El calvario de la Marina Chac Chi contra la gandalla Caveri

Carecen de pruebas, para saber si Félix González es dueño del CREA
Por Antonio Ortiz
Cancún.- 30 Enero.- Hasta el momento no hay pruebas que permitan asegurar que los presuntos dueños de Villas Juveniles del CREA, Ricardo Antonio Vega Serrador y Anuar Fayad Hassan, que representan a la empresa Caveri Servicios inmobiliarios S.A. de C.V., sean prestanombres del exgobernador Félix González Canto, tras adquirir un bien inmueble de Quintana Roo al parecer mediante actos fraudulentos y a precio irrisorio, aseguró el abogado de la marina Chac-Chí, Héctor Pérez Rivero.
Sin embargo, afirmó que de lograr obtener las pruebas, harán la denuncia correspondientes, al ser el dueño de la marina Chac-Chí un tercer afectado por lo de la empresa Caveri, al impedirle operar.
Aunque aceptó que el nombre del hoy senador de la República, González Canto, salió a raíz de las publicaciones en los medios de comunicación.
“Nosotros vamos a poner la denuncia en contra de quienes resulten responsables o contra de quién aparezcan. Si de alguna otra forma existe realmente la cuestión de prestanombres, quizás ellos, en un juicio, lo tendrán que acreditar o bien desacreditar. Pero nosotros directamente alguna denuncia ahorita en cuanto a una persona física. Lo vamos en contra de la persona moral, porque eso es lo que corresponde conforme a derecho, hacemos uso de las pruebas que son todos los documentos que obran y las presunciones legales y humanas”.
Asimismo, reveló que los representantes de Caveri quieren venderle a un grupo español, del que no reveló el nombre, que les dejaría una ganancia de 490 millones de pesos, pues el costo del metro cuadrado en la zona es de mil 300 dólares, mientras que ellos pagaron por el alberge únicamente 38 millones de pesos.
En conferencia de prensa, en la que estuvo Gaspar Paredes, dueño de la marina Chac-Chí, afectado por la decisión expansionista de los presuntos dueños, y de los empresarios náuticos Ricardo Muleiro e Iván Ferrat, quienes exigieron se respete el Estado de Derecho y se garantice la libre operación de empresarios legalmente constituido, el representante legal informó que debido a que denunciaron públicamente las irregularidades de los dueños de Caveri desde el pasado 20 de diciembre, en represalia sufrieron la clausura de las instalaciones marinas por parte de la Profeco.
Así como una “serie de verificaciones e inspecciones de instancias federales”, entre ellas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Profeco.
El dueño de la marina Chac-Chí, Gaspar Paredes, precisó que desde el 2001 arrendó el lugar a la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), quien posteriormente comercializó el predio a un particular, y las villas juveniles, del extinto Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), pasaron a manos del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), durante la administración de Félix González.
Informó que tuvo que recurrir a los abogados para ampararse y evitar que la clausura afecte 200 familias que dependen de la marina, y otras 600 indirectamente.
Señaló que se reunió con Francisco López Mena, secretario de Gobierno de Quintana Roo, para expresarle verbalmente de las presuntas anomalías que han descubierto, en cuanto a la venta del inmueble, y que al parecer contaron los representantes de Caveri con la complicidad del notario público 8 del Estado, José Antonio Arjona Iglesias, y el ex director de Catastro del Municipio Benito Juárez, Hayden Cebada Ramírez, para que se apropiaran de una franja de más de dos mil metros cuadrados del terreno del alberge, gracias al cambio de colindancias que hicieron.
Revelaron que los de Caveri mandaron construir dos torres de vigilancia y pusieron una malla que restringe el paso de las personas; y la DGIRA, de la Semanart, les aprobó la construcción de un muelle rústico, de 40 metros de largo y dos sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
El abogado Héctor Pérez dijo que el gobernador Carlos Joaquín no ha hecho nada hasta el momento para proceder jurídicamente por la presunta venta fraudulenta del terreno a precios irrisorios, pese a formar parte del patrimonio estatal, y ser el principal afectado.