Por: La cronica
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tomó cartas en los asuntos de despojos de inmuebles en Tulum, con el objeto de fincar responsabilidades penales contra aquellos funcionarios y ex funcionarios que participaron en estos delitos, informó el titular de la dependencia federal, Alfonso Navarrete Prida.
Señaló que hay suficientes elementos ya para poder enjuiciar a funcionarios y ex funcionarios involucrados en estos ilícitos y agregó que “recibimos con enorme pena el reporte de que bajo el manto de la legalidad, el uso de las Juntas de Conciliación y el uso del derecho laboral se generaron actos de pérdida de patrimonio y que esto generaba una gran incertidumbre a la inversión y violación de derechos a particulares que legítimamente habían hecho esfuerzos para poder hacer algo, o para poder invertir y generar empleos”, aseguró durante una visita este fin de semana a Cancún.
Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ha dado vista al Ministerio Público para iniciar los procedimiento resarcitorios correspondientes, pero además el tema está siendo visto muy de cerca por la Asociación de Industriales de México y la propia Secretaría de Turismo ya que se afectó la imagen de un estado que es ventana de México hacia el mundo, que además capta millones de dólares en inversión inmobiliaria, dijo.
“No fue un tema que hicieron novatos; fue muy bien pensado; fue muy bien estudiado, muy bien tutelado, y desde luego habrá que tomar medidas ejemplares”, aseguró.
Cabe recordar que fueron documentados en diversos medios de circulación casos en los que funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tulum, ejecutaron procedimientos de embargo de hoteles a favor de particulares que aseguraban haber sido empleados de dichos inmuebles con sueldos de 753 mil 234 pesos mensuales. La demanda por despido injustificado derivaba en el embargo del inmueble.
La Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Quintana Roo informó hace una semanas que los despojos de hoteles en Tulum habían obligando a que miembros de ese organismo se tuvieran que negar a comercializar inmuebles que estén involucrados en juicios laborales, como medida de seguridad para evitar futuros conflictos.
Wexford James Tobin Cunningham, dirigente de AMPI-Cancún tenía identificados alrededor de 60 casos de despojos de hoteles e inmuebles turísticos en Cancún, Tulum y Chetumal.
