El gobierno mexicano se ha dedicado a espiar a comunicadores, activistas y defensores de los derechos del consumidor al menos desde 2014, a través de un sistema de malware (software malicioso) o “código maligno” conocido como Pegasus.
Ese sistema, denunciaron hoy las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, Amnistía Internacional, Artículo 19, Social TIC y Acceso Now, se descarga sigilosamente en los teléfonos móviles o en computadoras portátiles, dándole control al atacante y permitiéndole el acceso a todos sus archivos guardados, así como a otras utilidades, como la cámara de video, el micrófono o el GPS, entre otros.
Este lunes las ONG presentaron el informe de Citizen Lab, donde se demostró el uso de este malware altamente sofisticado para espiar a tres promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y otras regulaciones para combatir la obesidad en 2016.
El espionaje se orientó contra el doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, coordinador de la coalición Contra PESO.
Los tres recibieron entre el 8 de julio y el 17 de agosto pasado diferentes mensajes vía SMS con enlaces que tuvieron el propósito de infectar sus dispositivos móviles.
Este ataque se hizo a través de un sistema fabricado por el grupo israelí NSO Group. El informe de Citizen Lab demostró que el mismo sistema ha sido utilizado desde 2014 para espiar ilegalmente a periodistas.
Las organizaciones que convocaron a una rueda de prensa advirtieron que interpondrán una demanda penal ante la PGR y CNDH para exigir una “investigación seria e imparcial” que permita identificar y sancionar a los responsables de la vigilancia ilegal que vulnera el derecho a la privacidad e inhibe el ejercicio de la libre expresión.
“Esto es apenas la punta del iceberg”, afirmó Juan Manuel Casanueva, de la organización Social TIC, al tiempo que Ana Ruelas, de Artículo 19, indicó que muchos ciudadanos “podríamos estar siendo espiados sin saberlo”.
Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, admitió que no sólo son “incómodos” para la industria refresquera sino también para sus aliados en el gobierno.
Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, exigió una investigación seria, objetiva e imparcial para conocer a los autores intelectuales y materiales del ataque. (Fuente: Proceso)
