Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, informó que ya avisaron a los gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, Roberto Borge, Javier y César Duarte, sobre el inicio de su proceso en contra, el cual podría derivar en su expulsión de las filas del tricolor.
Asimismo, Elías Calles informó que la comisión que preside también admitió una solicitud contra el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien fue vinculado a proceso por uso indebido de funciones.
Luego de haber aceptado la solicitud de expulsión de estos cuatro políticos por presuntos actos de corrupción, la Comisión partidista pidió a los órganos estatales pruebas sobre los señalamientos en contra de ellos, según el diario Reforma.
“Se les pide recabar pruebas porque (el proceso) exige que presenten las pruebas. Las pruebas (de la denuncia) son las que le acompañan a la prensa, y le requerimos a cada Estado que nos informe”, indicó.
Detalló que hasta el momento las acusaciones se sustentan con trabajos periodísticos.
Los procedimientos son a raíz de denuncias presentadas por el consejero político nacional Armando Barajas, en las que pidió la suspensión de sus derechos como militantes y, en su caso, la expulsión de los cuatro priistas.
Sin precisar un plazo, señaló que, una vez que reciban la información, los mandatarios y Medina serán citados a una audiencia para que respondan a los alegatos en su contra, tras lo cual los siete miembros de la Comisión tomarán una decisión.
“Les tenemos que notificar que han sido denunciados y, como tenemos la obligación de darles el derecho de audiencia, estamos en proceso para entonces fijarles en su caso para que ellos puedan alegar lo que a su derecho convenga”, explicó.
En el caso de los gobernadores, la solicitud se basa en anomalías en sus gestiones, las cuales están por concluir, y denuncias interpuestas por la propia Auditoría Superior de la Federación.
Los estatutos del PRI y su Código de Justicia Partidaria establecen, entre las causales de expulsión, cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas.
Para el caso de Medina, por estar sujeto a proceso, el Código señala que podría determinarse la suspensión temporal de sus derechos como militante en tanto se dicte una resolución definitiva.
