Roberto Borge se queda en Panamá en un plazo máximo de 60 días en tanto la Embajada Mexicana realiza los trámites de la extradición. Detenido en la Dirección de Investigación Judicial de la Policia Nacional, el Tribunal de Apelaciones confiscó sus pertenecías. Su inseparable BlackBerry, ese viejo celular con ligas al que estaba acostumbrado, dinero en efectivo y tarjetas de crédito. POR Adelita Coriat
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La Estrella de Panamá
Después de dos horas y trece minutos de deliberación, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, Yilis Pittí, Greta Marchosky y Adrián Hernández, declararon legal la detención del exgobernador de Quintana Roo, México, Roberto Borge, y negaron la devolución de sus pertenencias con las que fue aprehendido.
Entre estas cosas había tarjetas de crédito, gafas de sol, tarjeta del Price Mart, cajas de habanos, dinero en efectivo en dólares y euros, celulares y conectores del teléfono.
De igual forma, dieron plazo al país azteca para que formalice la petición de extradición que podrá surtirse en los próximos 60 días hábiles que empiezan a contar a partir de este miércoles.
DETALLES DEL CASO
Borge se hospedaba en un lujoso hotel de Punta Pacífica
Al momento de ser detenido, se dirigía a París, Francia, para luego trasladarse a España.
El acusado enfrenta siete procesos judiciales en su país, uno de ellos por enriquecimiento ilícito.
La defensa del exgobernador, liderada por el abogado Carlos Carrillo, así como un grupo de abogados mexicanos que estaban presentes en la audiencia celebrada en la capital panameña, apelaron la decisión de los magistrados e indicó que interpondrá los recursos necesarios a favor de su cliente.
Los jueces hicieron un receso después de la apelación de la defensa y a los pocos minutos se reinició la audiencia. Negaron la solicitud de la defensa por un tecnicismo de forma.
El abogado del exgobernador anunció una apelación, mientras que el Tribunal Superior de Apelaciones consideró que el recurso que cabía en ese caso era el de la objeción a la decisión.
El exgobernador continuará recluido en las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, una estructura policial ubicada en la zona canalera del país istmeño.
El fiscal José Antonio Candanedo, al salir de la audiencia, dijo que se respetó el debido proceso y que eso es lo que están asegurando los ministerios públicos de ambos países.
Candanedo señaló que la defensa ‘utiliza cualquier estrategia que sea apropiada para plantear su requerimiento ante el Tribunal, pero objetivamente así lo declararon los magistrados’.
El siguiente paso es que la embajada de México presente la extradición formal del procesado, y una vez que se presenten las pruebas correspondientes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, se enviarán a la Procuraduría y se realizará una nueva audiencia para este proceso.
El exgobernador, presente en la audiencia, no hizo gestos ni se mostró sorprendido ante el fallo de los magistrados. En todo momento estuvo sereno. Vestido con camisa a cuadros y pantalón azul oscuro, estaba acompañado por más de cuatro personas, también mexicanos. Uno de ellos, con bastante parecido físico, negó relación con el político cuando la prensa le preguntó si es su hermano, amigo u otro familiar.
SOBRE LA DECISIÓN
El tribunal, por decisión unánime, refutó los argumentos de la defensa de Borge.
La petición de extradición de la Fiscalía de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, ente que solicitó la legalidad de la detención de Borge, se basa, a su vez, en una petición enviada por la embajada de México en Panamá efectuada el 5 de junio con fundamento en el tratado de extradición firmado entre ambos países.
México recargó su solicitud en los supuestos delitos cometidos por Borge en el estado que gobernó hasta el año pasado.
Los magistrados consideraron, ante los argumentos de la defensa de Borge, que la Fiscalía está plenamente facultada como agencia de instrucción de la Procuradora según las necesidades de servicio, y que tiene competencia en materia de extradiciones.
En este punto, Carrillo había argumentado que era la Procuradora, y no la Fiscalía, quien debía haber efectuado la solicitud de extradición.
En este sentido, el Tribunal consideró que no se cometió una ilegalidad y que las actuaciones de la Fiscalía se apegaron a la Ley.
Si bien es cierto, continuó el Tribunal en su decisión, que la orden de extradición tiene fecha posterior a la orden de detención del exgobernador, corresponde con lo descrito en la Ley de Inmigración.
