Por Enrique Huerta
El equipo de transición del gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, indicó que la administración saliente, encabezada por Roberto Borge, les dejará un estado con un uno por ciento de maniobra, luego de que se hallaron pasivos por más de 2 mil 900 millones de pesos y que los programas federales que apoyan la educación y la justicia se encuentran comprometidos debido a los rezagos presentados en diversas.
En conferencia de prensa, Juan Vergara, el responsable del enlace financiero del equipo, agregó que se hallaron otros pasivos y los enumeró.
“Lo diré en números redondos: el pasivo a contratistas por obras públicas 150 millones, transferencias por pagar a corto plazo: mil 462 millones, pasivos diferidos: 17 millones, los fondos y bienes en garantía para la administración a corto plazo: 175 millones y otros pasivos a corto plazo que son importantes comentar, que son los que mencionaba el coordinador y que son los descuentos a terceros, que son aquellos que se les hacen a los trabajadores del gobierno del estado, los depósitos diversos y la reposición a funcionarios, los créditos educativos, que también aquí está el dato de la Secretaría de Educación, corresponden a 120 millones. Los otros pasivos diferidos, 38 millones, que prácticamente corresponde a Seduvi, en materia de vivienda, y los fondos sin garantía, 10 millones. En su totalidad nos da la suma de 2 mil 968 millones 286 mil pesos que ya hemos platicado”.
Por su parte, Francisco López Mena, coordinador general del equipo de transición, dijo que se han detectaron diversas irregularidades en varios programas sociales destinados a la educación, que suman 921 millones 247 mil 13 pesos.
Aun con información incompleta se logró identificar dentro del programa de reforma educativa federal (Escuelas al 100), deberían de haberse concluido las mejoras a 25 planteles, pero 18 de ellos no están, no ha sucedido. Si estas construcciones no son finalizadas antes del 30 de septiembre, el financiamiento federal será suspendido”.
Los rezagos e irregularidades también se dieron en otros rubros, como en la impartición de la justicia.
López Mena citó el caso de la Fiscalía, donde se halló “una notable” carencia de infraestructura y de personal capacitado para la implementación del Sistema Penal Acusatorio.
“Es decir, al entrar en funciones el sistema, se requerían instalaciones especializadas, personal capacitado y esto no ha sucedido. Las instalaciones simplemente no pueden ser usadas porque no se concluyeron y no se equiparon adecuadamente”, ahondó.
Asimismo, indicó que hay un alto número de aspirantes que han sido rechazados en la prueba de control y confianza (C3), lo que ocasiona un buen número de vacantes dentro de la institución. También apuntó que hay escasez de patrullas y de recursos financieros para la realización de operativos.
“Hay un serio rezago a las carpetas de investigación, asuntos con más de dos años que no han concluido con la investigación”.
También dijo que no hay equipo ni infraestructura para la atención de víctimas del delito, así como a la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer. “Corremos el riesgo de que el estado sea calificado con alerta de género si esto no se resuelve”.
En el tema de seguridad pública, las cosas andan igual que en la Fiscalía: con un elevado número de rechazados por la prueba de control y confianza, lo que ocasiona un buen número de vacantes adentro de la institución.
Alrededor de un 40 por ciento de la policía estatal se encuentra comisionado escoltas a funcionarios, no cumplen con sus funciones originales y actualmente no se encuentra operando la Academia de Seguridad Pública, que tendría que capacitar al personal policiaco, hace más de dos años que ésta no funciona.
López Mena aseguró que el sistema penitenciario está rebasado por sus capacidades: hay sobrepoblación, falta de personal y con el que se cuenta, tristemente mal capacitado.
“Es un centro desde donde, en muchos casos opera la delincuencia organizada. Esos son los centros de readaptación social”, dijo.
En cuanto al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, los empleados y prestadores de servicios, que graban por Impuesto sobre la Renta, sus detenciones no han sido enteradas hasta por un monto de 112 millones de pesos.
Dijo que hay diversos bienes como equipo, que se encuentran en comodato y además sin el debido soporte documental.
Aun así, el equipo de transición dijo que el próximo gobernador del estado, Carlos Joaquín, niega que pedirá un nuevo crédito, sino que llevará a cabo una política de austeridad y vigilancia en aplicación de los recursos,además de otros caminos que permitan salir de la crisis.
«Una de las estrategias es la reestructuración y la renegociación (de la deuda), que ya se está estudiando, ya se tienen cuatro alternativas», explicó Vergara.
