Por Enrique Huerta
Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, director ejecutivo de la aerolínea VIP SAESA, será llamar a comparecer al Congreso, para que explique los viajes pagados con recursos públicos de altos funcionarios del gobierno estatal, miembros de la cúpula del PRI, así como de sus familiares, informó el diputado local Emiliano Ramos.
Esto luego de la comparecencia del secretario de Finanzas estatal, Juan Pablo Guillermo, quien fue cuestionado por la Comisión de Hacienda del Congreso estatal sobre dichos servicios de la empresa al ser miembro de la junta directiva de esta empresa -funge como tesorero- y al no obtener respuestas por no llevar consigo los datos aquel día, por lo que se comprometió a hacer llegar la información a los legisladores.
Ese día, el encargado de las finanzas del estado sólo refirió que VIP SAESA cuenta con tres aviones -Seneca, Navajo y Cirrus- y que recibe un presupuesto de 200 millones de pesos, además de que no sólo traslada funcionarios públicos, sino que también presta el servicio para el traslado de reos y otras tareas de seguridad.
“(Por ello) acordamos ante el pleno a comparecer a otros funcionarios, entre ellos al director de VIP SAESA, el 28 de septiembre, a Carlos Alberto Acosta Gutiérrez”, explicó Ramos, quien preside la Comisión de Hacienda del Congreso.
El perredista detalló que en esa comparecencia se le cuestionará al ejecutivo sobre los ingresos y egresos de la empresa, la lista de proveedores, qué aviones han prestado servicio al gobierno estatal, así como la lista de quienes hayan usado este servicio, ya sean funcionarios y particulares.
Hace unos días, Televisa dio a conocer en un reportaje que durante el sexenio de Roberto Borge se invirtieron más de mil millones de pesos en VIP SAESA para que más de 60 altos funcionarios del gobierno estatal y del PRI usen los servicios de esta aerolínea.
Ese trabajo periodístico reveló que anualmente el gobierno de Roberto Borge le inyecta fuertes sumas de dinero, a pesar del saldo negativo de esta empresa, que se define como paraestatal. Tan sólo para este año, le autorizaron 246 millones, a pesar de que en 2015 registró un déficit de 16 millones de pesos.
