Congreso busca a Juan Pablo Guillermo para comparecer

Congreso llama a comparecer a Juan Pablo Guillermo; ahora falta que lo encuentren
Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas del gobierno de Roberto Borge, fue será citado a comparecer ante el Congreso para que explique las diversas irregularidades durante su gestión, principalmente por los 220 millones correspondientes al cobro de impuestos al hospedaje, los cuales no fueron canalizados a los fideicomisos de promoción turística.
El presidente de la comisión Instructora de Análisis sobre la determinación del juicio político en contra del exfuncionario en el Congreso local, Emiliano Ramos Hernández, informó que la cita de la comparecencia está programada para el próximo 10 de julio.
Juan Pablo Guillermo será notificado en su domicilio legal, aunque la ley también prevé que pueda comparecer por escrito. En caso de no hacerlo, el exfuncionario habrá renunciado a su derecho de audiencia, la cual es una garantía constitucional que sirve para poder defenderse.
También será citada ese mismo día, pero en un horario diferente, la presidenta de la asociación civil Somos tus Ojos, Fabiola Cortés, como promotora de la denuncia de juicio político en contra de Guillermo Molina, y a , así como a personal de la Auditoría Superior del Estado para que proporcionen información sobre este caso.
Sin embargo, surge una duda, si en realidad el exresponsable de las finanzas públicas del gobierno de Roberto Borge recibió la notificación en su domicilio, pues según reportes periodísticos, no se sabe del paradero de Juan Pablo Guillermo.
El 26 de junio pasado, el Juzgado Primero de Distrito no otorgó los amparos solicitados a varios exfuncionarios, entre ellos al propio Juan Pablo Guillermo.
El temor de una posible fuga se fundamenta en que Guillermo Molina tenía una audiencia judicial para el análisis de su solicitud, a la que no se presentó y ni siquiera envió una declaración escrita a través de su abogado, con lo que prácticamente daba su causa como perdida y, por ende, se cree que probablemente haya huido.
Avalan ayuntamientos reforma anticorrupción
Con el aval de los ayuntamientos Lázaro Cárdenas, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Othón P. Blanco y José María Morelos, avanzan las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, que darían pie a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.
A través de un comunicado, el Congreso estatal explicó que se trata de las iniciativas de Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo, y de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
La primera iniciativa pretende expedir una Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo, en la cual se incorporan aspectos preventivos contra la corrupción mediante el establecimiento de principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos.
También se propone incorporar al sector privado que interactúa con el sector público y que participen en actos de corrupción, al régimen de responsabilidades y podrán estar sujetos a sanciones económicas, inhabilitaciones para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como indemnización por daños y perjuicios a la hacienda pública, quedando como instancia responsable de estas sanciones el Tribunal de Justicia Administrativa.
Y se propone incorporar la figura de denuncia anónima y establece que se debe mantener en carácter de confidencial la identidad de personas que denuncien actos de corrupción.
La segunda iniciativa busca realizar adecuaciones al Código Penal para que el ministerio público pueda sancionar los actos de corrupción, para lo cual es necesario delimitar las reglas generales para determinar la comisión de delitos de corrupción y la regularización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con el objetivo de mitigar la impunidad que suele caracterizar a los delitos de corrupción.