PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO (7/NOVIEMBRE/2016).-El ombudsman quintanarroense Harley Sosa Guillén destacó la disposición de la Presidenta Municipal de Solidaridad Cristina Torres para cumplir con las recomendaciones giradas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, aun que éstas hayan sido emitidas durante la administración anterior.
Lo anterior fue expresado por Sosa Guillén luego de atestiguar el acto cívico del Ayuntamiento, mediante el que se ofrecieron disculpas públicas a víctimas de violaciones a derechos humanos y familiares de éstos, hecho histórico en ese municipio al ser la primera vez que se realiza. Ello como parte de ocho recomendaciones pendientes en su cumplimiento, mismas que fueron dirigidas todas a la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos por actos y omisiones de servidores públicos de dicha instancia en contra de hombres y mujeres que sufrieron violaciones a sus derechos.
Se trata de las recomendaciones 02/2015 por Violaciones al Derecho a la Vida; la 15/2015 por detención arbitraria, ataque a la propiedad privada y robo; la 19/2015 por detención arbitraria; la 01/2016 por discriminación, falsa acusación y detención arbitraria; la 04/2016 por trato cruel y degradante y detención arbitraria; la 07/2016 por exigencia sin fundamentación y violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica; la 08/2016 por detención arbitraria y trato cruel y degradante; y la 10/2016 por detención arbitraria y allanamiento de morada.
De acuerdo al marco normativo en materia de atención a víctimas, existen diversas medidas de reparación integral como las de restitución de sus derechos conculcados, de rehabilitación –atención médica, psicológica, jurídica, etcétera-, de compensación, de no repetición, así como de satisfacción, en las que se incluyen las disculpas públicas. El objetivo de hacer las disculpas públicas es la de reconocer los hechos y aceptar la responsabilidad.
La comisión de los derechos humanos del estado, cumpliendo con las disposiciones en materia de protección y reparación del daño a las víctimas, ha incluido, dentro de los diversos puntos de sus recomendaciones, uno dirigido específicamente para que las autoridades ofrezcan disculpas públicas a favor de la víctima para establecer la verdad de los hechos y se restablezca su dignidad como persona.
Sosa Guillén enfatizó que hay muy buenos prospectos para el fortalecimiento de los derechos humanos en este municipio, pues la actual administración que tiene apenas un mes de entrar en funciones, de manera decidida ha afrontado esta responsabilidad en el cumplimiento de las recomendaciones que fueron hechas con antelación a su antecesor. Y si bien éstas tuvieron cierto avance en su cumplimiento, habían quedado pendientes estos puntos que son muy importantes para las víctimas y sus familiares.
El acto realizado el día de hoy contribuye a la consolidación de los derechos humanos en Solidaridad, porque una autoridad que reconoce un problema dentro de su institución, es una autoridad comprometida a subsanar las deficiencias que les permita servir mejor a su comunidad.
Además este acto envía una señal dentro de la corporación de seguridad pública municipal de cero tolerancia hacia las arbitrariedades cometidas por los servidores públicos municipales, por lo que se espera que uno de los efectos sea el cumplimiento de su función respetando en todo momento los derechos humanos y así evitar nuevamente actos de violaciones a estos derechos.
COMUNICADO 78/2016
Por detención arbitraria y falta de juez calificador en Holbox emite Ombudsman recomendación.
CHETUMAL, QUINTANA ROO (6/NOVIEMBRE/2016).-Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, emitió la recomendación número 17 del año, dirigida al Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, por la prestación indebida de servicio público y detención arbitraria, en contra de un empleado de un hotel en Holbox.
Los hechos se remontan al 21 de junio de 2015 cuando el agraviado se encontraba en la habitación que ocupaba como empleado de un hotel de Holbox. A solicitud de la persona a cargo de la gerencia de dicho establecimiento, agentes adscritos a Seguridad Pública del municipio detuvieron al empleado en el interior de su habitación, de manera injustificada, sin que mediara una orden por escrito expedida por autoridad competente para ello, y sin acreditarse su responsabilidad en la comisión de un delito y/o falta administrativa.
Posteriormente, el agraviado fue trasladado a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Holbox, donde quedó recluido en “los separos” por estar supuestamente en estado de ebriedad -sin que esto se comprobara en el momento de su detención-, hasta que al día siguiente un servidor público, por instrucciones del Alcalde de Holbox, condicionó la liberación a su aceptación de desalojar la habitación que ocupaba como empleado del hotel.
Cabe señalar que durante todo este proceso nunca se dio la intervención previa de un Juez Calificador Municipal que calificara la supuesta falta administrativa que se le atribuyó y sin que la misma se hubiera acreditado.
Preocupa a este Organismo, la falta de criterio en la actuación de los Agentes de Seguridad Pública del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, al momento de determinar cuándo debe ser detenida una persona y si la conducta desplegada en ese momento constituye un delito y/o una falta administrativa. En los hechos narrados por el quejoso, es claro que, si la finalidad de la intervención de los servidores públicos era resolver un problema entre los particulares, debieron buscarse otros mecanismos alternos para ello y no como en el presente caso, optar por la detención del primero a efecto de presionarlo para que desocupe la habitación donde se encontraba y sacara sus pertenencias.
Los servidores públicos no agotaron la investigación derivada de la solicitud de auxilio realizada por la gerencia en el entendido de que, si el empleado se introdujo a la habitación sin el consentimiento de los encargados del hotel, debió ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común como probable responsable de la comisión del delito de Allanamiento de Morada, debiendo justificar ante la autoridad referida, la detención de la parte quejosa.
Además que se hizo evidente que la Alcaldía Municipal de Holbox, Quintana Roo, no dispone de un Juez Calificador Municipal, que funja como autoridad encargada de la calificación de las faltas e infracciones, y que de manera indebida el Alcalde es quien se encarga de realizar las funciones de Juez Calificador Municipal, sin contar con tal nombramiento, ni tener facultades para la calificación de las faltas e infracciones, así como la imposición de sanciones administrativas.
Por esta situación se recomendó al Municipio de Lázaro Cárdenas la reparación material de los daños ocasionados agraviado así como inscribirlo al Registro de Víctimas del Estado de Quintana Roo; el inicio del procedimiento administrativo en contra de todos los servidores públicos municipales involucrados; ofrecer una disculpa pública al agraviado; conminar a los Agentes adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Lázaro Cárdenas, a efecto de no ejercer actos de molestia que no estén debidamente fundados y motivados, en contra del agraviado en futuras situaciones de similar naturaleza, así como de cualquier otra persona; impartir capacitación y formación en materia de derechos humanos, de la función policial, de la cultura de la legalidad y la observancia de los códigos de conducta a los Agentes adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del municipio; realizar los trámites los necesarios a efecto de que en Holbox, se cuente con la figura del Juez Calificador Municipal, en los términos que establece el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; y se cuente con personal médico que realice los exámenes de integridad física y toxicológicos.
Si bien estos hechos acontecieron durante la administración anterior, Sosa Guillén buscará reunirse con el actual presidente municipal Emilio Jimenez Ancona, con el fin de exponer que se subsanen este tipo de cuestiones, para darle plena garantía a la ciudadanía sobre sus derechos humanos.
