Los ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) y Puerto Morelos, ambos municipios gobernados por el Partido Verde Ecologista de México destacan pero por su opacidad, pues ninguno de los dos ha registrado dato alguno en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), es decir, no ha cumplido con las por lo menos 50 obligaciones de Transparencia que le mandata el artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo.
Así pues, en el SIPOT no se consigna ni información mínima como el marco normativo, la estructura orgánica, las facultades de cada área, las metas y objetivos de cada área, o el directorio de todos los servidores públicos.
Menos aún, los ayuntamientos rinden cuentas sobre la remuneración bruta y neta de cada uno de los empleados; los nombres de las personas contratadas por honorarios y qué servicio prestan; las declaraciones de la situación patrimonial, fiscal y conflicto de interés; el padrón de beneficiarios de programas sociales; ni la relativa a los montos destinados a comunicación social y publicidad, precisando el nombre de las personas físicas y morales que reciben recursos por este concepto.
Sobre las finanzas de los ayuntamientos gobernados por los del PVEM no se puede saber ningún dato, ya que no se tiene información sobre el presupuesto asignado, los informes del ejercicio trimestral del gasto, la deuda pública, los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y el resultado de la dictaminación de los estados financieros.
A pesar de que el tres de mayo pasado, funcionarios municipales de Cancún anunciaron en conferencia de prensa un “Benito Juárez de 10” en materia de transparencia, la realidad es totalmente opuesta, pues en el SIPOT no se ha consignado ninguna información ni dato, y la página de transparencia del ayuntamiento, presentada ese día como de gran “innovación”, no funciona.
Por su parte, la ex priista Laura Fernández Piña y quien recientemente se afilió al PVEM ha destacado en su administración como una de las funcionarias más opacas, pues no solo ha incumplido con el rubro de transparencia en el sitio del ayuntamiento de Puerto Morelos, y en el SIPOT, sino su administración ha sido omisa en dar respuesta a ciudadanos que han tenido que transitar por un verdadero viacrucis para obtener información parcial y datos incompletos, al grado de que solo a través de un amparo promovido por un integrante del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) se logró obtener información sobre el número de empleados que tiene el ayuntamiento.
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Solidaridad, tarea a medias y mal hecha
Solidaridad (Playa del Carmen), municipio gobernado por Cristina Torres, política priista que fue arropada por la alianza PAN-PRD, al igual que el actual gobernador Carlos Joaquín González, es la que cumplió mayormente con el registro de datos en la Plataforma Nacional de Transparencia, comparada con el resto de los municipios de la zona norte de Quintana Roo, todos caracterizados por basar su economía en el turismo. Sin embargo, la calidad de los datos es en la mayoría de los casos parcial, incompleta e incomprensible.
Así en el la obligación relacionada con el marco normativo aplicable, tiene 81 registros; en la de la estructura orgánica muestra 16 registros, de los cuales 15 corresponden al Instituto del Deporte y uno al Instituto de las Mujeres.
La fracción IV del artículo 91 de la Ley de Transparencia que requiere información sobre “metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos”, el ayuntamiento de Solidaridad tiene 124 registros en los que todas las dependencias y áreas tienen el único objetivo de “cumplir con la responsabilidad ética de generar servicios de calidad con un manejo transparente y honesto de los recursos públicos”.
Sobre los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer los sujetos obligados, se cuentan con 92 registros, de los que no se puede deducir información clara, comprensible y menos útil para el ciudadano. En similares circunstancias está la fracción VI, relativa a “los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, así como indicadores de impacto y evaluación de los proyectos, procesos y toda otra atribución de funciones” espacio que no provee de información que el ciudadano pueda considerar como una verdadera rendición de cuentas.
El directorio de servidores públicos tiene 1,045 registros; en facultades del área, se tienen 196 registros; en gastos en gastos por concepto de viáticos se encuentran 128 registros, pero no se detalla quién utilizó los viáticos; en contrataciones de servicios profesionales, figuran 44 registros pero sin especificar el monto pagado, la función o trabajo prestado ni la remuneración mensual.
Sobre la fracción XXVII relativa a “las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones (…)”, se tienen 127 registros, de los cuales la mayoría son información de convenios de otorgamiento de créditos de programas y permisos de uso de la vía pública.
En apartados como Ia remuneración bruta y neta no hay registro alguno, tampoco en el total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza, en la declaración de situación patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses; en las convocatorias a concurso para ocupar cargos públicos, en el padrón de beneficiarios de programas de subsidios, estímulos y apoyos; las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos, sanciones administrativas, los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña, objeto de la misma, fecha de inicio y de término.
Los otros municipios de la zona norte que también incumplieron con la transparencia son Cozumel, gobernado por la panista Perla Tun, que registró información alguna en el SIPOT, en tanto que Isla Mujeres, administrado por el priista Juan Carrillo, registró mínimos datos.
(Somos Tus Ojos»
