-> CRÓNICA DE UNA CORRUPCIÓN DOCUMENTADA: ROBERTO BORGE Y FÉLIX GONZÁLEZ CANTO
Zátrapa. Lacra. Lumpen. ¿Cómo definir al ex gobernador de Quintana Roo? Roberto Borge Angulo es la esencia del PRI. Su padre, Roberto Borge Martín, fue procesado como cualquier criminal luego de ser detenido en diciembre de 1994, acusado de evasión fiscal por 3.5 millones de pesos. El entonces presidente Ernesto Zedillo no quiso interceder ante el clamor de la familia, entre ellos Miguel Borge Martín, quien se desempeñó como gobernador en el salinato (1987-1993). La respuesta del Presidente fue: “nada ni nadie por encima de la Ley”. La decisión presidencial los desconcertó. Los Borge buscaban impunidad. No lo lograron y Borge Martín se quedó en la cárcel. Fue fichado y no le quedó más remedio que pagar. Por eso quienes conocen al joven gobernador y forman parte de su primer círculo aseguran que Roberto Borge no logra superar ese trauma. 
Mucho antes de asumir el poder Roberto Borge ya era centro del escándalo. Cuando se desempeñaba como diputado federal al primero que le informó que deseaba contraer nupcias fue a su jefe y amigo Félix González Canto, el flamante gobernador de Quintana Roo, quien ni tarde ni perezoso, le dijo que adelante, que sí, que lo que se ofreciera y ¡zas! Félix se apuntó para ser el padrino de lujo, sí, el testigo de honor del enlace civil, pero… ¿de dónde saldría el dinero? Esa era la pregunta. “No te preocupes mi Beto… tú nomás dime”. Y bueno la boda como un cuento de hadas se llevó a cabo: una gran recepción con cargo a las arcas públicas.
El marco elegido por Mariana Zorrilla y Beto Borge para sellar su relación, que contó con la bendición de Monseñor Fabio Martínez Castilla, obispo de la diócesis de Michoacán, fue la capilla de Santa María de las Cumbres, de ahí –cuentan las crónicas de la prensa rosa– los novios y los invitados se trasladaron al hotel Hilton donde se ofreció un banquete. La pareja sorprendió con sus voces al interpretar un par de canciones que animaron la fiesta hasta altas horas de la mañana. No faltaron los cuchicheos entre algunos de los presentes, qué de dónde, que si se había sacado la Lotería, qué cómo le hicieron y bla bla bla…
Las dudas se empezaron a despejar cuando las redes sociales rompieron con el tabú. Los sitios Visión Peninsular y SolQr publicaron una nota acusando de corrupción al entonces diputado federal. Según una denuncia realizada por la red ciudadana “Poder Urbano”, Roberto Borge “gastó 2 millones 241 mil 907.25 pesos en su boda con Mariana Zorilla Perales, evento al que invitó a 900 personas y que fue pagado con dinero que salió de los bolsillos de los quintanarroenses”. Surgieron algunas evidencias: en un mail enviado a Eliezer Villanueva Lanz, entonces administrador del Gobierno del Estado, el diputado Roberto Borge escribió textual: “doitore esto es lo del entarimado y comida que es lo mas cabron suponiendo un estimado de 900 pax… ES MEGACARPAS DE NACHO RIVAS y Banquete es Taller Gourmet ambos de cancun. Ay te encargo namas con mucha discrecion ya sabes como son alla cn nuestros paisas…(SIC)”.
A menos de un año de haber asumido su cargo de gobernador los escándalos y frivolidades han marcado la gestión de Roberto Borge quien se ha encontrado en la mira de los internautas. Una anécdota que pinta los excesos de Roberto Borge tiene que ver con un perro llamado “Simon”. La desaparición del can de la raza beagle, propiedad del gobernador, provocó un operativo en todo Chetumal. Se utilizaron vehículos oficiales para pegar posters en los que se ofrecía una recompensa de 10 mil pesos a quien encontrara al animal. Usuarios de las redes sociales se burlaron del tema. Incluso, vía Twitter, una funcionaria criticó el uso del personal de gobierno para localizar al animal y fue despedida inmediatamente. El perro apareció sano y salvo una semana después pero sin el collar de perlas que la primera dama le compró a su mascota en una de las joyerías de lujo de Cozumel.
Este lamentable estado de cosas por desgracia es parte de una cultura tolerada de la corrupción y del no pasa nada. Algunos medios que han hecho públicos casos de corrupción, como la revista Luces de Siglo, han sido objeto de ataques e intimidaciones. Ejercer el escrutinio con datos duros sobre los gobernantes cada vez resulta más costoso en el país.
Quintana Roo es un ejemplo de la corrupción promovida desde el poder. Basta observar en materia de transparencia las maneras tan burdas de hacer las cosas y que demuestran el nivel de impunidad y complicidad entre el gobernador actual y su antecesor Félix González Canto.
Primero. Reacio a transparentar su quehacer, el gobierno de Félix González Canto intentó acotar el universo de quienes pudieran ejercer el derecho a saber, otorgando esa prerrogativa sólo a los “ciudadanos quintanarroenses”, muy pocos por tratarse de una entidad con un gran flujo migratorio.
A ese primer frustrado intento –que la adición del segundo párrafo del artículo 6º de la Constitución Federal de 2007 echó por la borda– le acompañó un conspicuo acuerdo clasificatorio de la información. En efecto, el 29 de septiembre de 2006 en una edición “quarter extraordinaria” –es decir, una publicación irregular y de pocos ejemplares para que nadie se enterara–, el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo publicó el “Acuerdo por el que se clasifica como reservada diversa información del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Quintana Roo”.
En esa lista se encontraba prácticamente toda la información que debiera haber sido difundida de oficio, entre ella la “lista de clientes de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV” cuyo accionista principal es el gobierno de Quintana Roo; el Programa Sectorial de Agronegocios; el Programa Sectorial Forestal y el Sectorial de Desarrollo Indígena; la “información relacionada con la reserva territorial del Estado de Quintana Roo” y no podían faltar los “contratos de publicidad y documentos relacionados con los mismos que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado realiza con los diferentes medios de comunicación locales, nacionales e internacionales”, entre otras muchas.
Con el argumento de “proteger la privacidad de las empresas contratantes” y “el interés del Estado”, el gobierno de Quintana Roo puso en marcha esa estrategia de opacidad: mantener bajo resguardo distintos actos de corrupción e impunidad.
Segundo. Existen explicables temores del gobierno de Quintana Roo por clasificar buena parte de su información como reservada. El ahora ex gobernador Félix González Canto ha sido uno de los principales beneficiarios del ejercicio del poder público, donde no dejó ir una sola oportunidad para hacer negocios. Lo mismo gestionó y obtuvo, por ejemplo, la concesión otorgada por el Gobierno Federal para que el de Quintana Roo construyera, operara, explotara, conservara y mantuviera “los puentes sobre las lagunas Nichupté y Bojórquez, incluyendo sus entronques y vialidades de acceso, en el municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo”.
Lo anterior no tendría mayor problema de no ser porque la condición decimocuarta de la citada concesión establece que la “concesionaria (el gobierno de Quintana Roo) podrá explotar, por sí o a través de terceros, a título oneroso o gratuito, los servicios o actividades auxiliares sobre el derecho de vía”. Y esa tercera persona no es otra que uno de los operadores financieros del señor González Canto, en donde espera obtener 17 mil millones de pesos en 30 años con el pago de las cuotas de peaje y mediante una inversión de menos de 3 mil millones, donde la inversión sería pública y las ganancias, en cambio, si nadie hace nada, serían privadas. Mejor negocio, imposible.
Tercero. El ex gobernador Félix González Canto clasificó también como reservada la información de la paraestatal “VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV” por dos razones. La primera porque siempre ha operado con déficit al gastar sensiblemente más de lo que se recupera como una tendencia recurrente año con año. Y la segunda: porque de acuerdo con las bitácoras del plan de vuelo de la nave XAUFB –propiedad de la paraestatal– familiares y amigos eran los viajeros frecuentes para viajes no oficiales a distintas partes del país y del extranjero. Este sólo hecho es constitutivo de responsabilidad administrativa y da lugar a varios tipos penales.
A pesar de ello, la Auditoría Superior del Estado al indagar a esa empresa para distintos ejercicios fiscales entre 2006 y 2009, consideró que la paraestatal “cumplió con las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental”. Eso sí que es independencia y profundidad de análisis de la mencionada Auditoría Superior de Quintana Roo.
Félix González Canto no le hacía el feo a ninguna de las formas de obtener ganancias a través del ejercicio público. Así, por ejemplo, el registro oficial de taxis de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado tiene como “ruleteros” dotados de una concesión “indefinida” en Cozumel al propio ex gobernador Félix Arturo González Canto; a su padre, Lenin Matías González Padrón, a su madre, Yolanda Canto Pacheco; y a su cuñado, José Alfredo Asunción Martín Villanueva, entre muchos otros familiares, amigos y colaboradores.
*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo. —-Por José Martínez *
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México, D. F., a 7 de febrero de 2012
