Fabiola Cortés Miranda
PLAYA DEL CARMEN, MX.-El cuatro de mayo pasado, la que esto escribe publicó una nota titulada “Secretario de Gobierno y de Seguridad Pública de QRoo obstaculizan Mecanismo de Protección para Periodistas”, en la que daba cuenta de la falta de respuesta por parte de Francisco López Mena y de Rodolfo del Ángel Campos, a los oficios enviados por el Mecanismo de Protección para Periodistas, que analiza el caso de esta reportera.
Hace unos días, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel, me hizo llegar la constancia de que desde el 28 de abril había dado respuesta al oficio UER/DEER/475/2017 en el que se le requirió informar si existen medidas implementadas a favor de la periodista, además de que se le solicitaron datos de la incidencia delictiva del fuero común en Quintana Roo y particularmente en la zona norte, en los dos últimos años.
La primera sesión de la Junta de Gobierno del Mecanismo sobre el caso particular fue el 28 de abril, el mismo día que Del Ángel Campos entregó la respuesta del oficio, por lo que se entendería que el informe del Secretario de Seguridad Pública no estuviera anexado a la Evaluación; sin embargo, la segunda sesión, fue el 30 de mayo, y en ésta se reportó que el funcionario de Quintana Roo seguía sin responder el oficio que le envió el Mecanismo…
El secretario de Gobierno, Francisco López Mena, respondió, aunque tardíamente, al oficio girado por el Mecanismo de Protección, por lo que no pudo ser incorporado al análisis del caso.
Situo lo anterior en el debate que tiene lugar en estos días en México, sobre la situación de riesgo a la que estamos expuestos los periodistas, y la discusión de si es necesario que cada estado tenga una ley de protección para periodistas y un mecanismo; o basta con revisar y actualizar la ley federal y el mecanismo, y en los estados crear unidades de coordinación y enlace.
Me pongo del lado de los que opinan que crear leyes estatales para atender una problemática ya estudiada e identificada, sería un gran retroceso, puesto que ha quedado sobradamente documentado que las presiones sobre los periodistas, sutiles o violentas, provienen de los entes municipales o estatales, y que, ante las denuncias, serían estos mismos los que se encargarían de evaluar el riesgo del periodista, y también de brindarle “protección”.
Estoy convencida que la trayectoria de un Mecanismo de Protección federal no debe ser desperdiciada, máxime cuando se han identificado sus fallas, sino más bien, es necesario revisarlo, reorientarlo y adecuarlo a las circunstancias.
La federación está deseosa de que se creen leyes y mecanismos locales para arrojar la toalla y no ser obligada a enfrentar la situación que durante muchos años no se ha tomado con seriedad. Y yo me pregunto, y si la federación no ha podido, los estados, con todas sus limitaciones, podrán?.
Las leyes y los mecanismos estatales solo diluirán la problemática, la desdibujarán, y, muy probablemente, condenarán al mayor de los olvidos los casos de agresiones y asesinatos de periodistas.
Me parece que en los estados deben crearse unidades de enlace y seguimiento con el Mecanismo federal, que revisen desde lo básico, para evitar el “extravío” de documentos enviados por los funcionarios locales; hasta que se ocupen de retroalimentar al Mecanismo federal en cuanto al contexto de los casos particulares que en el centro del país se ven con una “objetividad” que ha llevado a evaluaciones fallidas, al hacer de lado al periodista de carne y hueso.
