El juzgado Cuarto de Distrito negó el amparo a la madre de Roberto Borge, Yolanda Angulo, al igual que a varios prestanombres. Los beneficiados del ex gobernador, así como su madre y el propio Borge, preso en Panamá contrataron al polémico abogado Juan Collado, quien fuera defensor de Raúl Salinas de Gortari para tramitar amparos contra la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita o de Alteracion y Falsificación de Moneda. Ayer, la periodista Faviola Cortez Miranda publicó en su portal Noticaribe News que la madre del gobernador Roberto Borge Angulo, María Rosa Yolanda Angulo Castilla; su amigo y socio, Edgar M.M.M; Santiago Samuel Jiménez Moreno, uno de los principales beneficiados con predios rematados, además de empresas como Caveri Servicios Inmobiliarios, SA de CV; Inmobiliaria Edme SA de CV, y Desarrollo de Xcacel y Protección de la Tortuga SA de CV, han tramitado amparos en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) para tratar de recuperar los predios que la dependencia aseguró en febrero pasado.
La mayoría de los juicios de amparo se están llevando en el Juzgado Cuarto de Distrito, con residencia en Cancún, en la que se señala como autoridad responsable a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
Sin embargo la resolución de hoy fue que este grupo borgista perdió los amparos. “Como se recordará, en febrero pasado, la PGR realizó el aseguramiento precautorio de los terrenos propiedad del estado que durante la administración de Roberto Borge Angulo fueron rematados y entregados a familiares y amigos, algunos denunciados como presuntos prestanombres del ex mandatario”, escribió la periodista.
A María Rosa Yolanda Angulo la PGR le aseguró cuatro predios, uno de 4,432 m2, otro de 44,421 m2, uno más de 47,638 m2 y uno de 111,763 m2, ubicados en la Isla de Cozumel, algunos con una amplia zona de playa.
A Edgar M.M.M, la PGR le aseguró seis predios, uno de éstos de 395 hectáreas, ubicado en Bacalar y por el cual pagó poco más de 5 millones de pesos. Se trata de lo que fue el rancho lechero Ubre Blanca, una de las empresas estatales más exitosas en la época del entonces gobernador Mario Villanueva, y que se encargaba de proveer de lácteos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Entre los solicitantes de amparos se encuentra Santiago Samuel Jiménez Moreno, socio de Ricardo Vega Serrador, el zar de las gasolineras en la Península de Yucatán, a quien la PGR le aseguró diez predios, además de los de la empresa Caveri Servicios Inmobiliarios, SA de CV, también de los mismos.
Aún deberán pasar varios meses antes de que los amparos se resuelvan.
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