Es la playa que registra la mayor anidación de tortuga marina caguama y blanca en México. También de las más hermosas de Quintana Roo, con vegetación de manglar, matorral costero y selva, sin contar con la espectacularidad de azules de su mar. Es un símbolo del movimiento ciudadano que, al asomo del Siglo XXI, logró mantener vírgenes y para el disfrute público, terrenos que se habían vendido a empresas españolas para el desarrollo de un megacomplejo hotelero, que finalmente fue cancelado al comprometer la demanda de agua en la localidad de Chemuyil, cercano a la zona.
Su nombre es XcacelXcacelito, bahía entre Akumal y Tulum y área natural protegida de carácter estatal, en la cual se cometió uno de los fraudes más escandalosos de la administración del ex gobernador, Roberto Borge. Esa es la percepción de los dueños y representantes legales de la empresa española Galapazul, que poseía ahí un terreno de poco más de 200 mil metros cuadrados con frente de playa, el cual les fue presuntamente arrebatado por el gobierno de Borge Angulo. Los datos registrales del inmueble fueron borrados del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC), desconociendo la propiedad de sus dueños reales.
Al terreno se le anexaron –indebidamente un promedio de 200 mil metros cuadrados más, para hacer una extensión total de 467 mil 904.86 metros, con un frente de playa. A través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), encabezado entonces por Claudia Romanillos, el terreno fue vendido el 22 de diciembre del 2011, oficialmente, en 23 millones 395 mil 243 pesos, a plazos, mediante un contrato de confidencialidad, a Santiago Samuel Jiménez Moreno, representante legal de la empresa “Desarrollo de Xcacel y Protección a la Tortuga Marina S.A. de C.V.”. Jiménez Moreno es o fue director de Expansión de Corpogas, vinculado con el empresario gasolinero, Ricardo Vega Serrador, quien se vio beneficiado con la compraventa de varios predios en el estado, durante el sexenio de Borge y también de su antecesor, Félix González Canto.
Santiago Samuel figura también como representante legal de 10 de los 25 predios que, en febrero pasado, fueron asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR) en Cancún, Solidaridad, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco, como parte de los remates a precios subvaluados del patrimonio territorial del estado, con un daño estimado en 121 millones de pesos. Baste decir que el metro cuadrado de ese terreno de 467 mil 904.86 metros cuadrados en Xcacelito, se vendió a 50 pesos el metro cuadrado, de acuerdo con el contrato de compraventa, el cual establece una cláusula inédita que obligaba a que la operación de compraventa se clasificara como confidencial, argumentando que “la inseguridad en el país genera gran incertidumbre en los inversionistas” y que la difusión de la información contenida en el documento haría presumir “una gran capacidad económica” de la empresa que compró.
De acuerdo con el listado de 25 predios asegurados por la PGR y los datos que emanan de éste, durante el 2014 se registraron varios movimientos con relación a XcacelXcacelito. El seis de mayo de ese año se firmó un convenio modificatorio; el 22 de ese mismo mes, se expidió el título de propiedad a favor de “Desarrollo de Xcacel y Protección a la Tortuga Marina S.A. de C.V.”, pero la superficie del terreno vuelve a variar y aumenta, de 467 mil 904.86 metros, a 474 mil 817.19 metros. En dicho listado, que ayer dio a conocer este diario, se indica que el precio real, en que debió venderse el terreno costero, alcanzaba los 219 millones 058 mil 792.89 pesos, no los 23.3 millones de pesos en que se vendió. El estado perdió en esa venta 195 millones 663 mil 549.89 pesos, si el predio hubiese sido realmente suyo; sin embargo, el dueño real era la empresa Galapazul, despojada de origen de su inmueble, sin contar con el dueño de los 200 mil metros cuadrados que se anexaron al predio arrebatado a la empresa española y vendido a Jiménez Moreno. El predio en 2016 se valuó en 237 millones 408 mil 595 pesos. (Luces Del Siglo)
