Magistrados del Poder Judicial del estado acusaron inquietud al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ante los resultados entregados y la postura pronunciada públicamente por el magistrado presidente Fidel Villanueva Rivero como parte de su segundo informe de labores, informó el diario Luces del Siglo.
Por considerar que faltó transparencia interna para que los siete integrantes del pleno conocieran previamente el contenido del informe, los magistrados se deslindaron del mismo y aseguraron que fue un mensaje a título personal del magistrado presidente.
Y al ser testigos de las malas condiciones de infraestructura, así como el desaprovechamiento con que se trabaja al interior de este cuerpo colegiado, se resisten a aceptar los datos y cifras alegres de Villanueva Rivero.
Según los magistrados, en el informe no se abordan temas de interés social, pero sobre todo Fidel Villanueva sostiene un discurso que se confronta con la visión y los proyectos anunciados desde el Poder Legislativo y del gobierno electo de Carlos Joaquín González, quien asumirá el cargo el 25 de septiembre entrante.
Abordado sobre el particular, el magistrado Mario Aguilar Laguardia, adscrito a la Sala Especializada en Materia Familiar, confirmó que existe coincidencia con algunos magistrados porque no han sido tomados en cuenta en la toma de decisiones importantes.
Por ejemplo, citó el excesivo control de los integrantes del Consejo de la Judicatura sobre el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales propios de las actividades jurisdiccionales de Juzgados y tribunales estatales, los que limita su capacidad de acción.
El presupuesto anual del Poder Judicial es superior a los 450 millones de pesos, pero es “manejado y distribuido” por Villanueva Rivero en su doble calidad de presidente del Tribunal y presidente de la Judicatura.
La forma de diseñar el presupuesto es a través de un programa operativo anual presentado al pleno, una vez por año, y para realizar la más mínima modificación se requieren del voto unánime de siete de los ocho magistrados, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo.
Otras de las inquietudes de los magistrados, es el incremento del presupuesto anual para el Tribunal, el cual con las recientes reformas sería de 3 por ciento del presupuesto total del estado a partir de 2017.
Esto es, de los más de 25 mil millones de pesos del presupuesto estatal, el 3 por ciento –más de 750 millones de pesos– es para el Poder Judicial, lo cual los magistrados inconformes consideran es excesivo ante otras prioridades del gasto público.
“El presupuesto que se exige al nuevo gobierno debe ser justificado con logros que no están a la vista o no existe, el informe del presidente del Poder Judicial es un acto al que solo fuimos de invitados, y representa solo la postura y la actuación de Fidel Villanueva, no de todos los magistrados”, sostuvo.
A juicio del magistrado Aguilar Laguardia sería conveniente que tanto desde el Poder Judicial, así como del Legislativo y el Ejecutivo se valoren los requerimientos prioritarios de la sociedad y se disponga del dinero existente para atenderlos.
Es obvio que el Poder Judicial requiere de mayores recursos pero la difícil situación financiera en que se encuentra el estado, obliga a privilegiar la atención social, precisó.
Los magistrados también piden que se aclare y se informe cómo se han invertido los recursos de los presupuestos del Tribunal en los últimos cinco años, sobre todo porque se habla de la realización de infraestructura con millonarias inversiones.
Estas cifras alegres contrastan con el hecho de que permanecen cerrados y sin operar el 90 por ciento de los edificios, principalmente donde se deben instalar los juzgados orales del nuevo sistema de justicia, y no se hace mención de ello en el informe presentado por Villanueva Rivero.
“Nos llegan diversas versiones respecto a que han colapsado algunas estructuras, que no está completo el equipamiento, pero nadie nos informa a los magistrados lo que verdaderamente está; pasando, todo lo maneja a discreción la Judicatura”, lamentó.
Entre los edificios que hacen falta, mencionó a la Escuela Judicial de Chetumal y los juzgados orales de penales de Cancún, que ahorita se han adaptado improvisadamente en el edificio antiguo del Poder Judicial en esta ciudad.
Aguilar Laguardia refirió que las recientes reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial le otorgaron al Consejo de la Judicatura la facultad de proponer, calificar y designar a futuros magistrados, haciendo de nuevo a un lado a los integrantes del Pleno.
Esa facultad se le quitó al gobernador el estado y se reservó al magistrado presidente, quien a través de la aplicación de un examen decidirá quién es apto, o no, para ser magistrado del Poder Judicial del estado.
