(Política exterior).- La libertad de expresión en México bien podría ser una tragedia del universo de Juan Rulfo. Como en la obra del centenario escritor mexicano, la violencia, la impunidad, la precariedad, el silencio, el barroquismo y la desconfianza se entrelazan para formar las condiciones en las que sobrevive este derecho en el país.
El punto de partida, la violencia contra la prensa. Dos semanas después del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 15 de mayo, a Javier Valdez Cárdenas y Jonathan Rodríguez, ambos periodistas, los asesinaron en sucesos diferentes. Además, desde el 18 de mayo no se conoce el paradero de otro periodista, Salvador Adame. Valdez Cárdenas y Rodríguez son los últimos dos de seis periodistas asesinados en los cinco primeros meses de 2017, dos de los 33 asesinados durante la administración de Enrique Peña Nieto, dos de los 106 asesinatos registrados por ARTÍCULO 19 desde 2000. Adame es el periodista número 24 que desaparece en México desde 2003.
Luego, la impunidad de las agresiones. Riodoce, el medio que fundó Valdez, fue atacado tres veces anteriormente: en 2009 fueron atacados las instalaciones con una granada; en 2011, el sitio web sufrió un ataque cibernético, y el 19 de febrero de 2017 todas las ediciones del impreso fueron secuestradas –que no compradas– por los hijos del Chapo Guzmán. En ningún caso hubo sanción. La impunidad no solo aceita la violencia, la promueve: a la fecha, prácticamente todos los delitos cometidos contra periodistas han quedado sin sanción ni responsabilidad alguna asignada.
Sigue la precariedad laboral del periodismo. Las organizaciones y medios de comunicación poco se han responsabilizado en mejorar el entorno laboral (bajos salarios, nulas prestaciones, desprotección social, ausencia de medidas de mitigación y manejo de riesgo) de sus periodistas, y en el gremio sobran muestras de la indiferencia por la violencia a la que se enfrentan.
Después, el silencio. Son varias las regiones de México en las que grupos criminales han tomado control de las redacciones de medios, decidiendo qué se comunica. Por otra parte, los gobiernos censuran nombres y temas, a través de la presión financiera que ejercen sus convenios de publicidad oficial. En estas zonas, “áreas de silencio” como las describe el Informe anual 2016 de ARTÍCULO 19, se han debilitado los lazos entre los comunicadores y la sociedad, abonando a la desprotección de los primeros.
Más adelante, el barroquismo –o churrigueresco, un estilo más mexicano– de las respuestas formuladas por la administración de Peña Nieto. Dos días después del asesinato de Valdez, en un evento marcado por la ausencia de periodistas o representantes de sociedad civil en la mesa, la cabeza del gobierno federal y de los 32 estatales enlistaron fiscales, mecanismos, dependencias, planes, acciones, todos ya existentes, como las “acciones concretas” y “extraordinarias” que tomarían para frenar la violencia contra la prensa. Se equivocaron, sin embargo, en el origen del diagnóstico presentado: la violencia no viene solo de los grupos criminales, los servidores públicos fueron responsables en más de la mitad de las agresiones contra periodistas registradas por ARTÍCULO 19 durante 2016. Además, las condiciones aquí enlistadas se han entrelazado durante, cuando menos, los últimos siete años, por lo que sorprende aún más la aparente novedad que imprimió el gobierno en su mensaje.
Y terminando, la desconfianza hacia el gobierno. Muy por el contrario a la petición presidencial, el mensaje no generó esperanza ni tranquilidad, pero sí incrementó la incertidumbre y desconfianza en las acciones de gobierno, tanto en periodistas como en organizaciones civiles. Recientemente, las diez organizaciones civiles que acompañan la Open Government Partnership (OGP o Alianza por el Gobierno Abierto) en México –entre las cuales está presente ARTÍCULO 19– hicieron pública su renuncia unánime al proceso de colaboración con el gobierno mexicano en la construcción de políticas de apertura gubernamental. Las razones detrás de la decisión son el espionaje por parte del gobierno mexicano sobre defensores de derechos humanos y el incremento de las agresiones a la libertad de prensa. La renuncia se acompañó con el inicio de un expediente contra el gobierno mexicano que será enviado al Comité Directivo de la OGP. De proceder este mecanismo, México sería el segundo país de la Alianza que pasaría a ser escrutado, después de que Azerbaiyán fuera examinado y expulsado en mayo de 2016.
Tal como los paisajes y escenas de Rulfo, la libertad de expresión en México parece estar condenada a un estado árido, de abandono y olvido, con las autoridades desmoronándose como piedras. Pero, al igual que los murmullos de vivos y muertos no cesan en la obra rulfiana, son muchas voces en México las que resisten, aferrándose a sus libertades, respondiendo, como Javier Valdez Cárdenas lo hizo, con un no al silencio.
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