Mauricio Gongora y su blindaje con las notarías

Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
Tras darse a conocer que las “sucias” operaciones del ex candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo se “legalizaban” a través de la Notaría Pública número 13 de Playa del Carmen, de la que es titular Rubén Antonio Barahona López, nuevamente se ponen de manifiesto nuevas negociaciones del alcalde con licencia de Solidaridad con el mismo profesional.
Ahora resulta que los predios que Mauricio Góngora Escalante ocultó en su declaración 3de3 también los “formalizó” el propio Barahona López, aunque a nombre de la cónyuge de aquél, Cinthya Irán Osorio Rosas, quien sólo aparecía como propietaria de una casa y un terreno.
Como publicamos en su momento, las primeras investigaciones sobre el presunto fraude de Mauricio Góngora por más de 536 millones de pesos también involucran recursos federales para el pago de medio centenar de empresas “fantasmas” con renta de “maquinaria” de distintos Estados para trabajos inexistentes entre 2014 y abril de 2016, cuando aún fungía como alcalde.
Según publicó el periódico capitalino Reforma, el ex candidato de la alianza PRI-Verde-Panal, ocultó en su declaración 3de3 dos predios cuyos en el municipio de Tulum que, con una extensión cercana a los 6 mil metros, formalizó aquél el 1 de septiembre de 2010 ante Barahona López.
En su declaración patrimonial pública, dijo poseer una casa adquirida a crédito en 2003 con valor de 485 mil pesos; dos locales adquiridos en 2001 y 2003 (172 mil pesos), y dos terrenos adquiridos en 2000 (867 mil pesos)
En copia simple de las escrituras de los predios de Tulum que no declaró, pero que formalizó ante el notario 13, parece hacerlos adquirido de Aurelia Choc Aguilar y formalizado en el Registro Público de la Propiedad. Según las escrituras públicas 6,950 y 6,953, pagó 463 mil pesos por un predio de 2 mil 419.5 metros cuadrados, y 1.7 millones de pesos por otro de 3 mil 477.1 metros cuadrados.
Según su declaración patrimonial, devenga más de 5.3 millones de pesos, 1.496 millones de pesos integrados como servidor público y 3.860 millones en “otros” no especificados, mientras que su esposa, supuesta presidenta “honoraria” del DIF-Solidaridad, 2.820 millones de pesos anuales.
El otro irregular, bochornoso caso en el que ahora se vio involucrado un Notario Público, Miguel Ángel Ortiz Cardín, fue cuando Mauricio Góngora le obsequió secretamente al periódico Por Esto! una hectárea de terreno propiedad de la Comuna, con valor de más de 26.1 millones de pesos.
Formalizó la transacción como alcalde, con aval de la Notaría 21 de Ortiz Cardín el 3 de septiembre de 2014 en escritura número 13859, que estipula “donación a título gratuito” a favor de “Publicidad Impresa del Sureste, SA de CV”, una de las razones sociales del periódico Por Esto!
La nueva participación de los Notarios para formalizar operaciones de origen dudoso -Barahona López también tuvo de “cliente” al ex gobernador Félix González- pone de manifiesto la necesidad de actualizar y endurecer la Ley del Notariado de Quintana Roo en sancionar conductas de esa naturaleza y la propia expedición de Patentes para su ejercicio.
Hasta hoy, el gobernante en turno tiene la facultad de otorgar las patentes que, al menos en teoría, considere necesarias para cumplir con las necesidades del ramo, aunque en la práctica le sirve para premiar a políticos y amigos, no necesariamente profesionales de la rama del Derecho, ni con la experiencia o probidad necesarias para una tarea pública tan importante, en la que cuentan con fe pública de funcionarios.
Hasta donde recordamos, el único Notario al que se sancionó por alguna conducta irregular fue Carlos España Novelo, Notario Público 23 con residencia en Chetumal, a quien habría inhabilitado el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid, pero permitió el ejercicio al suplente René Martín García Tamayo.
Sin embargo, la Secretaría de Gobierno inhabilitó también a éste en mayo de 2010 por incurrir en diversas irregularidades en la venta de terrenos costeros en la Riviera Maya, en una operación por cerca de 700 mil dólares, en agravio de Daysi Baeza Rodríguez, ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado durante la gestión de Villanueva Madrid.
La Secretaría de Gobierno ordenó entonces a España Novelo nombrar otro suplente para garantizar el servicio, pero García Tamayo interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia y éste, como medida cautelar a cargo del ahora ex procurador de Justicia, el magistrado Gaspar Armando García Torres, le permitió despachar 4 meses más.
Así, en septiembre de ese año, la Sala Constitucional y Administrativo del Tribunal determinó revocar la medida. El suplente actual de la Notaría Pública 23 es Emilio Chan Cob.
Otro “bochornoso” caso fue en enero del 2014, cuando la Procuraduría de Justicia aprehendió a la ex precandidata a senadora del PRD y Notaria Pública Número 46, Alma Lilia Luna Olivas, acusada de fraude específico por la ahora diputada federal del PAN, ex diputada local y ex subprocuradora Patricia Sánchez Carrillo.
Asimismo, en marzo del 2012, el notario público auxiliar de la Notaría Número 46, Leonardo Agustín del Bosque López, fue ejecutado a balazos cuando llegaba a su casa, mientras que la Subsecretaría Jurídica de Notarías y la desaparecida SIEDO investigaron la Notaría por colaborar supuestamente con la delincuencia organizada para legalizar propiedades de sus víctimas.
Otra Notaría en escándalos fue la número 1, originalmente de Oscar Gutiérrez (q.e.p.d.), trasladada de Chetumal a Cancún en 2007 en favor de Aníbal Alejandro Pedrero Loaiza, tras haber entrado a concurso y aprobar los exámenes teórico y práctico, pero detenido en febrero de 2009 por una serie de denuncias en Baja California, Nayarit y Tabasco.
A nueve años de aquel incidente, inclusive desde antes de concluir el sexenio de Félix González, Roberto Borge, a través de su Secretario de Gobierno, Román Quián Alcocer, entrega patentes de Notarías Públicas al mejor postor y sin convocatoria previa.
La desfachatez de este sistema, denuncian Abogados locales, es saturar Quintana Roo de Notarias, ya que se ha entregado una decena, pero 35 más esperan en la mesa de “negociaciones”, donde el playense Quián Alcocer las cotiza en 9 millones de pesos cada una, con lo que se embolsaría 405 millones de pesos con patentes, desde luego en favor de “prestanombres”.
Aunque existen pocas posibilidades de progreso, se dice que un Comité de Notarios, Comités Ciudadanos y Colegios de Profesionistas impugnarán esa entregada de patentes.
Desde febrero último el presidente del Colegio de Notarios de Quintana Roo es el ex colaborador de Mario Madrid, Miguel Mario Angulo Flota, Notario Público número 27, con residencia en Playa del Carmen. Por su parte, la Notaria Pública número 38 de Cancún, Carmen Nicolás Ramírez, funge como presidenta del Consejo de Notarios de Quintana Roo.
Recién decíamos que Quintana Roo contaba con 86 Notarías, aunque, a la luz de nuevas denuncias, ahora resulta que por lo menos 100 están ya en operación, según aparece en sendos anuncios de Cancún y Playa del Carmen, respectivamente, 4 de las nuevas con la siguiente leyenda:
En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 34 de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, comunico mi designación como Notario Público titular de la Notaría Pública número 96 del Estado de Quintana Roo, con residencia en la ciudad de Cancún y adscripción territorial en el municipio de Benito Juárez a partir del día 7 de junio. Atentamente: Lic. Armando Rodolfo Rincón Ruiz. Notario Público número 96.
Leyendas similares se detectaron para la Notaría Pública número 91, con residencia en a (sic) ciudad de Playa del Carmen y adscripción territorial en el municipio de Solidaridad, con efectividad a partir del 10 de junio, y en beneficio del Lic. Javier Jesús Cárdenas Rivero.
-Notaría Pública número 99, con residencia en Cancún, efectivo a partir del día 7 de junio, en beneficio del Lic. Juan Manuel González López, y Notaría Pública número 100, con residencia en Cancún, efectivo a partir del día 07 de junio, para el Lic. Marco Antonio Valenzuela Villalpando.
No cabe duda que ardua tarea espera al gobernador electo, Carlos Joaquín González, para quien parecen no acabarse los problemas con su antecesor, quien, según denuncia de ayer, planea nuevas estrategias de impunidad en el Congreso del Estado, ahora con la creación de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo para calificar la inhabilitación de funcionarios.
¡Se sigue echando tierra encima Roberto Borge!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco residente desde hace 29 años en Chetumal, Quintana Roo, y más de 39 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.

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