Los 25 inmuebles que hace un mes aseguró la Procuraduría General de la República (PGR) en Quintana Roo, presuntamente propiedad del ex gobernador Roberto Borge Angulo, están distribuidos en siete de los 11 municipios y la mayoría se concentran en las demarcaciones de Cozumel, Cancún, Tulum y Playa del Carmen, que gozan de mayor actividad económica.
La coincidencia es que la mayoría de estos predios están ubicados en zonas costeras y su valor actual es de 5 mil millones de pesos, pero fueron rematados durante la administración pasada a favor de familiares, empleados y colaboradores de Borge, entre ellos su madre María Rosa Yolanda Angulo Castilla, relacionada con cuatro contratos de compraventa.
Otros presuntos prestanombres de Borge que figuran como propietarios de inmuebles son César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge; Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del ex mandatario y Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de expansión de la empresa Corpogas, que controla la distribución de gasolina en el sureste del país. Jiménez Moreno figura como propietario de 10 de estos predios, por los cuales pagó en total 89 millones 894 mil 999 pesos cuando el precio real del momento en que fueron adquiridos era de 904 millones 470 mil 334 pesos, con lo cual se presume cometió un desfalco por la cantidad de 814 millones 575 mil 335 pesos, de acuerdo a un informe al que tuvo acceso Luces del Siglo.
El segundo en esta lista es Méndez Montoya, relacionado con la compra de seis predios por los cuales pagó 11 millones 534 mil 699 pesos, mientras que el valor real era de 200 millones 485 mil 970 pesos, una diferencia de 188 millones 951 mil 271 pesos. En tercer lugar se ubica la señora Angulo Castilla, quien adquirió cuatro inmuebles en 28 millones 547 mil 182 pesos, cuando el valor real era de 149 millones 798 mil 851 pesos, con lo que se calcula que el desfalco fue de 121 millones 251 mil 669 pesos.
Y en el caso de González Hermosillo, socio mayoritario de la naviera Barcos Caribe así como de la empresa Caracol 65 que fue beneficiada con el “regalo” de otros predios de patrimonio del estado, en esta lista sólo posee un inmueble por el que pagó 1 millón 989 mil 932 pesos, por el que debió pagar 9 millones 794 mil 826 pesos, una diferencia de 7 millones 759 mil 894 pesos. En la lista también figura Jorge Luis Cárdenas Bazán, quien se desconoce cuánto pagó por un terreno de 3 mil 029 metros cuadrados en Isla Mujeres, cuyo valor en el momento de compra era de 118 millones 458 mil 508 pesos.
Por último, también se vincula a las empresas Rancho La Posadita S.A. de C.V. y Posada Diving Ranch S.A.P.I., con la compra de un terreno, cada una, en la zona de Mahahual del municipio de Othón P. Blanco, por los que pagaron en total 11 millones 319 mil 625 pesos, cuando el costo real calculado era de 314 millones 842 mil 116 pesos, una diferencia de 303 millones 522 mil 491 pesos. Ante estos señalamientos, en días pasados el representante legal de ambas empresas, José Manuel Caballero, envió un derecho de réplica e hizo público un desplegado en el sentido de que no son prestanombres del ex gobernador Roberto Borge ni se vieron beneficiados con algún remate de bienes. Según Caballero, de forma errónea se está incluyendo como parte de estos dos terrenos, otro que desemboca en la playa y el cual los socios de estas empresas compraron a un particular que desde 2005 ya había instalado ahí un pequeño hotel, que fue arrollado por el paso del huracán Dean en 2007 y que a ellos se les vendió en ruinas.
“Los que se adquirieron en la administración pasada fueron unos terrenos contiguos que se requerían para hacer un tramo carretero por el cual se pudiera llegar más directo al hotel, hay una confusión de terrenos que lo único que está provocando es causarle agravios a mis representados”, apuntó. El pasado 24 de febrero, a través de un comunicado, la PGR anunció el aseguramiento de estos 25 inmuebles y dijo que son parte de una investigación que realiza la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“El Ministerio Público Investigador ordenó se realizaran todas y cada una de las diligencias necesarias para la correcta investigación de los hechos, con lo que se pudo concluir, de manera provisional, la existencia de irregularidades en el proceso de enajenación de los inmuebles, además de que se logró corroborar que, en su totalidad, los inmuebles, en promedio, se vendieron aproximadamente al 6 por ciento de su valor comercial. “Por ello, con la finalidad de evitar la destrucción de elementos de convicción y de salvaguardar la eficacia patrimonial del estado de Quintana Roo, la PGR decretó el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles, cuyo valor comercial rebasa los 5 mil millones de pesos”, indicó la dependencia. (Luces Del Siglo)
