(Sin embargo).- La SCJN decidió atraer el caso del Malecón Tajamar. La decisión que tome el máximo tribunal de este país respecto al caso del área natural que fue devastada hace más de un año en Cancún, Quintana Roo, podría sentar precedente para obligar a las autoridades de todos los niveles a que en los proyectos urbanos respeten el derecho humanos a contar con un ambiente sano.
Los magistrados decidieron analizar el amparo promovido por 113 niños en contra del proyecto que pretendía construir un centro comercial y condominios en el manglar.
Vázquez Cavedon, madre de una de las niñas que solicitaron el análisis de la SCJN, señaló que la decisión es un primer paso que llena de “esperanzas” para empoderar a las generaciones más jóvenes en la defensa de los derechos humanos.
Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso del manglar Tajamar, en Quintana Roo. Esta decisión podría sentar un precedente para obligar a las autoridades municipales, estales y federales a que en todo proyecto de urbanización se respete el derecho humano a contar con un ambiente sano, de acuerdo con el abogado defensor del ecosistema.
El pasado 24 de mayo, por unanimidad, el máximo tribunal resolvió atraer el caso del Malecón Tajamar, específicamente el amparo promovido por más de un centenar de niños de Cancún, en 2015, en desacuerdo con la autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que daba luz verde al proyecto.
En la zona de manglares se pretendía construir un centro comercial y condominios. La madrugada del 16 de enero de 2016, más de 70 camiones de volteo, excavadoras y pipas de agua entraron a Tajamar, respaldados por elementos de la Policía municipal y federal.
Alrededor de 20 activistas resguardaban el lugar ante la inminente amenaza de daño al ecosistema. Sin embargo, los policías antimotines cercaron el perímetro con vallas y permanecieron allí por más de 24 horas, hasta terminar de devastar el área. Los ambientalistas acusaron que especies animales fueron enteradas vivas.
Los inconformes con el ataque al ecosistema señalaron al entonces Gobernador Roberto Borge Angulo y a Paul Michell Carrillo de Cáceres, Edil de Benito Juárez, de ser los responsables de dar paso a una construcción de desarrollos inmobiliarios, promovidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Desde noviembre de 2015, el Juzgado Cuarto de Distrito en Cancún aprobó la suspensión definitiva de la construcción, luego de que 113 menores de edad se ampararan en contra de la devastación de la zona de manglar en que sería construido.
El juez que cedió el recurso legal fijó a los niños una fianza cercana a los 21 millones de pesos para compensar los posibles daños y perjuicios a las 23 empresas que buscaban edificar en la zona, monto que no fue pagado. La activistas y ciudadanos presentaron una queja en contra de la decisión
Antonella Vázquez Cavedon, madre de una de las menores amparadas, solicitó en noviembre del año pasado que el caso fuera atraído por el máximo tribunal del país. Viajó a la Ciudad de México para entregar una carta a los distintos ministros de la Suprema Corte en la que argumentaba que “Ellos [los niños] no son el futuro, sino son el presente; ya sea en situaciones relacionadas con su derecho al medio ambiente sano o cualquiera de sus otros derechos, es de suma importancia, transcendencia y relevancia nacional que ustedes les brinden la certeza legal que tendrán ese acceso a la justicia y si es necesario se establezcan los lineamientos que se deben seguir para que esto suceda”.
Fue apenas en días pasados cuando cuatro ministros votaron a favor de atraer el caso: José Fernando Franco González, Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora y Javier Laynez Potisek. Margarita Luna Ramos decidió abstenerse.
Jonathan Pineda Castro, abogado que ha apoyado en el caso, señaló que los tribunales del Poder Judicial de la Federación establecidos en Quintana Roo actuaron con “falta de equidad, de justicia y de respeto a los derechos humanos e incluso violaciones a los derechos de los menores.
Por ello, celebró que la SCJN haya decidido atraer el caso: “Resultamos beneficiados con certeza jurídica porque contamos con un tribunal imparcial”, dijo.
Asimismo, agregó que los menores cancunenses “desafortunadamente” se encontraron con jueces “temerosos, con paradigmas y dogmas muy arraigados” que no consideraron que existen principios con interés superior del menor y lamentó que en el estado no se cuente con magistrados y jueces de Distrito con “sapiencia, madurez y prudencia” para velar por la protección de los derechos de los niños.
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