CAPA: Borge, el hampón del agua

Por: Luis Angel Cabañas Basulto*

Entre sus tantas cajas chicas, a Roberto Borge le exponen una de las que mas ha saqueado, 6 años de exprimir el erario público.

Otra “caja chica” del Gobierno del Estado, principalmente para el financiamiento de las campañas del PRI, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) atraviesa por una de las peores crisis de su historia como una empresa política que, con una de las tarifas más elevadas del país, sólo sobrevive prácticamente para el sostenimiento de fuentes de empleo y una pesada burocracia.

A unos meses de cumplir 41 años de creada, la empresa-dependencia también ha servido para el pago de favores del gobernante en turno o de apoyo a la promoción de imagen política de otros, como lo fue el caso del ahora titular de la Secretaría de Educación y Cultura, José Alberto Alonso Ovando, a quien el gobernador Roberto Borge nombró titular pese a que apenas había rendido protesta como diputado local.

Hoy a cargo de Gustavo Guerrero Ortiz, a quien no se le puede cargar toda la responsabilidad de heredar un servicio que se hunde cada día más, la Comisión se ha convertido en pesado lastre para un Roberto Borge cuyos aparentes planes incluyen privatizarla en favor de la empresa Aguakán tras el escándalo del mandatario con la documentada “desaparición” de más de mil millones de pesos.

No obstante, la relación Gobierno-Aguakán se remonta formalmente a 1993, cuando el entonces poderoso gobernador Mario Villanueva Madrid otorgó la concesión del servicio en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC).

Actualmente, según la revista Luces del Siglo, Aguakán forma parte del corporativo Bal–Ondeo, conformado por Corporativo Peñoles, propiedad del empresario Alberto Baillérez González, considerado el segundo hombre más rico de México y principal accionista del Palacio de Hierro y Seguros GNP.

Según publicamos en nuestro segundo libro “Mario Villanueva Madrid, Crónica de… ¿una venganza?, tras la fuga del mandatario de Quintana Roo, la ex funcionaria-periodista Isabel Arvide afirmaría en un artículo que publicó el domingo 6 de enero de 2001 en Milenio que se habría entrevistado desde la clandestinidad con aquél, al que primero consideraría su amigo, y luego delincuente común.

Según ella, en relación con el origen de sus “sospechosos” recursos, el ex mandatario habría reconocido haber recibido 2 millones de pesos por la concesión de Aguakán, aunque también se insistiría en que “Grupo Posadas” le habría entregado millones de dólares por una serie de concesiones, y una firma embotelladora de refrescos habría pagado millones para ingresar a Quintana Roo, al igual que una firma cervecera.

A 23 años de aquel primer contacto, ahora resulta que, según documenta Noticaribe “con los pelos de la burra en la mano”, en tan sólo 38 días y a cambio de 1,055 millones de pesos, Roberto Borge vendió a DHC el futuro de tres municipios, aunque, año y medio después de esa operación, no existen pistas del dinero, y el cuestionado mandatario, como es su costumbre, sigue sin decir “esta boca es mía”.

Exhibiendo los papeles de Aguakán y Roberto Borge, el mencionado portal informativo demuestra que el mandatario sólo necesitó dos días para darse cuenta que se trataba de un gran negocio, con dinero fácil y rápido, para avalar la ampliación de la concesión del servicio en Isla Mujeres y Cancún, así como la privatización en Solidaridad, todo a favor de DHC, mejor conocida como Aguakán, subsidiarias de Grupo Mexicano de Desarrollo.

El término de la concesión será el 2053, cuando Roberto Borge, “si aún está vivo”, dice Noticaribe, esté por cumplir los 74 años de edad.

Para ese efecto, el 10 de noviembre de 2014 Aguakán hizo la millonaria propuesta de pago único inmediato, y el compromiso de pagar anualmente a CAPA mientras dure la concesión, una contraprestación variable por el usufructo en Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad de apenas una fracción de los ingresos por el servicio. Dos días después, Roberto Borge puso en marcha toda su “maquinaria” para aprobar lo que había que aprobar para la concesión.

Entre quienes atestiguaron la privada sesión extraordinaria del consejo consultivo de CAPA, donde se aprobó la concesión se incluyen Roberto Borge y sus secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda (Mauricio Rodríguez Marrufo), Finanzas (Juan Pablo Guillermo) y Gestión Pública (Gonzalo Herrera Castilla), así como su Oficial Mayor, Rosario Ortiz Yeladaqui, y la ex directora de la Comisión, Paula Guadalupe González Cetina.

Asimismo, los 10 alcaldes priístas: Eduardo Espinosa Abuxapqui (OPB), Fredy Marrufo Martín (Cozumel), Mauricio Góngora Escalante (Solidaridad), Paul Carrillo de Cáceres (Benito Juárez), Juan Manuel Parra López (Morelos), Gabriel Carballo Tadeo (Carrillo Puerto), Agapito Magaña (Isla Mujeres), David Balam Chan (Tulum), Luciano Simá Cab (Lázaro Cárdenas) y José Alfredo Contreras Méndez (Bacalar).

Todos aprobaron por unanimidad la operación. Se había escrito la historia. Ninguno le informó nada a nadie. Hoy nadie quiere hablar.

Así, hoy Guerrero Ortiz se cierra a permitir el acceso a la oferta de servicio en cualquiera de sus manifestaciones, tal y como puso de manifiesto al negarse a entregar la validación de un empresario local como proveedor del suministro de agua potable y alcantarillado en lugar de CAPA en los proyectos que construya en el Estado.

Según el afectado, Sergio Zapata Vales, el 10 de mayo habría recibido de Roberto Borge la validación para operar a través de la empresa “Más allá de tus expectativas”, pero el director general de CAPA se ha negado a entregarla, pese a contar con una concesión federal de la Comisión Nacional del Agua, que le faculta aprovechar y explotar el agua potable, que sólo el Estado, a través de CAPA, le debe entregar esa validación como proveedor.

Aunque poco difundido, su empresa trabajan bajo de sistema de ósmosis inversa que exige la Comisión para entregar agua de calidad, para lo cual dos fraccionamientos de Chetumal cuentan con la: Andara y La Conquista II.

Para ese efecto, Zapata Vales dice no vender el agua, sino el costo del tratamiento, a efecto de que el consumo pueda ser directo de las llaves y evitar la compra de agua purificada y el pago adicional a CAPA, cuyo líquido, denunció, carece de la Norma Oficial Mexicana 127, pero no hace nada para apoyar a empresas con una mejor calidad.
En este sentido, opinó que los chetumaleños consumen agua demasiada dura, quizá contaminada, por lo cual pidió un estudio de calidad al laboratorio “ABC Analítica”, certificado por la Asociación Mexicana de Acreditación, cuyos resultados entregará en 12 días.

Hasta ahí las cosas, la CONCESIÓN, en este caso del servicio de agua potable, conforme a Economía y Derecho administrativo, es el otorgamiento de un derecho de explotación de bienes o servicios por tiempo determinado, por parte de un gobierno o empresa, a otra empresa, generalmente privada.

Conforme al espíritu legal, el gobierno entrega la concesión por carecer de experiencia o recursos para operarla, tal y como ocurre con las patentes de placas de taxi o Notarías, por ejemplo, con la condición de que el beneficiario sólo cuente con UNA CONCESIÓN, que el servicio no lo TRANSFIERA ni VENDA y que ofrezca un servicio de CALIDAD.
El gobernador electo Carlos Joaquín González deberá exigir a su área Jurídica un análisis profundo del tema, ya que CUALQUIER concesión que no cumpla con esas condiciones está legalmente sujeta al proceso llamado de REVERSIÓN, con la que el beneficiado pierde la concesión sin alguna responsabilidad para el Estado, pero SÍ con el pago de daños o perjuicios al afectado o afectados.

En fin, todo un caso “para la araña”, pero con una SOLUCIÓN que, como en el caso de CAPA y la desviación de recursos del gobernador Roberto Borge, ¡incluye CÁRCEL! Ojalá ni se le ocurra la CONCERTACESIÓN, que bien conoce uno de sus aliados, el PAN.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, periodista residente en Chetumal, Quintana Roo, desde hace 29 años, con más de 39 años como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, ha sido Jefe de Información de dos gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado cuatro libros.