Ante el incumplimiento y la falta de voluntad de las autoridades del municipio de Felipe Carrillo Puerto de cubrir aproximadamente 16.3 millones que se adeudan a ex trabajadores despedidos de manera injustificada, el representante legal José Luis Oceguera Ramos, confirmó la solicitud presentada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que se proceda al embargo de bienes y cuentas bancarias municipales para lograr el cumplimiento del laudo.
Dijo que han sido llamados a comparecer a las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje pero en ningún momento se han presentado ni el síndico ni el director jurídico del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto para intentar solucionar este problema y que se cubra el adeudo con los ex trabajadores despedidos de manera injustificada.
El representante legal de los 72 ex trabajadores del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, reveló que la presidenta municipal, Paoly Perera Maldonado, se ha negado a conciliar el pago por 16.3 millones que se les adeuda desde hace varios años, cayendo en desacato al laudo condenatorio a favor de sus representados, por lo cual no solo están solicitando el embargo de propiedades y cuenta bancarias, si no también entablarían una demanda de juicio político en contra de la alcaldesa.
Afirmó que ante la falta de voluntad política que han mostrado las autoridades del municipio de Felipe Carrillo Puerto, analizan interponer un tercer requerimiento y se ha solicitado a la autoridad laboral se otorgue el derecho de embargo.
Indicó que de persistir el desacato y esa falta de interés de solucionar este problema, acudirán al Congreso del estado a presentar una solicitud de juicio político contra la alcaldesa.
Reiteró que a pesar de haber interpuesto ya dos requerimientos de pago al ayuntamiento no ha existido voluntad política para liberar el pago que les corresponde por ley, por lo cual se entablará un tercer requerimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y se analiza la posibilidad también de demandar ante la PGR y la Fiscalía General de Justicia, asegurando el desacato a una laudo federal. (Noticaribe)
