Por SERGIO CABALLERO/Proceso
CANCÚN, Q. Roo (apro).- Conforme se aproxima el fin del sexenio de Roberto Borge Angulo surgen más elementos sobre los abusos y corrupción que cometió durante su encargo, que concluirá el próximo 5 de septiembre.
Dentro del llamado “paquete de impunidad” avalado entre 21 de junio y el 19 de julio, en un periodo extraordinario, la “mayoría borgista” también aprobó reducir las penas a funcionarios que incurran en desvíos de recursos públicos.
El pasado 23 de junio, dentro del marco del nuevo sistema acusatorio, fueron aprobadas reformas al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Dentro de la sección cuarta “Delitos contra el Estado” y el título segundo “Delitos contra la Administración Pública cometidos por Servidores Públicos”, fueron reformados los artículos 209 y 212.
El artículo 209, prevé las siguiente sanciones: contra la persona que “promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, o
“Indebidamente solicite o promueva alguna resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que se hace referencia en la fracción I del artículo anterior”.
Para efecto de este artículo, la pena se estableció en seis meses a cinco años de prisión y de 30 a 300 días multa,
En tanto, el artículo 212, estipula sanciones para el particular que “estando obligado legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos del estado y municipios, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación destinada a la que se les destinó.”
Para este artículo, se redujo la pena de seis meses a cinco años de prisión y de 50 a 250 días de multa.
De acuerdo con el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Luis Esquiel Orozco, esta reforma busca que los funcionarios que incurran en irregularidades en el desempeño de sus funciones puedan salir libres bajo fianza.
La ley en Quintana Roo, refirió, prevé libertad bajo fianza cuando la media aritmética de las penalidades máxima y mínima sea de cinco años o menos.
De esta manera, mencionó que hasta antes de la reforma, la pena en ambos casos era de 6 a 14 años de prisión, con una media de 10.
“Con la reformas la media baja a tres años y medio, pero además la máxima es de cinco. La libertad bajo fianza es automática”, dijo.
El profesionista calificó como una burla esta reforma como todas las que se incluyó en el llamado “paquete de impunidad”, aprobado por diputados del PRI y PVEM.
En tanto, el exdiputado perredista Jorge Carlos Aguilar Osorio consideró que esta reforma se puede revertir “con facilidad” pues se trata de una “ley secundaria”, para lo cual se requiere de una mayoría simple.
“La próxima legislatura lo podría hacer sin problema”, dijo.
Piden juicio político a Borge
Por otra parte, la organización Somos tus Ojos presentó este martes una demanda de juicio político en contra del gobernador Roberto Borge Angulo por la venta a precios subvaluados de por lo menos 44 predios de distintas dimensiones que eran patrimonio del estado, “con el objetivo de beneficiar a amigos, empresarios y políticos”.
De acuerdo con un comunicado, los predios “fueron vendidos con avalúos desactualizados, y a precios varias veces menor de su valor comercial, incluso a “cero pesos”.
Somos tus Ojos estimó que asciende a mil 99 millones 492 mil 370 pesos el daño patrimonial por la venta de estos predios en perjuicio al estado y a la sociedad quintanarroense
“El cálculo del quebranto al erario se calculó con base en las subsecuentes ventas de los predios a precios comerciales así como considerando las hipotecas o garantías prendarias que recayeron sobre los mismos y que fueron otorgados por la banca comercial, luego de su avalúo real. En otros casos, el monto del quebranto se estimó de acuerdo al valor actual del mercado de predios ubicados en las mismas zonas y de dimensiones similares o equiparables”, apuntó.
Las operaciones
La agrupación enlistó las operaciones fraguadas por Borge Angulo:
– El 8 de julio de 2014, un predio de 761.44 metros cuadrados, con 20 metros lineales de mar Caribe, ubicado en Puerto Morelos, fue vendido en 761 mil 440 pesos a Desarrollos Riviera Morelos, representada por Armando José Millet Molina, pesos, familiar de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas de Quintana Roo, responsable directo del desvío de mil 464 millones de pesos, recaudados del Impuesto al Hospedaje entre 2014 y 2015.
-El 6 de agosto de 2014, otro predio de 1088 metros cuadrados, con 20 metros lineales de playa, ubicado en Puerto Morelos, fue “vendido” en 27 mil 110 pesos a Cándido Sansores Gamboa, pensionado del ISSSTE, desde el año 2012.
– El 27 de marzo de 2012, un predio de 10 mil metros cuadrados, ubicado en el bulevar Kukulkán, a la entrada de la zona hotelera de Cancún, fue vendido en tres millones de pesos.
– El 31 de mayo de 2011, un predio de 48 mil 065 metros cuadrados, ubicado en la “zona urbana” de Cancún, fue vendido a Adecro SA de CV, en 9 millones 766 mil 279 pesos.
– El 19 de junio de 2014, un predio de 53 mil 695 metros cuadrados, ubicado en Cancún, fue vendido a Manuel Merino Sosa, en 2 millones 766 mil 382 pesos.
– El 7 de abril de 2011, un predio de 51 mil 519 metros cuadrados, ubicado en la zona costera sur de Cozumel, de uso turístico hotelero, fue vendido en 4 millones 190 mil 633 pesos a Eligio Marrufo Rejón, padre de alcalde de la isla, Fredy Marrufo, que fue secretario de Hacienda del entonces Félix González Canto.
– El 7 de abril de 2011, un predio de 269 mil 628 metros cuadrados fue vendido en 32 millones 355 mil 406 pesos a Promotora y Constructora del Caribe, del empresario chetumaleño Juan Manuel Mercader Rodríguez.
– El 6 de abril de 2011, un predio de 54 mil 621 m2, ubicado en la Costera sur de Cozumel, fue entregado a Eduardo Toledo Parra, propietario de Promovisión del Caribe, (Canal 10), en “dación en pago”.
– El 13 de abril de 2011, un predio de 30 mil metros cuadrados, con 98 metros de mar Caribe, ubicado en la privilegiada zona de Punta Molas, en Cozumel, fue vendido en 6 millones de pesos a Fernando Eugenio Barbachano Herrero.
-El 10 de mayo de 2011 Barbachano Herrero recibió otro predio de 70 mil metros cuadrados en la misma zona de Punta Molas, con 5 mil 443 metros en línea quebrada con Mar Caribe, en 14 millones de pesos.
– El 22 de junio de 2011, Mayazama, desarrolladora de Aldea Zamá, en Tulum, recibió un predio de 13 mil 095 metros cuadrados, con una extensa zona costera, en 7 millones de pesos.
– El 27 de septiembre de 2012, Mayazama recibió otro predio de 191 mil 834 metros cuadrados, a un precio de 19 millones 197 mil 358.
– El 19 de julio de 2013, un predio de 16 mil 585 metros cuadrados, ubicado en Playa del Carmen, fue entregado por “cero pesos” a Ana María Ramos Zúñiga, quien el 15 de mayo de 2014 lo donó a su hija Damarys Berenice Menes Ramos, quien es esposa del exsecretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría.
– El 7 de diciembre de 2012, un predio de mil metros cuadrados, ubicado en Tulum, fue vendido en cinco mil pesos a Jaqueline González Canto, hermana del exgobernador, y actual senador del PRI, Félix González Canto.
– El 6 de marzo de 2013, dos predios en Puerto Morelos, de 356 y 358 metros cuadrados, ubicados sobre la avenida Javier Rojo Gómez, la zona comercial de este destino turístico, fueron desincorporados del dominio público a efecto de ser venidos por 235 mil pesos cada uno a Rafael Moctezuma Ruiz, pensionado de los Servicios Estatales de Educación, y a José Antonio Dzul Mass.
Pero, un año después, precisa Somos tus Ojos, ambos predios terminaron en manos de Eligio Hernández Carrillo, fiscalista y asesor del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué.
