En el despojo de 19 departamentos de la Torre Maioris en este destino turístico del sureste, un personaje clave dentro de esta trama de corrupción es la titular de la Notaría Pública Número 22 de Isla Mujeres, Yolanda Solís Olveres.
La fedataria enfrenta una denuncia por lavado de dinero y delincuencia organizada que la responsabiliza de avalar la compraventa de inmuebles bajo un esquema fraudulento que llegó hasta la falsicación de rmas, como ya evaluó un perito de la Fiscalía General del Estado.
El esquema empleado por la notaria consistió en validar una supuesta compra de los departamentos realizada en 2011 con títulos de propiedad falsos pero reconocidos “legalmente” hasta 2015 a propietarios que, “coincidentemente”, se encontraban en las mismas circunstancias económicas para justicar la demora de la titulación cuatro años después.
La gura de “dación en pago”, dice el abogado promotor de la denuncia, Francisco Siman Carpio, fue para sacarle la vuelta a tener que declarar el dinero en efectivo que los mismos compradores reconocieron haber pagado a la administración del complejo residencial, por mandato de la Ley Federal de Lavado de Dinero en vigor desde 2012.
“Es un esquema muy burdo que dejó huellas de su mala operación, con la gura de dación en pago se aparentó que el dinero en efectivo se los habían pagado en 2011, para evadir los efectos de la Ley de Lavado de Dinero de 2012, por eso la denuncia contra la notaria es por lavado de dinero y delincuencia organizada”, explica el abogado. Dicha denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República desde noviembre pasado y se espera que en las próximas semanas la dependencia informe al equipo de abogados sobre los avances en el caso.
Paralelamente, Siman Carpio encabeza la defensa en otra denuncia, la AP/ZN/CAN/01/03/3358/6-2015, por fraude y despojo en contra de los “propietarios” de los 19 departamentos de la Torre Maioris. En este expediente se aportan las pruebas con que el abogado demuestra la venta ilegal de los departamentos a personajes que sirvieron a los dos últimos gobiernos priistas y que fueron beneciados con estos departamentos.
Por ejemplo, cita el caso del departamento 82 que supuestamente el 11 de octubre de 2011 fue adquirido por Arturo Rojas Ortiz, por la cantidad de 3 millones 109 mil 684 pesos, pero después de haberlo titulado en 2015, lo vende el 20 de mayo de 2016 en 3 millones 500 mil pesos a la empresa Levantando Cimientos S.A. de C. V., 550 mil pesos en efectivo, el límite de lo que permite la Ley de Lavado de Dinero, y los otros 2 millones 950 mil en pagos parciales durante seis meses.
Otro caso es el de Yenisleidy León González, “propietaria” de los departamentos 90 y 26, por los cuales el 15 de noviembre de 2011 pagó las cantidades de 3 millones 179 mil 066 pesos y 4 millones 126 mil 463 pesos, respectivamente.
En 2015, cuatro años después, los tituló y el 7 de junio de 2016 vendió ambos, el departamento 90 en 3 millones 500 mil pesos y el 26 en 3 millones 917 mil pesos, casi 150 mil pesos menos que los que originalmente León González pagó. La falsicación de rmas fue otra de las ilegalidades que la notaria 22 avaló, como quedó demostrado con el dictamen del perito ocial Darío Esquivas Gutiérrez, responsable de la pericial en materia de Caligrafía, Grafoscopía y Grafometría.
“Todas estas son evidencias contundentes de que en el despojo de estos departamentos operó toda una estructura de personas con apoyo desde el poder y desde luego la notaria número 22 de Isla Mujeres, Yolanda Solís”, apunta el abogado. (Luces Del Siglo)
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