrocarburos de PEMEX con capacidad de almacenar un millón 850 mil litros de gasolina y diésel.
Esa terminal surte a todas las gasolineras de Cozumel, pero además abastece de diésel a las embarcaciones comerciales y turísticas que llegan a la isla.
Planta de Combustible Cozumel SA de CV fue creada por Pedro Joaquín Coldwell el 1 de febrero de 1994, justo mes y medio después de haber dejado la Secretaría de Turismo, cargo que desempeñó del 5 de enero de 1990 al 14 de diciembre de 1993, durante la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari.
Gasolinera Cozumel
La distribuidora de PEMEX en Cozumel, que actualmente administran los hijos del Secretario de Energía, tenía originalmente sus instalaciones entre los muelles de cruceros y Punta Langosta, considerada la zona de mayor afluencia turística. Hace diez años se reubicó la planta a sus actuales instalaciones, en la Ciudad Industrial de Cozumel, junto a la cárcel de la isla.
En una asamblea realizada en febrero de 2007, se amplió el capital fijo de la planta a 15 millones de pesos y Pedro Joaquín Coldwell conservó el 40% de las acciones.
El Secretario de Energía también era dueño de otra distribuidora en Cozumel, de nombre Combustibles Tatich SA de CV, pero en una asamblea extraordinaria realizada en agosto de 2015, el funcionario federal donó sus acciones a sus hijos.
‘Son dueños de todo el negocio’
Los taxistas de Cozumel no mostraron sorpresa cuando se les preguntó si sabían quién manejaba las gasolineras de Cozumel.
“Los Coldwell son dueños de todo el negocio. Yo me mudé a Cozumel hace 40 años y ya tenían una gasolinera. Ahora ya tienen hasta una planta que les suministra la gasolina. No le pierden”, dijo un taxista que prefirió no dar su nombre.
La razón por la que aceptan hablar tras el anonimato es simple para ellos: “Este señor tiene a toda su familia aquí. Si uno habla en su contra, al rato ya no nos surten gasolina. Pasan el nombre y el número de unidad y ya no nos cargan de gas y pues como son los dueños de todas, pues en ninguna nos van a querer vender”, mencionó uno de ellos.
La única gasolinera de la isla que no figura a nombre de la familia Joaquín Coldwell es la estación 11504, cuya razón social es Inmobiliaria Ostuni SA de CV, establecida en 2011. En una consulta en el Registro Público aparecen como únicos dueños Juan Manuel Albino Carrillo, con 49 mil 999 acciones y Miriam Nohemí Vela López con una acción.
El aparente dueño mayoritario de la gasolinera es un contador público egresado de la Universidad de Guanajuato, que trabaja en Querétaro para un despacho contable.
Litros incompletos
En la gasolinera Combustibles y Servicios Quintana Roo SA de CV, en la que es accionista y administradora única Addy Cecilia Joaquín Coldwell, los inspectores de la PROFECO inmovilizaron seis bombas expendedoras, en dos verificaciones que realizaron en 2015 y 2016.
En una primera visita, realizada el 9 de mayo de 2015, los inspectores de PROFECO verificaron 18 bombas e inmovilizaron cinco con sellos de clausura, al haber detectado distintas irregularidades.
En una bomba la anomalía detectada se denomina “Error máximo tolerado”, que consiste en que el consumidor recibe menos combustible del que aparece en el sistema de despacho.
De acuerdo con lo establecido por la norma oficial, la tolerancia de diferencia para 20 litros despachados, debe ser de máximo 100 mililitros.
Es decir, la PROFECO tolera sin sanción que las gasolineras expendan hasta 0.5% menos combustible. Un porcentaje mayor amerita la clausura y multas, como ocurrió en 2015 con una bomba en la gasolinera de la hermana del Secretario de Energía, ubicada en la carretera a Playa del Carmen, en Cancún.
En otras cuatro bombas de la misma gasolinera, la irregularidad detectada por PROFECO se llama “Error de repetibilidad”, y consiste en la dispersión de las mediciones obtenidas al realizar 3 despachos de combustible.
El margen de dispersión entre los resultados obtenidos en un despacho de 20 litros -según la norma- no debe ser mayor de 60 mililitros (equivalente al 0.3%).
Además, una bomba tenía falla doble, pues también fue reportada con “deficiencias evidentes”, no apta para su uso por presentar desperfectos, piezas sueltas u otras fallas.
En una segunda revisión realizada el 7 de marzo de 2016, la PROFECO volvió a clausurar una bomba en la gasolinera de la hermana del Secretario de Energía, por volver a presentar “error de repetibilidad”.
Addy Cecilia Joaquín Coldwell fue legisladora en forma consecutiva de 1997 al año 2009.
De 1997 al año 2000 fue diputada federal por el PRI; luego, del 2000 al 2006 fue senadora por el mismo partido.
En el año 2005 se separó del PRI y se lanzó como candidata a gobernadora de Quintana Roo por la Coalición Todos Somos Quintana Roo (PAN-Convergencia), contienda en la que quedó en tercer lugar con el 22% de los votos.
En 2006 fue designada diputada federal plurinominal por el PAN, cargo que desempeñó hasta 2009.
También la familia del Presidente
Entre las gasolineras que el año pasado fueron sancionadas por vender litros incompletos están tres que pertenecen a la familia del presidente Enrique Peña Nieto.
Se trata de las estaciones de servicio 4983, 8246 y 11253, ubicadas en Atlacomulco, las cuales son operadas por las empresas Inmobiliaria Hemajo y Servicios Ata SA de CV.
Los accionistas de ambas empresas son Mayolo del Mazo Alcántara y Mayolo Rodrigo del Mazo del Mazo, tío y primo en segundo grado respectivamente del Presidente de México.
El 18 de mayo de 2016, los inspectores de la PROFECO inmovilizaron con sellos dos bombas en la estación 11253, ubicada en la carretera Atlacomulco-El Oro, kilómetro 8.
Familiares del presidente están en el negocio
Las causales de la clausura fueron que se detectó “Error máximo tolerado” en una bomba y “Error de repetibilidad” en otra. Las dos irregularidades significan que vendían litros incompletos.
El mismo error fue detectado dos meses después, también en dos bombas, en otra visita de inspección realizada a la estación 8246, ubicada en libramiento Jorge Jiménez 1098, en Atlacomulco.
Esta misma estación ya había sido sancionada en diciembre de 2014, cuando PROFECO detectó irregularidades en tres bombas, que ameritaron la clausura parcial.
La estación 4983 –también propiedad de la familia paterna del Presidente- ubicada en el bulevar Isidro Fabela Sur 600, fue sancionada porque en una visita realizada en mayo del año pasado, se detectó una bomba con errores o dispersión en el despacho de combustible.
El titular de PROFECO se auto-revisa
Ernesto Nemer Álvarez es el funcionario federal responsable de verificar que las gasolineras del País vendan litros completos, aunque su familia está metida en el negocio.
Los hijos del titular de la PROFECO son accionistas de la estación de servicio 8640, que tiene la razón social ECV, SA de CV, ubicada en la vialidad Toluca-Naucalpan 732, en la colonia San Mateo Otzacatipan, en la capital del Estado de México.
Nemer fue nombrado Procurador Federal del Consumidor el 1 de marzo de 2016, y desde entonces los empleados a su cargo han acudido a realizar dos visitas de inspección a la gasolinera que él mismo fundó con sus hijos y su esposa.
El 20 de mayo de 2016 – a los dos meses de haber asumido la titularidad de PROFECO- se realizó la primera verificación a 16 máquinas expendedoras de combustible. Hubo cero bombas inmovilizadas o sancionadas porque no se encontraron irregularidades.
Sus inspectores de PROFECO volvieron a verificar la gasolinera el 15 de noviembre de 2016, y de nuevo ninguna manguera fue inmovilizada.
La gasolinera la creó en 2006 en sociedad con Carolina Monroy del Mazo, diputada federal, secretaria general del PRI y prima del Presidente Enrique Peña Nieto, constató Mexicanos contra la Corrupción en consultas realizadas en el Registro Público.
Su gasolinera ECV lleva la primera letra de sus hijos Ernesto, Carolina y Verónica, quienes también son socios minoritarios de la empresa.
El director de PROFECO reconoció haber sido dueño de la gasolinera, la que fundó en el año 2006 con el 75% del capital.
Ernesto Nemer, titular de Profeco, aseguró que en enero de 2016 cedió sus acciones a su entonces esposa Carolina Monroy -secretaria general del PRI-, aunque según un documento que presentó, esa operación la formalizó ante el notario Jorge Valdés Ramírez hasta el 1 de marzo, el mismo día que fue nombrado titular de la PROFECO por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Ese trámite no aparece en los movimientos reportados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México al sistema del Registro Público de Comercio.
La diputada Carolina Monroy y los hijos de Nemer son los actuales dueños de la gasolinera ECV.
Permisos exprés a funcionarios
Con la reforma energética, todas las gasolineras del país debieron tramitar un nuevo permiso ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que es ahora la autoridad competente para la comercialización de hidrocarburos.
Las gasolineras del Secretario de Energía presentaron su solicitud de permiso el 9 y 10 de septiembre de 2015, y el pleno de la CRE se los otorgó el 1 de octubre del mismo año, es decir, en menos de un mes. Ese documento es indispensable para vender combustible, en el nuevo entorno de abierta competencia.
Pero todavía más rápido fue el trámite a favor de la gasolinera del Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, pues su solicitud la presentó ya casi en el límite del plazo el 30 de noviembre de 2015, y el permiso definitivo se lo otorgó la CRE a los tres días.
En contraste, hubo empresarios que tuvieron que esperar hasta tres meses para obtener el permiso.
Por ejemplo, según las bases de datos de la CRE, el Grupo Gasolinero Romcal de Coahuila, Grupo Octano en Nayarit, Grupo Empresarial Cachanilla de Baja California y Multiservicios La Pilarica en Sinaloa, iniciaron el trámite en mayo de 2015 y el permiso a sus gasolineras se les otorgó hasta agosto.
El pasado sábado 7 de enero, el secretario de Energía dijo a los mexicanos que nos debemos “acostumbrar” a que no haya un precio único en las gasolinas, sino muchos precios regionales y que éstos serán oscilantes.
Ese mismo día, Joaquín Coldwell dijo lo siguiente ante ola de protestas por la liberación de los precios en esos combustibles: “Hay un clima preelectoral muy fuerte en el país y sí se nota que hay interés político de todos en sacar partido de esta situación que estamos pasando”. Él y su familia han aprovechado que los permisos de venta de combustible puedan refrendarse a servidores públicos, incluso cuando trabajen para el sector energético. (Aristegui Noticias)
