Por Enrique Huerta
En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso, el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Pedro Mercader Rodríguez, advirtió que no tanto la Policía estatal como las corporaciones municipales carecen de personal.
“Hay registradas cerca de mil plazas para contratar policías en el estado, entre estatales y municipales, y la limitante no es económica, sino que no conseguimos gente que se interese en formar parte de las policías y, los que conseguimos, de cada diez que mandamos, siete u ocho reprueban”.
Incluso subrayó que tiene 200 plazas autorizadas para la Policía Rural, pero que no ha podido ocuparlas; hasta sigue abierta la convocatoria para integrarse a esta fuerza. De hecho, en los próximos días se agregarán 14 nuevos elementos a esta fuerza.
Reconoció que el cuerpo policiaco esta avejentado, lo cual se hace más evidente con la poca contratación de nuevos elementos.
Sin embargo, Mercader aseguró que la mayoría de los policías estatales han recibido un aumento salarial, en el menor de los casos, del cien por ciento, aunque se vieron reflejados los bajos salarios de los extremos de la cadena de mando. Mientras que el oficial raso -el rango más bajo- percibe 6 mil 378 pesos al mes, mientras que el inspector gana 9 mil 998 pesos.
“Esta terrible esto”, dijo Martínez Arcila
“Sí, pero…”, respondió Mercader.
“No, pues sí”, reviró el presidente de la Gran Comisión del Congreso.
“Señor diputado, véalo cómo estábamos en 2010”
“No, pues sí, está terrible, es la realidad. Vean lo que está ganando el policía por trabajar dobles turnos, por estar bajo el sol, ¿y se ha incrementado al 100 por ciento?”, cuestionó el legislador panista.
Juan Pedro Mercader aseguró que los elementos totales de la corporación son más de mil 600, incluido personal de los tres C4, pero que uno de los temas que impiden la adhesión de nuevos elementos a la policía estatal son las pruebas de control y confianza.
“De todo este universo, hay ciento veintitantos elementos que no han pasado los controles de confianza, ¿dónde están? No sé, pueden estar en el área de seguridad pública o de escoltas”, reconoció el funcionario.
Y sobre este tipo de evaluaciones, el legislador panista Fernando Zelaya cuestionó al funcionario sobre cómo iba Quintana Roo, a lo que Mercader se sinceró.
“En cuanto al tema de exámenes de control y confianza, nosotros tenemos un estado de fuerza de mil 500 elementos, de los cuales en los exámenes de control y confianza fueron reprobados 124, por lo consiguiente tenemos al restante aprobados. Esto es de permanencia, que quiere decir que eran elementos que ya formaban parte de la secretaría cuando se promulga la ley y se hace obligatorio en 2014 de que todos presentaran exámenes de control y confianza. De estos resultados tuvimos algunas complicaciones y algunas de ellas es que cuando se emitieron los primeros resultados, el centro no estaba debidamente calificado, por lo cual se tuvo que pedir recalificación para una gran cantidad de elementos policiales para que regresaran a evaluación. Son muy pocos los que se han despedido, la mayor parte de ellos son resultados que nos entregaron recientemente y están en estos momentos turnados para el procedimiento que se tiene que hacer para la separación del puesto.
Señaló que de los 124 reprobados, en algunos casos la recomendación sólo fue cambiarlos de puesto porque se considera que es gente con alguna deficiencia física o de otro tipo, o que no puede portar armas o tiene problemas para cumplir con la labor policiaca.
“Ahora, si nos vamos a las cifras de los nuevos policías, sí ciertamente ojalá pasara el 30 por ciento, la verdad es que en la Secretaría no llegamos ni al 20 por ciento”, dijo Mercader.
Pero la dependencia ha implementado una serie de acciones para paliar la escasez de elementos policiacos, como un convenio con la Universidad de Quintana Roo para impartir la carrera de Seguridad Pública, en el cual se tratará de captar a los jóvenes estudiantes. informó el encargado de la seguridad pública de Quintana Roo.
Además, con esta medida, se matan dos pájaros de un tiro, puesto que la Conago exige que en cada entidad haya al menos un colegio de educación superior que imparta la carrera de Seguridad Pública.
“La parte interesante de esto es que los jóvenes que ingresan a la carrera, una vez que tengan el tronco común, tengan la posibilidad de presentar el examen de control y confianza y que, cuando presenten ese examen, sean agarrados por alguna de las instituciones de seguridad pública con una beca, con la finalidad de que al término de sus estudios o durante ellos, reciban la capacitación de la parte práctica por parte de las instituciones de Seguridad Pública”.
Mientras eso se da, el funcionario aseguró que se instrumentó un programa de vigilantes, contratados por honorarios, quienes realizan trabajo de vigilancia que no imponga el uso de las armas. A este tipo de personal, detalló, ya se le aplicó el examen de control y confianza.
“Quiero decirle, y no es disculpa, que gente que metimos a este sistema hace un año, los resultados de los exámenes de control y confianza se los comunicamos hace un mes; afortunadamente como son gente que está en la corporación, ya los pudimos dar de alta y ya forman parte de la policía estatal”.
El problema de los guardias
Ante la falta de elementos policiacos reconocida por el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Juan Pedro Mercader Rodríguez, un tema que se tocó fue el número de guardias destinados a tareas de protección a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y periodistas.
El diputado local panista Fernando Zelaya le preguntó sobre el porcentaje de la policía estatal que se encuentra comisionado como escoltas de funcionarios y que no protegen a la sociedad y cómo se les asignan a estos funcionarios este tipo de guardias.
Mercader contestó: “El estado total de fuerza de la policía, que incluye a aquellos que están ya dados de alta como policías y con personal de vigilancia que son los que contratamos por honorarios, nos da una fuerza de mil 155 elementos. Señalar que en el caso del Ejecutivo del estado y para sus diferentes coordinaciones, como de giras, de ayudantía, etcétera, tienen encargados 126 elementos”.
Detalló que por funcionarios y exfuncionarios públicos hay 69 elementos asignados, con trabajos de escoltas, periodistas 43. “Todo lo demás están en la Secretaría, en diferentes funciones.
Sobre el criterio, el titular de Seguridad Pública estatal señaló que “hay una ley que establece que le correspondía poder tener escoltas a exfuncionarios también, esta ley que fue modificada en la anterior Legislatura y vuelta a modificar en la actual Legislatura, señala básicamente el mismo principio: son personas que tienen que ver con el tema de seguridad y que en algún momento hayan recibido situaciones que puedan poner en peligro su bienestar (…) Si es importante o no, la ley dice que hay que proteger, incluyendo a los periodistas. Hay una ley publicada en 2015 que señala qué condiciones se deben dar y qué obligaciones tiene el estado para atenderlos, no sólo con elementos, sino con el equipo necesario para poder garantizar esta seguridad”.
Por su parte, Eduardo Martínez Arcila dijo que le llamó la atención que tanto él como el fiscal acepten que es un tema que no está bien reglamentado y reconozcan fallas anteriormente señaladas.
Sumó los elementos de policía estatal como guardias y agregó 100 policías judiciales, lo cual contrasta con el déficit de policías que sufre el estado.
“Para los ciudadanos estos números son escandalosos porque se le está dando prioridad, así lo veo en lo particular”, dijo el presidente de la Gran Comisión del Congreso, quien preguntó si se le darán 126 escoltas a Roberto Borge cuando deje de ser mandatario.
Mercader negó que se le vayan a dar tantos escoltas a Borge, porque éstos son destinados al titular del Ejecutivo.
En ese punto las cosas cambiaron, ahora fue el funcionario quien avanzó y pidió a los legisladores locales reglamentar el servicio de escoltas, porque ha habido muchos problemas al respecto.
Seguramente ya corresponderá a la nueva administración poder regular este tipo de situaciones y, entre estas, establecer un reglamento de escoltas porque ahorita nos ocasiona diversos problemas”.
El diputado del PES, Carlos Mario Villanueva, le preguntó sobre si hay alguna coordinación entre escoltas y la Policía Estatal, a lo que Mercader dijo que no, incluso que se han registrado alguna especie de discordancia entre ambas instancias.
Comentó que la corporación ha encontrado gente proveniente del exterior de Quintana Roo, que llega a este estado a brindar servicios de guardia, sobre todo en Cancún.
“Gente que anda armada y a la hora que los convenimos pues nos sacan una licencia de funcionamiento de otro estado o que son policías del Estado de México o de renta, Policía Industrial le llaman ellos, o cosas de este tipo. Entonces hemos hablado con la Secretaría de Defensa Nacional y hemos hecho el acuerdo de que toda la gente que ha sido detenida con armas de otros estados, los tenemos que presentar a ellos, con la finalidad de que ellos validen si en realidad están cumpliendo con la normatividad”.
Otra de las peticiones de Juan Pedro Mercader a los diputados locales, es influir a nivel federal para homogenizar las leyes que les permitan proceder.
“Tenemos un problema, es que llevamos dos años con la modificación a la Ley de Seguridad Pública del país que, por una u otra razón no ha podido transitar de una Cámara a otra para su aprobación. Si ustedes se acuerdan estábamos hablando hace dos años de Mando Único y ahora estamos hablando de Mando Mixto, donde señala para policías municipales trabajo de proximidad y para la policía estatal trabajos de investigación e inteligencia. La consecuencia de que no se haya publicado esta ley es que debemos adecuarlo a nuestro marco jurídico”.
Los retos del nuevo sistema
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez, indicó que a pesar de que el nuevo sistema penal acusatorio trae nuevas reglas de funcionamiento, por lo que la corporación tendrá que adecuarse a ellas.
“El nuevo sistema de justicia penal nos pone en el primer mundo. Desafortunadamente tenemos que transitar a las corporaciones a ese primer mundo, que es tener a los policías con todos los aditamentos; va a llegar un momento en que los policías tengan su camarita para poder intervenir. Ya nosotros estamos dotando a las primeras patrullas con cámara; estamos dotando otras dos con lectores de placas, nuestras ciudades tendrán que crecer con esta tecnología. Ahorita el problema es no revimos dejar redes de fibra óptica en las ciudades (…), por lo que no son las mejores condiciones”
Aparte de la cuestión material, explicó el funcionario, este nuevo sistema penal obliga a preparar mejor a los policías, pues éstos tendrán que levantar la denuncia para agilizar los procedimientos, lo cual se ve difícil en el estado actual de los elementos.
Reconoció que hay policías con 20 años de servicio que apenas y saben redactar, pero el nuevo sistema de justicia “los obliga (a los policías) a convertirse casi en Ministerios Públicos”, por lo que urge la profesionalización de los elementos a través de las academias y de las Universidades, como la Uqroo.
Aun así, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo es una de las corporaciones con más profesionistas con relación al número de policías a nivel nacional, pero se encontraban en oficinas, por lo que se decidió convertirlos en patrulleros, lo que ha ayudado a disminuir los índices delictivos y atender mejor a los ciudadanos.
Problemas de percepción
Uno de los reclamos de los diputados miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader Rodríguez, fue la percepción de inseguridad que se vive en la entidad.
Dijo preocuparse por la percepción en Quintana Roo, ya que a nivel nacional el estado está bien calificado y dijo que como prueba de ello la tasa de homicidios es mucho más baja que en otros estados.
Sin embargo, esta aseveración choca con los datos aportados por el diputado panista Fernando Zelaya, quien citó cifras de organismos de seguridad y del Inegi que indican que el 56 por ciento de la población de Quintana Roo se siente insegura, además de que es el primer lugar en el número de ejecuciones y homicidios del país; la única entidad del país que presenta más del doble de la media nacional.
“Usted menciona unas cifras de percepción de las encuestas que hace el Inegi, donde sí, ciertamente, el estado de Quintana Roo aparece y, en algunos de sus municipios, en condiciones graves; sin embargo, yo sólo tengo una base de comparación, que son las denuncias que se hacen al 066, ya ni siquiera puedo comparar contra las denuncias que se reciben en la Procuraduría, toda vez que con la entrada del nuevo sistema de justicia penal, ya no tenemos una base de comparación objetiva.
“Por otro lado, y no se trata de confrontar cifras ni a ver quién tiene la razón, porque tendríamos que comparar manzanas con manzanas, señalar que también el Semáforo Delictivo Nacional, que es una organización, nos ha puesto en semáforo verde siete u ocho veces seguidas”.
Aceptó que Cancún fue ubicada dentro de las 50 ciudades más peligrosas del país, incluso que se registraron tres homicidios más que el año pasado, pero que en otros lugares la situación es peor y que no estaban dentro de esa lista.
“Simplemente señalar que, por ejemplo, destinos como Reynosa no están dentro de esos 50 municipios más peligrosos del país y hablábamos hasta hace un mes, con cifras de la Procuraduría, discúlpenme no hablar por la Secretaría porque todo lo que es secuestros y homicidios se persiguen de oficio, pero en el caso de las ejecuciones llevábamos, si la memoria no me falla, 36 en lo que llevamos del año. No es paliativo, hay destinos que en un día hay 20, simplemente lo pongo en el contexto”.
Agregó que la percepción de inseguridad en Quintana Roo cambiará cuando se registren menos delitos, lo cual está íntimamente ligada con el aumento de recursos en la corporación.
“¿Cuándo la gente va a tener la percepción de que la policía está bien? Cuando deje de haber robos. ¿Qué necesitamos para que deje de haber robos? Que haya más policías, que tengamos más patrullas y me refiero a eso no sólo es a la policía estatal; les comentaba que hay mil vacantes para policías y no es un tema financiero, es un tema de que no conseguimos más policías.
“Es un tema que se destinen más recursos para trabajo de inteligencia de las policías, o sea, necesitamos poner más cámaras de vigilancia. Necesitamos toda una serie de acciones que nos lleve a ser una policía de primer mundo que en el nuevo sistema de justicia penal ya se instaló”.
Hasta refirió que el número de patrullas se ha disminuido en los municipios, aunque no supo explicar el por qué de esta situación.
Aun así, según Mercader, la percepción es buena, pero pidió que fuera aparejada a algunos resultados que se han tenido en la atención del delito.
“Ese es otro tema, se juzga a todas las policías por igual y hay delitos que tienen que ver con delincuencia organizada, actividad que le debería de corresponder al fuero federal, pero el primer respondente es un policía y un agente de la Fiscalía y cada vez se convierte en un tema federal. Tenemos muy buena coordinación con los federales, pero sí necesitamos abatir estos temas delincuenciales que sí impactan”.
Las cárceles, los «hoyos negros»
La diputada Eugenia Solís tocó el tema de las calificaciones reprobatorias por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su evaluación a las cárceles de Quintana Roo, por lo que preguntó que acciones realiza la Secretaría de Seguridad Pública estatal en el tema.
Mercader aceptó que Quintana Roo es de los estados peor calificados, “aunque no necesariamente seamos de los que más mal estamos”, esto debido a su forma de evaluación.
“Una de las cosas que califican es si en el mismo centro penitenciario conviven hombres y mujeres. En nuestros dos grandes centros penitenciarios, las mujeres se encuentran separadas de los hombres, esto quiere decir que están en un área especial, pero bajo la misma administración. Sin embargo, tienen celdas y espacios especiales y el único contacto que se da entre ellos es cuando tienen visita conyugal y toca que son pareja. Bueno, porque se da esa convivencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos calificó como si estuvieran en plena convivencia o conviviendo en el mismo centro penitenciario los dos géneros al mismo tiempo. Ya la calificación que nos darán en los próximos meses, porque ya se hizo la visita, eso va a cambiar porque ya les demostramos que si bien están en la misma instalación administrativa, no están en la misma convivencia diaria”.
Durante su perorata, Mercader nunca abordó que también las evaluaciones de la CNDH decían del hacinamiento ni de las inhumanas condiciones de vida que llevan los reos.
Sin embargo, consideró que el sistema penitenciario es para todas las instancias gubernamentales que se involucran en su funcionamiento como un “gran hoyo negro”, en el que se paga “el éxito y crecimiento del estado” porque nueve de cada diez internos no son originarios de Quintana Roo, lo que indica que en el estado se han establecido bandas delincuenciales.
Dijo que actualmente hay sólo dos cárceles estatales, la de Benito Juárez y Chetumal, pero que se espera que las de Playa del Carmen y Cozumel alcancen dicho estatus.
El funcionario señaló que a la cárcel de Cancún se “le han aplicado parches”, ya que originalmente fue concebida para una población de menos de 500 internos y que se fue ampliando hasta tener capacidad para 750, pero hoy alberga casi 2 mil internos, de los cuales el 75 por ciento no están sentenciados por lo que no pueden ser trasladados a otro penal.
Ante ello, se planea construir una nueva cárcel ya está avanzado, ya se tienen los terrenos donde será edificada, será en Leona Vicario, que albergará a 3 mil internos y que podrá arropar a todos los internos de la zona norte el estado.
El titular de Seguridad Pública estatal señaló que hay un compromiso de los gobernadores de todo el estado para crear una cárcel certificada para mujeres en cada estado. En Quintana Roo podría ser la de Cozumel o la cárcel para adolescentes, en el cual hay 18 internos pero hay cupo para cien.
“Yo espero que en la próxima calificación mejoremos. De 2014 a 2015 mejoramos poquito más del uno por ciento; sin embargo, eso significa que sin el año pasado estuvimos en cuatro, ahora tengamos una calificación aprobatoria”, dijo el funcionario.
