Por: Luis Angel
Resulta verdaderamente increíble -y lamentable- que hoy, cuando mejor informada debería estar la población ante el cambio de gobierno en Quintana Roo, es precisamente cuando menor información se genera por parte de quienes deberían estar interesados y obligados a hacerlo -para eso les pagan-, lo que obliga a utilizar más la imaginación, o bien remitirnos a otros medios que demuestran interés en investigar, entre ellos las redes sociales.
En este sentido, no pocos se fueron ayer con la finta de un nuevo caso de impunidad en el caso del ex gobernador Roberto Borge, esto cuando se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había acordado por unanimidad el sobreseimiento sobre las acciones de inconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República contra el sistema anticorrupción del Estado.
Conforme a los medios nacionales, la ministra Norma Lucía Piña Hernández estuvo encargada de elaborar el proyecto de sentencia, en cuya exposición ante el pleno de la Corte indicó que la PGR había interpuesto dos acciones que se acumularon, y de las que únicamente quedaba pendiente de analizar lo relativo al nombramiento, remoción y ratificación del Fiscal General.
Dichas reglas estaban contenidas en el artículo 96 de la Constitución de Quintana Roo, aunque, debido a que “el Congreso local (Quintana Roo) decidió modificar dicho precepto, las acciones de inconstitucionalidad 57 y 64/2016 que promovió la PGR quedaron sin materia.
Como se sabe, el 26 de junio último, en el marco del “blindaje” al sexenio borgista, la XIV Legislatura, encabezada por Pedro Flota Alcocer, designó al entonces procurador general de Justicia, Carlos Arturo Álvarez Escalera, nuevo titular de la recién creada Fiscalía General, cargo en el que se desempeñaría durante 9 años.
El 11 de septiembre de 2015, a unos meses de cumplir cinco años al frente de la dependencia, Gaspar Armando García Torres, había decido dejar el cargo tras sonado escándalo por la difusión del video del asesinato de un taxista a manos del crimen organizado, ante lo cual dijo pertenecer a una cédula del narcotráfico que pagaba millones de dólares por “protección” al funcionario.
Irónicamente, el mencionado crimen, del que jamás volvió a decirse ni averiguarse nada, ocurrió en la ciudad de Cancún, precisamente cuando el nuevo “flamante” Fiscal se desempeñaba como Subprocurador de Justicia de la Zona Norte.
Pero, vaya, éste no ha sido el único sonado, escandaloso caso del que se mantuvo completo hermetismo y parece estar “archivado” en el olvido, ya que también incluye el del contrabandista Ernesto Alonso de Miguel (a) “El Español” que, a un año de distancia, todo hace suponer que forma parte de las “frías” estadísticas de la Procuraduría de Quintana Roo, hoy Fiscalía General.
El asesinato ocurrió el 14 de noviembre del 2015, alrededor de las 23:30 horas, publicó Noticaribe en ese entonces, en el restaurante de comida uruguaya “El Emporio”, ubicado en la avenida Carmen Ochoa de Merino, cerca del cruzamiento del Bulevar Bahía de Chetumal con calzada Veracruz, donde el hoy occiso recibió dos disparos en el rostro y otros 3 en el hombro.
Durante la ejecución, donde estaba presente el periodista del Diario de Quintana Roo José Adrián González Calderón, también falleció el agente de la Policía Ministerial, Agustín Guevara Martínez, quien recibió 5 impactos de bala calibre 9 milímetros, uno de ellos en la sien izquierda, lo que indica que el sicario era un profesional porque fue certero y actuó con sangre fría.
Como era de esperarse, el procurador Álvarez Escalera mantuvo total hermetismo, y aunque aseguró contar con una “línea de investigación”, nunca la quiso dar a conocer “para no entorpecer las investigaciones” del doble homicidio, que quedó asentado -para la historia, ahora vemos- en la carpeta de investigación 2844/2015.
Los casos de ejecución son múltiples, particularmente en el caso de Cancún, aunque, también “para la historia” de Quintana Roo, permanece el misterioso crimen de quien fuera titular de la Dirección de Gobernación, el chetumaleño Isaías Capeline Lizarraga, a quien ejecutaron a plena luz del día, frente a céntrica plaza comercial de esa ciudad hace 4 meses -el 14 de julio último- junto con su escolta Angel Casillas.
Los hoy occisos, de cuya ejecución tampoco ha vuelto a decir nada Álvarez Escalera -otra rayita más al “tigre”- viajaban en una camioneta, en la que un comando les disparó alrededor de una veintena de balazos con armas de alto poder, en un hecho del que, dijimos entonces, al que posiblemente más habría calado, además de su familia, era a Roberto Borge, quien tenía muchos más enemigos que “amigos”.
Dada la manera en que ocurrió la ejecución, la PGR debió atraer el caso, no sólo por la comprensible desconfianza hacia la Procuraduría de Justicia del Estado, sino por el tipo de armas utilizadas y los aparentes, sospechosos motivos que, ante los antecedentes del tema, obligaban a responsabilizar a la delincuencia organizada.
Sin embargo, a la luz del sospechoso “silencio” del nuevo Fiscal, uno de los culpables del asesinato de quien fuera uno de los funcionarios más cuestionados y controvertidos de la oscura gestión, dijimos, era precisamente el propio Roberto Borge, aunque también tendría mucho de qué hablar el ex titular de la Secretaría de Gobierno, Román Quián Alcocer, de quien aquél dependía directamente.
¿Por qué ellos?, nos preguntábamos. Fácil: Ambos sabían perfectamente a qué se dedicaba realmente Capeline Lizarraga, muy probablemente bajo sus órdenes, y no precisamente a trabajos que le correspondían a Gobernación: A investigaciones políticas, por las que nadie acribilla a alguien, al menos NO en Quintana Roo.
Asimismo, inculpamos al ex alcalde de Benito Juárez, el priísta Paul Carrillo de Cáceres, quien, desde el inicio de su nefasto trienio, nunca pudo frenar la ola inseguridad que permea en ese polo de desarrollo turístico, similar a la que ha rebasado ahora al munícipe “ecologista” Remberto Estrada Barba.
¿Falta de información? ¿Falta de oficio? ¿Qué ocurre realmente en la hoy llamada flamantemente Fiscalía de Quintana Roo y su “flamante” titular? ¿El “silencio” cómplice e incapacidad de investigación serán sus características de los próximos 9 años?
No lo sabemos, aunque a la luz de los hechos sólo nos podemos ratificar ¡Pobre Quintana Roo!
