CANCÚN, MX.- Con serias irregularidades y omisiones detectadas en el Registro Público de la Propiedad, entre ellas que la empresa Bi & Di vendió sus terrenos y un embargo de 609 millones de pesos sobre el predio de 5.4 hectáreas propiedad del Ayuntamiento de Benito Juárez, activistas del movimiento de defensa de Malecón Tajamar pidieron la intervención de la autoridad correspondiente para la clausura del proyecto.
En conferencia de prensa, representantes de Salvemos Malecón Tajamar, entre ellos abogadas, indicaron que de acuerdo con los datos recabados en la instancia, varios terrenos figuran dentro del que es propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), cuando se había argumentado que eran propiedad de particulares.
Araceli Domínguez, externó que “lo que está sucediendo en Malecón es el ícono de todos los procedimientos ilegales violatorios del interés público, del modus operandi del gobierno y funcionarios en términos de lo que es la violación a las leyes en todos los términos, no solo ambientales”.
“Es también el ícono de la lucha de los ciudadanos en contra de las propia ausencias de poder de las autoridades. Lo que pasa aquí, sucede en muchos lugares como una forma cotidiana de operar de las autoridades en todo el país, lo que es muy doloroso porque se antepone el interés personal de la autoridad al público y Tajamar lo revela en toda su magnitud, con violaciones en todos los sentidos”.
La abogada Antonella Vázquez indicó que investigaron en el Registro Público para saber más en torno a los terceros perjudicados en el caso, debido a que en la denuncia que presentaron los 113 menores, Fonatur solicitó al juez establecer una fianza -que se fijó en 21 millones de pesos- debido a que había terceros perjudicados, “que al final no se pudo cumplir y provocó la devastación del terreno, al no haber impedimento legal.”
“Hay todavía varios lotes registrados a nombre de Fonatur, otros que se adquirieron entre 2008 hasta 2013 y algunos en 2015. Ahí se detectó con sorpresa que tres lotes propiedad del municipio, que se fusionaron, tienen un gravamen, un embargo por 609 millones de pesos, a favor de Grupo Carretero S.A. de C.V.”, precisó.
Dijo que al solicitar el certificado que acreditara la información, se los negaron porque están en proceso dos movimientos la cancelación del gravamen y un traslado de dominio, lo que está pendiente hasta que se registre el movimiento.
Asimismo, confirmó que Bi & Di, ya vendió sus terrenos en julio, agosto y los últimos en octubre de 2015 y “no es dueño ya de absolutamente nada”, por lo que subrayaron que “ni Profepa ni Fonatur deben insistir o señalar a esta empresa como única culpable de los incumplimientos a los que estaba obligado Fonatur.
Los defensores del manglar indicaron que “el Juzgado Cuarto de distrito actuó de manera irresponsable tomando por buenos ciertos terceros y perdiendo tiempo en sus notificaciones. Además, legalmente gran parte de los lotes siguen siendo propiedad de los mexicanos, ya sea de la federación o el municipio, dependiendo de lo que está pendiente de registro”.
Apuntaron que las compraventas que se realizaron en 2015 fueron de terceros que conocían la situación de las autorizaciones irregulares de Fonatur, “por lo que queda en entredicho su buena fe”.
La abogada Elizabeth González indicó que en todo momento se ha ocultado información, por lo que pidió un alto a la incongruencia de Profepa, “que aún no entiende qué le toca vigilar” y a la complicidad del gobierno. (Fuente: EL Financiero)
La dependencia también compartió una foto sobre cómo lució el presunto desarrollo en la zona durante 2006 y 2009. Foto: Twitter @FonaturMX
La dependencia también compartió una foto sobre cómo lució el presunto desarrollo en la zona durante 2006 y 2009. Foto: Twitter @FonaturMX
ACCIÓN CONCERTADA PARA DEJAR IMPUNE DEPREDRACIÓN EN TAJAMAR
CANCÚN, MX.- Activistas del Malecón Tajamar denunciaron una acción concertada del gobierno para impedir se proceda legalmente contra los responsables de la depredación del malecón Tajamar e impedir la recuperación de este terreno, localizado frente al sistema lagunar Nichupté.
“Hay una complicidad del gobierno. Lo tenemos que decir”, subrayó la abogada Isabel Cecilia González Glennie.
En rueda de prensa, cuestionaron el desempeño de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pofepa), de jueces federales y hasta del ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún).
En nueve meses, precisaron, la Profepa no ha avanzado en las denuncias que han presentado 7 mil ciudadanos por la devastación al malecón Tajamar, incluso se ha negado dar vista de los expedientes a querellantes.
Aracely Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), indicó que la Profepa acumuló las denuncias en un solo expediente, y si bien ha realizado visitas de inspección, no hay mayores avances en los procedimientos que deberían de concluir en la cancelación de los permisos.
Las primeras denuncias fueron hechas en junio de 2015, cuando fueron desforestados los primeros terrenos que eran propiedad del grupo italiano “Bi & Di”, y luego tras la devastación del pasado 16 de enero de 59 hectáreas de Tajamar.
“En virtud de la coadyuvancia que tenemos los denunciantes, solicitamos revisar los procedimientos administrativos abiertos, pero la solicitud fue negada”, dijo Domínguez.
Por otra parte, indicó, también solicitaron ante Profepa medidas y acciones de preservación del ecosistema.
“El manglar aún está vivo y las especies que habitan en él también, y dependen del ecosistema, pero además se deben ejecutar acciones que tiendan a preservar, por lo menos para permitir que los animales y el ecosistema no se siga devastando”, dijo.
Esta mañana, los activistas presentaron más pruebas ante la Profepa, que fueron recopiladas a partir de una convocatoria a ciudadanos que atestiguaron la devastación del 16 de enero.
Por otra parte, la abogada González Glennie indicó que, de cuatro demandas de protección de garantías presentadas, sólo han obtenido una suspensión definitiva, que corresponde al juicio de amparo 86/2016 ante el Juzgado Segundo de Distrito.
En los otros, refirió, un juez pidió una fianza de 22 millones de pesos, y en otro más cambió de criterio y también fijó una garantía, mientras que en uno más ni siquiera fue concedida la suspensión provisional.
Luego señalaron que un terreno propiedad del ayuntamiento, en Tajamar, fue embargado por una empresa constructora, y si no prosperan los recursos legales interpuestos, se advierte la posibilidad de que sea vendido.
La abogada Antonella Vázquez indicó que la mayor parte de los predios sieguen siendo propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y del ayuntamiento de Benito Juárez.
“El ayuntamiento tienen tres lotes, los marcados con los números 1, 2 y 10 –precisó– los cuales fueron fusionados en uno, pero también fueron impactados por la devastación.
Los activistas detectaron, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, que el predio fue embargado por un monto de 600 millones, en favor de la empresa Grupo Carretero.
En otro asunto, los activistas se pronunciaron por el libre paso a Tajamar y que Fonatur realice trabajos de conservación y mantenimiento. (Fuente: Proceso)
