(La opinión de Q.roo).- Se trata de irregularidades con fondos federales que detecta la ASF, pero deben investigar autoridades locales
Corresponden a las cuentas públicas 2011 y 2012 del Gobierno, y todas se quedaron sin responsable porque prescribieron
Se entiende, entonces, porqué gran parte de las causas por hechos de corrupción que salen en la prensa, luego no generan ningún efecto en la funcionarios
Hugo Martoccia
Hay historias que dejan en claro el porqué de la impunidad en Mexico. Esta es una de ellas.
El Gobierno de Roberto Borge dejó que 53 investigaciones contra diversos funcionarios públicos de la propia administración, promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) prescribieran por el paso del tiempo, y de ese modo todas esas irregularidades quedaron impunes.
De acuerdo al último Informe que presentó la ASF, con corte al 31 de marzo pasado, la gran mayoría de las denominadas Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) que emitió las ASF por diversas irregularidades, quedarán impunes porque han prescrito.
Se trata de 29 PRAS emitidas sobre la Cuenta Pública 2011, y otras 24 sobre la Cuenta Pública 2012, y todas tienen que ver con diversas irregularidades en el manejo de fondos y programas federales.
En todos los casos se lee una leyenda similar a esta:
“El coordinador general de responsabilidades y situación patrimonial de la Secretaria de la Gestión Pública del Gobierno del estado de Quintana Roo, resolvió la prescripción de esa facultad sancionatoria, por lo que en consecuencia se abstuvo de iniciar procedimiento alguno”.
Todas esas respuestas a la ASF fueron emitidas durante el Gobierno de Roberto Borge, y con ellas se terminaron las investigaciones.
Como se puede observar, se trata de irregularidades que la ASF detecta, pero que pide que sea el propio estado el que investigue. Un contrasentido que explica porqué nunca hay culpables.
Y no se trata de hechos menores. Acá va una lista de las principales irregularidades que la ASF detectó, y que luego prescribieron:
* pagaron conceptos extraordinarios sin justificación
adquisición de materiales sin presentar facturas
números no claros en seis obras del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas
diferencias entre registros contables y gastos reales
mala aplicación de recursos en diversos fondos
no presentaron bitácoras de obras
compra directas de bienes o insumos, y adjudicaciones directas, sin justificación
compras directas de medicamentos no solicitados, y caducidad de medicamentos
mal manejo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
no surtir de medicamentos y material a los centros de salud
mal uso del Seguro popular
A esa misma lista se le puede sumar irregularidades con fondos de Seguridad Pública. Por ejemplo, no entregaron 8 piezas para radios encriptados, y 115 piezas de equipos de informática que impidieron el correcto funcionamiento de esos aparatos.
También, hubo mal uso del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, y reprogramación del uso de recursos federales sin justificación.
En uno de esos casos hay montos concretos. 5.8 millones de pesos que se utilizaron de manera irregular, pero al prescribir la investigación, nadie dará cuenta de ellos.
LA SIMULACIÓN
La razón de esto es muy simple. Hace algunos años, la ASF buscó la colaboración de los organismos de fiscalización locales, para extender y profundizar sus fiscalizaciones.
En los informes de la Cuenta Pública 2015, la ASF explica sus motivos:
“En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales”.
El objetivo es “incrementar la cobertura en la revisión del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría”.
A raíz de los resultados, se puede decir que la idea fue inocente o perversa, una de dos.
En México no existe un órgano de control estatal que no dependa, en mayor o menor medida, del gobernador. Por lo cual las investigaciones tiene el destino inevitable de prescribir.
Incluso, en el caso de que se le dé cauce a la investigación, a la larga se declara su improcedencia, como sucedió en las mencionadas Cuentas Públicas en cuatro diversas PRAS para los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Othon Pompeyo Blanco.
La leyenda que se utilizó para quitar responsabilidades en esos casos dice que “los actos u omisiones desplegados por ellos no se consideran graves”, porque no se presume “que se hayan realizado con dolo o que pudieran haber actuado de mala fe”.
O sea, aquí no ha pasado nada.
Actualmente, quedan solo dos PRAS abiertas la Cuenta Pública 2012, y otras 35 de la Cuenta Pública 2014, que aún están en proceso de revisión.
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