Por: Jorge Ramos*
Cerca de Miami, en un cuarto piso, huele a corrupción. Otra vez se refuerza la percepción de que la familia presidencial mexicana se beneficia de su posición. La historia se repite. Y todo comenzó con reporteros haciendo su trabajo.
Un reportaje de José Luis Montenegro y Julio Roa de The Guardian asegura que un empresario mexicano, Ricardo Pierdant, le presta su apartamento en Cayo Vizcaíno a la familia presidencial. El apartamento en cuestión, 404, queda exactamente arriba del número 304 que la primera dama, Angélica Rivera, compró en el 2005. Ambos condominios, según el reportaje, se administran como si fuera uno solo, y comparten el mismo número de teléfono.
Pero hay más. Pierdant, a través de la compañía Biscayne Ocean Holdings, pagó $29,703 de impuestos prediales del año 2013 del apartamento de Rivera, dice The Guardian. En ese momento Peña Nieto ya era presidente de México.
El periodista Gerardo Reyes de Univisión Investiga informa que Ricardo Pierdant y Peña Nieto se conocen hace mucho – antes, incluso, de su matrimonio con Angélica Rivera. Ellos fueron compañeros en la Universidad Panamericana. Peña Nieto no puede decir que no sabía del apartamento.
¿Qué esperaba ganar el empresario a cambio de prestar su propiedad de 2 millones de dólares y pagar impuestos de la primera dama? No lo sabemos. Pero el diario británico asegura que la empresa de Pierdant (Grupo Pierdant) es un «contratista potencial» para construir puertos en México y «se espera que concurse por lucrativos contratos gubernamentales.»
La presidencia de México, a través de un comunicado, dijo que The Guardian, «faltó a la verdad» y que se trata de una «especulación» decir que Pierdant es un contratista potencial. Pero no negó lo esencial del reportaje.
Es muy preocupante que un empresario, con operaciones en Estados Unidos y en México, pague impuestos de la familia presidencial y les preste un apartamento de lujo. Más allá del problema de percepción, se trata de un gravísimo error de juicio. ¿Quién asesora al presidente de México sobre cuestiones de imagen y corrupción?
Menos mal que, en este caso, el gobierno no podrá presionar para que despidan a los reporteros de The Guardian (como hicieron antes con Carmen Aristegui y su equipo). Pero lo más lamentable es que el presidente y su esposa no aprenden. El ejemplo que dan es fatal. ¿Qué pasaría si todos los funcionarios públicos aceptaran favores como el presidente y su esposa?
Además, hay una cuestión legal. ¿Violaron el presidente y su esposa la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos? En el artículo 88 la ley prohíbe recibir dinero, donaciones o servicios. Y en el artículo 89 establece que un funcionario público – como el presidente – debe informar de «obsequios, donativos o beneficios en general». ¿Lo hizo? Por eso hay que investigar. Sin embargo, es poco probable que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se estrene con el presidente.
Hace poco Peña Nieto pidió perdón por la llamada Casa Blanca mexicana, valuada en 7 millones de dólares, y que su esposa compró a un importante contratista del gobierno. Realizaron una falsa investigación oficial – encargada a un subalterno – y dijeron no haber violado la ley. Pero el golpe a su reputación fue terrible. O eso creíamos.
Después de pedir perdón, la pareja presidencial debió haber arreglado todos sus asuntos y evitar otro conflicto ético. No fue así.
Luego del escándalo de la Casa Blanca, Rivera fue obligada a regresar la propiedad. Tras este nuevo escándalo, lo menos que pueden hacer ella y su esposo es desalojar el apartamento y reembolsar los impuestos. Pero ya me sé el cuento. Dirán que no hay nada ilegal en lo que hicieron y la vida seguirá igual.
Lo más triste es que uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido México será recordado no por grandes obras o ideas sino por la frivolidad de tratar de beneficiar a su familia con otra casa y otro apartamento.
Qué presidente tan pequeño. No es el líder que México necesitaba en estos momentos.
