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(BBC MUNDO).- Primero fue Cecilio Pineda en Guerrero. Luego Ricardo Monlui en Veracruz, a quien siguió Miroslava Breach en Chihuahua. Hace unos días la víctima fue Maximiliano Rodríguez en Baja California Sur.
Los cuatro eran periodistas, asesinados en México en menos de dos meses, entre marzo y lo que va de abril.
Estos homicidios forman parte de una ola de ataques en contra de comunicadores que pocas veces se había visto en el país.
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Incluso las autoridades reconocen que estas semanas fueron particularmente inusuales, pues a la violencia cotidiana se añadió el cambio de gobierno en algunos estados como Veracruz y Chihuahua.
«La situación del país no ayuda, la violencia se recrudece en procesos electorales», le dice a BBC Mundo Patricia Colchero, jefa de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Pero más allá de la coyuntura, organizaciones civiles creen que el ambiente para ejercer el periodismo ha empeorado, sobre todo porque los crímenes permanecen impunes.
Un estudio de Artículo 19 (organización que defiende la libertad de expresión) señala, por ejemplo, que el 99,75% de las 427 agresiones a comunicadores cometidas en 2016 no fueron castigadas.
La mayor parte de los delitos se cometieron hacia periodistas que trabajan en medios pequeños fuera de la capital del país.
Los periodistas, entonces, parecen más desprotegidos que el resto de las víctimas del crimen: en México el 98% de los delitos no son sancionados, según el gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).
Pero lo más grave, sostienen activistas, es que existen leyes y dependencias gubernamentales para proteger a comunicadores.
A pesar de ello no ha sido posible frenar las desapariciones, amenazas y homicidios de periodistas. Desde el 2000 han sido asesinados 122 periodistas en el país.
Y según periodistas y organizaciones de derechos humanos, una parte del problema es que los organismos públicos para atender a comunicadores no funcionan correctamente.
La historia
En 2010 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que forma parte de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).
Dos años después nació el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación.
La FEADLE se encarga de investigar las agresiones a comunicadores y atrapar a los responsables, pero según Artículo 19 desde su nacimiento sólo ha conseguido que 3 casos hayan concluido en una sentencia a los agresores.
El Mecanismo, en cambio, fue creado para ayudar a los periodistas en riesgo mediante acciones urgentes de protección.
De acuerdo con el nivel de riesgo de los periodistas que soliciten apoyo se les puede asignar, por ejemplo, una aplicación en su teléfono móvil para solicitar auxilio de inmediato.
A esto se le conoce como “botón de pánico”, y se acompaña de un monitoreo constante de las actividades del comunicador.
Pero en casos más graves se establecen otras medidas, como asignar guardaespaldas o en situaciones extremas mover a los periodistas de la zona donde trabajan y enviarlos a casas de seguridad.
Derechos de autor de la imagenALFREDO ESTRELLA/AFPEl Mecanismo también debe estar pendiente de las amenazas y agresiones a comunicadores que se denuncien en los medios. Cuando se detecta alguna situación de riesgo debe contactar a los afectados.
Y además parte de su trabajo es prevenir situaciones de peligro, especialmente en las zonas donde existe más violencia como Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero o Veracruz.
Sin embargo, con frecuencia la teoría no coincide con la realidad, señalan organizaciones y periodistas.
«El Mecanismo desde un principio ha tenido problemas de presupuesto, de falta de personal y protocolos de seguridad«, le dice a BBC Mundo Jan-Albert Hootsen, corresponsal en México del Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
«Se ha ido resolviendo con los años pero obviamente, cuando hay un ambiente de tanta violencia contra los periodistas ganarse su confianza es un problema en México».
Dinero
La falta de confianza de los periodistas es una realidad, reconoce Patricia Colchero, quien también es responsable del Mecanismo de protección a periodistas.
Cuando la dependencia se creó, hace 5 años, «nadie sabía cómo hacer un análisis de riesgo para periodistas y defensores, no había dinero para medidas de protección», cuenta.
«El inicio fue muy complicado, la gente empezó a desconfiar porque no daba los resultados que se esperaban».
Derechos de autor de la imagenALFREDO ESTRELLA/AFPAhora la dependencia mantiene medidas de protección a 509 personas, y de ellos 244 son periodistas. El resto son defensores de derechos humanos.
Pero surge otro problema: para este 2017 ni la Secretaría de Hacienda ni el Congreso asignaron recursospara garantizar las medidas de protección del Mecanismo.
Desde enero pasado la dependencia funciona con los remanentes de un fideicomiso creado hace varios años, pero las reservas de aproximadamente 180 millones de pesos (US$9,5 millones) se terminarán en septiembre próximo.
«Estamos gastando 17 millones de pesos al mes (US$895.000) pero está aumentando el número de ingresos» al organismo, es decir, periodistas y defensores en riesgo.
Hace unas semanas la Secretaría de Gobierno solicitó recursos adicionales para el Mecanismo, pero hasta ahora el Congreso no los ha autorizado.
El dinero, sin embargo, es una parte del problema le dice a BBC Mundo Leopoldo Maldonado, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.
«No hay una política integral de protección a la prensa. Si no se ataja la impunidad el problema no se va a terminar«.
«Se pueden dar medidas a los periodistas en riesgos como hace el mecanismo, pero si no se ataca la impunidad en términos de quiénes son los perpetradores no habrá éxito».
Los agresores
Sin embargo, la violencia contra periodistas mexicanos es más compleja que el trabajo del Mecanismo o la FEADLE.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESOrganizaciones como Artículo 19, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Red de Periodistas de a Pie han documentado que muchas agresiones ocurren en ciudades pequeñas o regiones con conflictos sociales.
Las autoridades señalan que los autores de los ataques son carteles de narcotráfico o bandas de crimen organizado.
Pero en realidad más de la mitad de las agresiones provienen de autoridades de los distintos niveles, señala Leopoldo Maldonado.
Es una de las razones por las que no se puede frenar la violencia contra periodistas.
La otra es que las autoridades «siempre tratan de descartar el ejercicio periodístico como una causa de las agresiones, buscan hipótesis como crimen pasional o rencillas personales».
Y así, insiste, es complicado terminar con las agresiones a los periodistas mexicanos.
