Al menos 14 denuncias contra autoridades de la administración de Roberto Borge Angulo se estarán presentando la próxima semana por el manejo fraudulento que se dio a los recursos de los programas sociales y hasta al gasto corriente, informó el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal.
Los presuntos desvíos de recursos que se han documentado al interior de al menos seis instancias de gobierno acumulan más de 4 mil millones de pesos, y actualmente se está presentando ante la Fiscalía General la documentación que sustenta las acusaciones.
Entre las 14 denuncias que van a presentarse en la siguiente semana se incluyen: una por más de mil millones de pesos malversados desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural; otra por mil 55 millones desaparecidos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA); 319 millones de pesos y más de 40 millones de dólares que se gastaron de manera irregular a través de la paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos VIP Saesa.
El secretario de la Gestión Pública insistió en que las nuevas denuncias son principalmente por malos manejos de los recursos públicos durante la administración del ex gobernador, Roberto Borge Angulo. Algunas de ellas serán ante la Fiscalía del Estado y otras en la Procuraduría General de la República (PGR).
Adelantó que las irregularidades fueron encontradas en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena y Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA). También sobresalen más de mil millones de pesos faltantes en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, al igual que malos manejos detectados en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), Consejería Jurídica y Vip Saesa entre otras.
Las denuncias posiblemente serán contra los ex titulares de estas dependencias, así como mandos medios que pudieran estar relacionados con estas malas prácticas. Otra de las denuncias que se presentará en los siguientes días es la relacionada con un sobrecosto del Auditorio del Bienestar, una de las obras emblemáticas de la pasada administración.
Rafael del Pozo Dergal, secretario de la Gestión Pública, dijo que al igual que la Secretaria del Trabajo, Catalina Portillo, él ha recibido amenazas a su persona por el trabajo y las denuncias que han realizado; sin embargo, reconoce que como funcionario está expuesto a ese tipo de situaciones y por lo mismo seguirá con su labor para que la ley se cumpla. Del Pozo Dergal no pudo confirmar de dónde vienen las intimidaciones, pero reconoció que cuenta con escoltas para su seguridad. “Mi trabajo implica riesgos, eso lo asumo como es, pero no hay una amenaza que nos haga claudicar o cambiar lo que estamos haciendo, tengo de manera normal mi seguridad con dos personas”, explicó el funcionario estatal.
De nueva cuenta la secrecía de las investigaciones fue el argumento para no dar a conocer detalles de las irregularidades financieras que se han detectado en las auditorías realizadas en las cuentas de la administración anterior. (Luces Del Siglo)
