La Barra de Abogados de la Rivera Maya A.C. anunció una campaña para exigir la desaparición de poderes en Quintana Roo, al considerar que las reformas propuestas por el gobernador, Roberto Borge, y aprobadas por el Congreso estatal —que la oposición considera un «paquete de impunidad» en materia de corrupción para el mandatario estatal— son contrarias a la Constitución.
Los inconformes con las acciones del gobernante indicaron que desde este viernes pondrán a disposición de los ciudadanos un documento para la recopilación de firmas, que será dirigido al Senado con dicha solicitud para suspender en sus funciones al titular del Ejecutivo, así como a los actuales poderes Legislativo y Judicial.
«Se puede considerar la desaparición de poderes solamente en ciertos casos, uno de ellos es que se quebranten los principios del régimen federal, como fue en este caso, y/o que por causa de los diputados se afecte la vida del Estado», dijo a Expansión el presidente de dicha asociación, Leopoldo Cruz.
La argumentación para la desaparición de poderes la detalla en un comunicado publicado en su página de Facebook, donde señala que dichas iniciativas quebrantan los principios del régimen federal por parte de los titulares de los poderes constitucionales, que es una de las causales para decretar la desaparición de los poderes de un Estado.
«Los diputados locales quebrantan los principios del régimen federal, además de causar una crisis política y jurídica imputable a ellos», manifestó la Barra en su comunicado.
En particular, el documento se refiere a los cambios a la Constitución local sobre responsabilidades de los servidores públicos y de fiscalización de recursos públicos —aprobados a finales de junio pasado—, por considerar que el Ejecutivo y el Legislativo locales las procesaron de manera indebida, debido a que la reforma anticorrupción a nivel federal mandata que estas modificaciones se realicen hasta que entre en vigor la legislación secundaria en la materia, lo cual ocurrirá hasta que el presidente de la República decrete lo aprobado esta semana por el Congreso de la Unión.
«El Congreso local se adelantó o se apresuró, porque el presidente Enrique Peña Nieto vetó la Ley 3 de 3. Obviamente, si a nivel federal no se ha publicado, significa que el Congreso (estatal) no podía legislar para tal efecto», agregó Cruz.
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Otra de las causales para decretar la desaparición de poderes es que los titulares de los poderes locales propicien situaciones o conflictos «que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico», lo cual —de acuerdo con los promoventes— ocurre en Quintana Roo bajo la administración de Borge.
El llamado «paquete de impunidad, desde la perspectiva de los quejosos, pretende «generar condiciones para evitar la fiscalización profunda de los recursos públicos ejercidos entre el año 2010 al 2016», el sexenio de Borge, así como designar a actuales funcionarios locales al frente de órganos y tribunales «para que resuelvan en su caso las responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos», lo cual pone en entredicho su objetividad.
En caso de que prospere la petición de desaparición de poderes, el Senado nombraría a un gobernador provisional —de entre una terna propuesta por el presidente de la República—, quien concluiría el periodo del actual mandatario (que termina el próximo 25 de septiembre), debido a que ya existe un gobernador electo: Carlos Joaquín González, postulado en la elección del 5 de junio por la alianza PAN-PRD.
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… Y TAMBIÉN POR LA VÍA DEL AMPARO
La Barra también convocó a los ciudadanos y empresas de Quintana Roo a firmar a partir del próximo lunes un amparo en contra del nombramiento del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, bajo la justificación del «temor fundado» en torno a la correcta fiscalización de los recursos públicos.
Los litigantes abundan que las personas, como beneficiarias de programas y servicios, y las compañías, en su calidad de contratistas, tienen interés jurídico para demandar una revisión profesional, imparcial y trasparente del Presupuesto, y consideran que el auditor recientemente designado, Javier Félix Zetina González —primo del exgobernador Félix González Canto, considerdo mentor político de Borge—, incumple con estos principios, derivado de su cercanía al aún gobernador y a su nula especialidad en la materia.
Éste no sería el primer amparo en contra de las medidas en materia de corrupción impulsadas por el gobierno de Borge. Hassan Medina Rodríguez solicitó a nivel federal el mismo recurso contra la designación de tres magistrados del Poder Judicial estatal, proceso en el que el abogado.
Además de estas acciones, los abogados de la Riviera Maya adelantaron que presentarán «diversas acciones de inconstitucionalidad, juicio político y petición de admisión a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por violaciones graves a los derechos fundamentales».
EDITORIAL: El despojo en Quintana Roo debe ir a juicio
Con información de Ariadna Ortega
No se informa dónde acudir a firmar muchos ciudadanos lo queremos hacer
Gracias Pedro Canche tienes un gran interes , en el que los mexicanos y quintanaroenses cambien ese habito engreido y malsano ,y se conviertan en dilijencieros plurales y responsables hacia su semejante ,generando el gran desarrollo que verdaderamente necesita nuestro pais