Por Enrique Huerta
El presidente de la Gran Comisión del Congreso estatal, Eduardo Martínez Arcila, calificó de “ilógica” la propuesta del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Fidel Villanueva Rivero, de aumentar el presupuesto significativamente si se quiere una justicia expedita.
“Si a mí me garantizan que Quintana Roo va a ser el número uno en justicia, que no va a estar nadie de manera injusta, que no va a estar nadie liberado siendo responsable de algún delito, pues creo que nadie escatimaría en el presupuesto. Si a mí me garantizan que todos los inmobiliarios y, cuando va una persona al Poder Judicial o a los juzgados, ya no va a pasar un via crucis, pues nadie estaría en contra de ese presupuesto. Pero es ilógico duplicar o triplicar un presupuesto de un ejercicio a otro, no hay manera”, declaró.
Al término de la sesión de la XV Legislatura, Martínez Arcila criticó que la petición de aumento presupuestal es de arriba del 60 por ciento de lo que recibe el Poder Judicial de Quintana Roo, que es de más de 474 millones 796 mil pesos.
“Eso no hay. O sea, se va a dar un dinero y no se va a saber qué hacer con ese dinero. Bueno, ya sabemos que sí va a saber, ya sabemos lo que puede hacer, pq no hay manera de justificar, es totalmente desproporcional. No hay ni un rubro, ni la salud ni la seguridad pública, ni el desarrollo social tienen un incremento del 60 por ciento de un ejercicio fiscal hacia el otro”, dijo.
El legislador panista aclaró que esta iniciativa no provino del magistrado presidente en su último informe de labores, sino más bien del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge y que fue avalada por la anterior legislatura.
“Mira, esta iniciativa vino del Ejecutivo estatal, no vino de la anterior legislatura, vino del Ejecutivo estatal y la legislatura anterior la planchó y la pasó sin contratiempos. Vamos revisando. Nosotros ya lo dijimos, es un exceso, no hay una justificación”.
Según el Índice Global de Impunidad México, realizado por la Universidad de las Américas Puebla y dado a conocer a principios de año, Quintana Roo es el estado con mayor impunidad de todo el país, con 76.61, diez puntos por encima del índice nacional.
