Cuatro mujeres y un hombre murieron asesinados en un departamento de la Ciudad de México el pasado verano, en un barrio de clase media, la colonia Narvarte. Hay, de momento, tres detenidos. Se llaman Daniel Pacheco, Abraham Torres y Omar Martínez.
MÁS INFORMACIÓN
Se apagó la cámara, se apagó el activista
Rubén Espinosa y las cuatro mujeres recibieron cada uno un tiro de gracia
Era la ciudad de la esperanza
ESPECIAL Periodista en México: un oficio de alto riesgo
Asesinado en México un periodista que había denunciado amenazas
El 31 de julio de 2015, a eso de las dos de la tarde, los asesinos llegaron al departamento de la Narvarte. Los videos de seguridad de la ciudad muestran a tres personas saliendo del inmueble minutos después de las tres de la tarde. La fiscalía asegura que se trata de los tres detenidos. En el departamento convivían aquel día, a aquella hora, al menos cinco personas, cuatro mujeres y un hombre. En el departamento convivían aquel día, a aquella hora, al menos cinco personas, cuatro mujeres y un hombre. Una de las mujeres se llamaba Nadia Vera y fungía de activista cultural. El hombre se llamaba Rubén Espinosa y trabajaba de fotoperiodista.
Nadia y Rubén habían trabajado en Veracruz por años. Se habían mudado al DF recientemente por amenazas y presiones que, denunciaban, tenían que ver con su labor profesional. En un entrevista concedida meses antes de su muerte a un canal de televisión por internet, Nadia Vera declaraba que “responsabilizaba” al Gobierno de Veracruz de cualquier cosa que pudiera pasarle.
El crimen consternó al país, en concreto a la sociedad capitalina. Pese a que los índices delictivos iban al alza en la ciudad desde hacía meses, el caso Narvarte reventaba, otra vez, la supuesta burbuja de seguridad en que vivían los vecinos del DF. La violencia, que se ha cobrado decenas de miles de vidas en los últimos años en el país, era cosa de provincia. Y de repente cinco personas eran asesinadas en un barrio tranquilo de la capital, a plena luz del día, dos de ellas muy críticas con el gobernador de un estado gobernado por el PRI, el partido que dirige además el gobierno federal.
“En el departamento encontraron una pisada en un charco de sangre que no coincide con el tamaño del pie de ninguno de los detenidos”
LEOPOLDO MALDONADO, ABOGADO DE LOS FAMILIARES DE RUBÉN ESPINOSA
El fiscal de la ciudad, Rodolfo Ríos Garza, declaró entonces que en la casa “había habido un saqueo”. Días después de lo ocurrido, el fiscal y el alcalde aseguraron que agotarían todas las líneas de investigación.
En las siguientes semanas, la investigación de la fiscalía se convirtió en un espectáculo mediático, presa de filtraciones y giros narrativos. Un día los diarios capitalinos apuntaban que el múltiple homicidio era producto de un robo de drogas; otro que el departamento era en realidad una casa de citas; luego que Rubén y Nadia habían consumido drogas en las horas anteriores a su muerte…
Entre tanto, las autoridades aprehendieron a los sospechosos. Primero detuvieron a Pacheco, que declaró que efectivamente había estado en el lugar del crimen, pero que no había matado a nadie. Fue, dijo, a mantener relaciones sexuales con una de las mujeres. Luego dieron con Torres, un expolicía que dijo igualmente que había estado allí, pero que tampoco había tenido que ver con sus muertes. Torres dijo que Pacheco y el tercer detenido, localizado semanas más tarde, eran del cártel de Los Zetas. Dijo que conocía a la mujer colombiana y aseguró que los otros dos querían robarle un cargamento de cocaína. El tercero, Omar Martínez, detenido a mediados de septiembre, negó su presencia en la Narvarte y dijo que la fiscalía se equivocaba: él motivo de que los investigadores le ubicaran en la zona, aquel día a aquella hora, se debía a que había prestado su celular a Daniel Pacheco.
Y después de todo aquello, los dos primeros, Pacheco y Torres, declararon que en realidad no habían estado en el lugar de los hechos, que las primeras declaraciones se las habían sacado a golpes los agentes de la fiscalía.
Leopoldo Maldonado, representante de los familiares de Rubén Espinosa, explica que existen “tres problemáticas” en el caso. La primera tiene que ver con las filtraciones de la investigación las primeras semanas. “Los datos que soltaban tenían por finalidad construir una narrativa que descontaba la actividad de Rubén y Nadia y tendían a crear una imagen de que el caso tenía que ver con prostitución o drogas”. En agosto pasado, un juez instó a la fiscalía a que resguardase la información sobre el caso.
La segunda tiene que ver con el tratamiento a los familiares de las víctimas, a su juicio, deplorable. “En la primera reunión que tuvieron con la subprocuraduría de atención a víctimas, les sacaron un sobre con el informe toxicológico de Rubén y Nadia… ¿Qué tiene que ver eso con su muerte?”.
La tercera, quizá la más importante, responde a las fallas en la investigación. Hay dos puntos que podrían desmontar la versión oficial. David Peña, abogado de Nadia Vera y Mile Virginia Martín, coincide en su relevancia. “En el departamento encontraron una pisada en un charco de sangre que no coincide con el tamaño del pie de ninguno de los detenidos”.
Y luego, además, el perfil genético de unas marcas de sudor. Las víctimas recibieron un disparo de una pistola 9 milímetros, pero a Yesenia y a Nadia las estrangularon además con un cable. “En ese cable”, explica Peña, “encontraron restos genéticos de alguien, sudor seco. El perfil genético de ese sudor no coincide con ninguno de los tres detenidos”.
Ambos critican que la teoría de la fiscalía se basa en las localizaciones de las llamadas de los teléfonos celulares de los detenidos. “Por ejemplo, el teléfono de Torres recibió 16 llamadas entre las 13.50 y las 15.00. Tres llamadas eran de teléfonos del estado de Chihuahua. ¿Sabes qué dijeron los investigadores?… Que podrían ser números equivocados. No tienen en cuenta esa, ignoran las personas con quienes pudieron haberse visto los detenidos tras dejar la Narvarte. ¡Hay dos horas esa tarde en que no saben dónde estuvieron!”.
La investigación se alargará hasta el final del año. La fiscalía evita dar información desde que el juez lo prohibió y los abogados critican que el problema es sistémico. “Si la fiscalía carece de autonomía es improbable que las investigaciones se desarrollen adecuadamente”, explica Leopoldo Maldonado. “Aquí las fiscalías siempre se amparan en las confesiones para imputar. Hay que analizar el estándar de las pruebas que emplean”.
