Según cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que en México han desaparecido 1.360 personas durante el primer cuatrimestre del año 2005 y la cifra total es de 26.000 personas sin rastro alguno.
El caso más emblemático de desaparición forzada en México, es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sin embargo existen registrados 1.360 personas desaparecidas durante el primer cuatrimestre del año en curso, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y de mantenerse la dinámica en la estadística podría alcanzarse la cifra de 4.015 desaparecidos sólo durante el año 2015, según publica Sin Embargo.
Las entidades federativas mexicanas con mayor índice de desapariciones forzadas son Tamaulipas (5.379 desaparecidos), Estado de México (2.215 desapariciones), Nuevo León (2.215 desaparecidos) y Chihuahua (1.569 desaparecidos). Estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo partido del presidente Peña Nieto.
Existe un vacío de información y datos confiables para poder evaluar y discernir los diferentes casos de las personas desaparecidas y por ende no existen líneas de investigación que puedan diagnosticar eficientemente si se trata de tráfico de órganos, tráfico de personas u otra variable dentro del crimen organizado.
Según Mary Speck, en entrevista para Sin Embargo, señaló que existe una impunidad dramática que deja en evidencia la incapacidad de juzgar y de investigar este grave problema en México.
Durante la presente administración del presidente Enrique Peña Nieto se creó la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos para establecer protocolos de búsqueda y se hizo el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, sin embargo esta estructura institucional es insuficiente ya que los familiares de las víctimas no realizan denuncias ante las autoridades por miedo a la complicidad que existe entre las autoridades y los grupos criminales, solo el 2% ha presentado una denuncia judicial (577 denuncias de 26.000 casos).
Los especialistas puntualizan que es necesario impulsar una Ley General de Desapariciones que tenga un seguimiento al estatus de una persona desaparecida y ejecutar una coordinación a nivel nacional para desarrollar una estrategia de búsqueda que genere resultados tangibles.
Finalmente los especialistas señalan que es imperante desarrollar una base de datos con información de ADN de los desaparecidos para poder implementar una búsqueda que genere resultados y para ello es necesario asignar recursos humanos capacitados e invertir en equipo técnico.
Por su parte la ONU ha recomendado al Gobierno de México garantizar el delito de desaparición forzada en los códigos penales de todos los estados y desarrollar una definición armonizada que contenga la normatividad internacional en materia de derechos humanos, así como establecer un programa nacional de búsqueda con protocolos de acción inmediata y a mediano plazo.
