Por fin, Congreso acepta la propuesta del gobernador para abrogar Ley Borge
La Diputación Permanente dio entrada a la iniciativa del gobernador Carlos Joaquín González, para abrogar la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo -conocida como Ley Borge- que se encuentra vigente.
El mandatario envió dicha propuesta desde el pasado 16 de mayo, dos días después de que se comprometiera públicamente a abrogar dicha ley, la cual fue decretada por el exgobernador Roberto Borge y la cual ha sido señalada por el Colectivo de Periodistas de Quintana Roo -el cual también reúne a defensores de derechos humanos- como un instrumento legal para coartar la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.
En el documento presentado ante el Congreso, el gobernador argumenta que esta ley fue duramente criticada por algunos sectores de la sociedad, principalmente por periodistas, quienes fueron difamados y perseguidos desde el gobierno -en referencia al de su antecesor, Roberto Borge- y que, además tiene deficiencias de forma y contenido.
Asimismo, recuerda en su propuesta que la Ley Borge fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se pronunció al respecto de la inconstitucionalidad de diversos artículos.
El Ejecutivo estatal también subrayó en la exposición de motivos que el gobierno anterior no realizó ninguna acción para la aplicación de esta ley e, incluso, que no se elaboró su reglamento, entre otras irregularidades.
Cabe recordar que esta propuesta fue originada por las exigencias del Colectivo de Periodistas de Quintana Roo, el cual recalca la contradicción de crear mecanismos locales de protección a periodistas, cuando más del 80 por ciento de las agresiones a este gremio proceden de los gobiernos estatales.
También, como respuesta de la exigencia del Colectivo, que agrupa a periodistas y defensores de derechos humanos de varios municipios, el Congreso estatal realizó tres foros de consulta para elaborar un dictamen de ley que sustituya a la conocida Ley Borge. Sin embargo, sólo se realizaron tres, en lugar de los 11 que se pedían.
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