Desde hace 4 años el ciudadano mexicano Fabricio Torres Cuéllar está atrapado en China a causa de una restricción impuesta por autoridades locales a causa de una demanda en contra de la empresa para la que trabajaba como Gerente General.
Originario de San Luis Potosí, Fabricio viajó a Shanghái en marzo de 2011 para trabajar en un restaurante de comida mexicana propiedad de un connacional y su socio chino. A finales de 2012 fue nombrado Gerente General y asumió la representación legal de la empresa Molan, que además del restaurante, distribuía tequila y cerveza en China.
Sin embargo, a principios de 2013 Fabricio presentó su renuncia e intentó regresar a México. Al pasar migración en el aeropuerto de Shanghai le informaron que existía una restricción migratoria en su contra y le impidieron salir el país.
“Cuando llego al aeropuerto de Shanghái, al intentar cruzar las ventanillas de la aduana, me detienen, me dicen que no puedo cruzar. No me dan más explicaciones, simplemente que no puedo salir de China”.
Sin saber de qué se trataba, el potosino comenzó a investigar y se percató de que Molan, la empresa para la que laboró en Shanghai, incumplió el contrato de arrendamiento del inmueble en el que operaba y fue demandada. Los dueños desaparecieron.
Acudió a solicitar ayuda del consulado mexicano en Shanghai pero le dijeron que no contaban con los recursos ni herramientas para resolver su caso y entonces decidió contratar por su cuenta a un abogado. Después otro y otro. En total lleva tres.
Su visado de trabajo expiró en julio de 2013 y hasta la fecha no ha podido regularizar su situación migratoria. Fabricio no puede trabajar formalmente ni arrendar una vivienda, tampoco puede ir al banco o andar tranquilo por las calles ante el temor de ser detenido por alguna autoridad migratoria. Sobrevive gracias al dinero que le envía su familia y algún amigo le ayuda para poder cobrarlo.
Y a pesar de que Fabricio ya no mantiene ningún vínculo formal o informal con la empresa y legalmente ya no está relacionado con ella, la restricción migratoria sigue vigente.
Fabricio está seguro de su inocencia y reprocha la falta de capacidad e interés de las autoridades mexicanas para lograr su repatriación. Comenta que una ocasión no acudió a un citatorio con las autoridades chinas debido a que el consulado mexicano le notificó tres meses después de la fecha. Su madre en México tiene registro de todo el caso.
Apenas en noviembre de 2016 el gobierno mexicano le propuso contratar los servicios de unos abogados que llevarían una estrategia legal de tres etapas que podría concluir hasta dentro de 5 años.
Le ofrecieron absorber el costo sólo de la primera etapa y Fabricio debería pagar las dos restantes. Esto, con la condición de que firmara una carta aceptando este acuerdo, además de deslindar a las autoridades de cualquier responsabilidad.
Rechazó la oferta y prácticamente continúa solo su proceso con la ayuda de su familia, amigos y algunas organizaciones como Acción Migrante.
Asegura que en ningún momento ha pedido que el gobierno mexicano cubra el pago de 2 millones de yuanes, equivalentes a unos 5 millones de pesos, que la justicia china condenó a pagar a la empresa para la que prestaba sus servicios, pues no tiene responsabilidad en ese juicio.
El 15 de marzo se subió a la plataforma Change.org una petición para la Repatriación de Fabricio y hasta el momento ha recaudado 553 firmas. La carta también ya ha sido entregada al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas.(Debate.com)
